Mentiras y omisiones de la fiscal Lastra. Capítulo I: las residencias de Ayuso.

 

 

 

Almudena Lastra, muy dura con el fiscal general del Estado, sigue sin responder preguntas de 2022 sobre los protocolos de la vergüenza.

 

 

 

 

 

 

El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la posible filtración del correo que demostraba que el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, intentó alcanzar un acuerdo con la Fiscalía para evitar la cárcel, quedaba la semana pasada visto para sentencia.

 

 

 

En el transcurso de las declaraciones en el Tribunal Supremo destacaron, entre otras, la de Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid que se ha alineado con rostros de la derecha como la propia lideresa regional en lo que concierne a los protocolos de la vergüenza, que evitaron la derivación de personas mayores durante la pandemia del Covid a hospitales para recibir la atención médica oportuna.

 

 

 

Exculpó a la presidenta regional de su gestión de los centros de mayores.

 

 

 

La doble vara de medir de la fiscal superior de la capital es bastante evidente, sobre todo si se compara su actitud con los mencionados documentos y se compara con la manera en que respondió en sala judicial la semana pasada.

 

 

 

Manuel Rico, director de Público y profesional que destapó los protocolos recuerda que Lastra cobra como fiscal superior de la Comunidad de Madrid y se retrotrae a la manera en la que actuó por aquel entonces. “Mintió con saña”, destacaba Rico esta misma semana.

 

 

 

Más allá de que hay casi 40 preguntas que el periodista lamenta que Lastra no respondió sobre los documentos que evitaron el traslado a centros hospitalarios, hay tres cuestiones en los que pone el acento: sostiene que el Protocolo del Gobierno de la Comunidad “no funcionó como impedimento”, que los pacientes recibían en los geriátricos “un tratamiento hospitalario similar al que habrían recibido en caso de ser derivados” y que las bajas de personal durante la pandemia “se fueron solventando” con “medidas de diverso índole”. Todo ello es, sencillamente, mentira.

 

 

 

 

Rico envió 38 cuestiones en octubre de 2022 acerca de lo ocurrido en las residencias y la fiscal “no ha tenido tiempo para contestar”.

 

 

“Soy una persona que, cuanta más presión, más despacio voy”, indicó en un juicio Lastra.

 

 

“Escuchar esa frase me llenó de esperanza: quizá no ha respondido aún porque va despacio.

 

 

Toda mi comprensión. A ver si hay suerte y contesta en 2026”, ha apuntado el director de Público.

 

 

Sobre la posible filtración.

 

 

 

Lastra consideró en el Alta Tribunal que la filtración de la denuncia y de los correos electrónicos vulneró la intimidad del compañero sentimental de la baronesa, dañó su derecho a su defensa y la presunción de inocencia, además de afectar a su familia y actividad profesional.

 

 

 

“Creo que no le di ni los buenos días. Le dije ‘¿has filtrado el correo? (…) (Me dijo) ‘Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes.

 

 

Si tú me ordenas que la saque, la damos curso sin más. Y eso es en lo que quedamos, que saldría como nota de la Fiscalía Provincial, porque yo no asumía el contenido de esa nota”.

 

 

 

Al ser preguntada por el abogado de la pareja de la administradora de Sol, Lastra acentuaba que “cualquier información que no supusiese desvelar la estrategia de defensa de un imputado” habría servido para contrarrestar informaciones falsas.

 

 

 

“Con señalar que la información era falsa, que se sigue el procedimiento de siempre y que no había instrucciones sobre una propuesta de conformidad bastaba (…) No sabía que decir si se habían reconocido o no los hechos.

 

 

No es nuestro papel desvelar la estrategia de defensa de nadie”, defendía

 

 

 

Manteniendo la senda, la fiscal proyectaba que cuando elDiario.es publicó la denuncia firmada por Julián Salto contra González Amador ella no quiso hacer la nota porque el tema afectaba “a la personalidad, no a la familia” y destacaba que González Amador “es un señor particular”.

 

 

 

Trayectoria de Lastra, la fiscal favorita de la derecha.

 

 

 

Lastra es actualmente Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid. Ingresó en la carrera fiscal en 1991, y desde entonces ha estado destinada en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, o la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, entre otros.

 

 

 

Ya entre noviembre de 2003 y marzo de 2007, ejerció como Letrado del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial, donde desempeñó el cargo de Jefe de la Unidad de Atención al Ciudadano.

 

 

 

También ha sido Vocal del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Senado, desde el 23 de septiembre de 2008 al 4 de diciembre de 2013.

 

 

El debate social y la responsabilidad colectiva.

 

 

La gestión de las residencias de mayores durante la pandemia no es solo un asunto judicial o político; es, sobre todo, una cuestión ética y social que interpela a toda la ciudadanía.

 

 

El silencio de la fiscal superior, la actitud del Gobierno regional y la falta de respuestas claras han generado un debate profundo sobre el papel de las instituciones, la protección de los más vulnerables y la necesidad de construir un sistema más justo y transparente.

 

 

 

La controversia sobre los protocolos de la vergüenza y la omisión de Lastra no puede entenderse como un episodio aislado, sino como parte de un proceso más amplio de deterioro institucional y de crisis de confianza.

 

 

La pregunta que surge es inevitable: ¿qué tipo de sociedad queremos construir tras la pandemia? ¿Estamos dispuestos a mirar de frente el dolor de las víctimas y a exigir responsabilidades a quienes tenían el deber de protegerlas?

 

 

 

El caso de Almudena Lastra y las residencias de Ayuso sigue abierto, y la sociedad española tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de participar en el debate, de exigir respuestas y de reclamar justicia.

 

 

¿Crees que la fiscal superior ha actuado con imparcialidad? ¿Consideras que los protocolos de la Comunidad de Madrid fueron adecuados? ¿Piensas que la politización de la justicia pone en riesgo la democracia y la protección de los derechos fundamentales?

 

 

 

Comparte tu opinión, participa en la conversación y ayuda a construir una memoria colectiva basada en la verdad, la justicia y el respeto a los más vulnerables. Porque solo enfrentando el pasado podremos construir un futuro digno y justo para todos.