El juez Peinado archiva la causa contra la alto cargo de Moncloa en el caso Begoña.
El instructor, tras tomarla declaración, ha acordado el sobreseimiento libre para la secretaria general de Presidencia, Judit González.

El juez Juan Carlos Peinado.
El juez Juan Carlos Peinado acordó la citación de la secretaria general de la Presidencia, Judit González, para este domingo.
Una fecha inusual, habida cuenta de que estaba prevista para el pasado miércoles, fecha en la que su abogado no podía asistir al coincidirle otro juicio.
Tras responder a las preguntas del instructor y de su letrado, el magistrado ha acordado archivar la investigación contra la trabajadora del Gobierno, tras su primera comparecencia como investigada por la contratación y el desempeño de las funciones de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Según trasladan fuentes jurídicas, el magistrado ha adoptado tal decisión después de que González se desmarcara por completo de las acusaciones en su contra al responder a las preguntas de su abogado y del propio juez Peinado, quien previamente informó de la causa y le trasladó los hechos que se le imputaban, sobre quien pesaba un delito de malversación de caudales públicos.
El instructor expuso en el auto de imputación que citaba a González como investigada porque consideraba que pudo incurrir en delito de malversación, pero en la “modalidad de comisión por omisión”.
El togado entendió que la secretaria general de Presidencia no evitó que Álvarez realizase labores de carácter privado para Begoña Gómez.
En una de las ramas del procedimiento, Peinado investiga si se incurrió en un desvío de dinero público en la designación de Álvarez como asesora de Moncloa y si ésta, a su vez, desempeñaba funciones a título privado para la esposa del presidente del Gobierno en el marco de sus trabajos en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
González era la quinta persona que se interrogaba en dicha causa, junto a la propia Gómez, Francisco Martín Aguirre – su predecesor hasta marzo de 2023 y actual delegado del Gobierno en Madrid -, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Este domingo, sin embargo, tras tomar declaración a la secretaria general de Presidencia, el togado ha decretado el sobreseimiento libre.
Cita inusual.
Peinado decidió escuchar a diversos testigos este domingo, después de que uno de los letrados del caso solicitara un aplazamiento de la citación inicial – agendada para el pasado miércoles – al coincidirle con otro proceso y no hubiera podido asistir.
Así, Peinado reorganizó su agenda para centralizar en este domingo todas las declaraciones que quedaron en el aire.
González fue de las primeras en dar su testimonio ante el instructor.
Lo hizo pasadas las seis de la tarde y tras aproximadamente media de hora, el magistrado decretó el archivo en el mismo momento.
El juez barajaba la hipótesis de que la asistente de la esposa del presidente se extralimitó en sus funciones como cargo público al ayudar a Gómez en su actividad privada.
A preguntas de la Fiscalía, las defensas y el propio juez, así como el abogado de Cristina Álvarez, Judit González puntualizó que la asistenta de la mujer de Sánchez no depende directamente de ella.
Argumento que a Peinado le pareció un motivo de suficiente peso como decretar el sobreseimiento libre.
Peinado instruye la causa contra Gómez desde el mes de abril de 2024 y aún mantiene a la esposa del jefe del Ejecutivo como imputada por cinco delitos – tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo profesional y malversación -.
Una causa en la que también figura como investigado el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
Aunque tras la testifical de González, restaban otros tres testigos citados este domingo y que ya declararon en la causa en su momento: el ex vicerrector de la UCM, Juan Carlos Doadrio; el presidente del Instituto de Empresa, Diego de Alcázar, y el responsable institucional de Google, Miguel Escassi.
De Alcázar, que ha respondido a las preguntas de la acusación popular ejercida por Hazte Oír, ha reiterado que desde el Instituto de Empresa no se mantuvo ningún intercambio de correos electrónicos con la asesora de Begoña Gómez durante el periodo en el que la esposa del presidente del Gobierno dirigió el África Center, dependiente del IE.
Según las fuentes consultadas, el testigo ha confirmado la versión que ya ofreció hace un año ante el juez, cuando explicó que la contratación de Begoña Gómez respondió a que contaba con un perfil profesional adecuado para el puesto.
En esta ocasión, la acusación popular trató de volver a interrogarle sobre ese punto, pero el magistrado interrumpió el turno de preguntas para recordar que ese aspecto ya había sido aclarado previamente.
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