EL MAYOR ESCÁNDALO SANITARIO DE AYUSO. TODO ESTÁ GRABADO.

 

 

 

 

 

Escándalo sanitario en Madrid: la privatización de la salud pública y el modelo de gestión que pone en riesgo a miles de pacientes.

 

 

 

La Comunidad de Madrid se ha visto sacudida por el mayor escándalo sanitario de la última década.

 

 

El Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, gestionado por la empresa privada Rivera Salud, ha protagonizado una polémica que expone las consecuencias más graves del modelo de privatización progresiva de la sanidad pública.

 

 

Un audio filtrado y publicado en exclusiva por El País revela cómo los responsables del hospital ordenaron rechazar pacientes y limitar intervenciones para maximizar los beneficios empresariales, anteponiendo las cuentas de resultados a la atención médica y el bienestar de los ciudadanos.

 

 

Este escándalo ilustra, con una claridad brutal, el verdadero alcance de la privatización sanitaria que, aunque negada sistemáticamente por el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, avanza de forma silenciosa mientras algunos actores privados obtienen ganancias millonarias.

 

 

 

La grabación del CEO de Rivera Salud, Pablo Gallard, ante más de veinte directivos, desvela la lógica interna del negocio: “La lista de espera determina el nivel de beneficio que tendremos.

 

 

Hay que hacer iteraciones hasta alcanzar un EBITDA de cuatro o cinco millones”.

 

 

En otras palabras, se trata de ajustar la actividad sanitaria para maximizar el margen económico, incluso si ello implica dejar de atender a pacientes que requieren procedimientos costosos.

 

El Hospital de Torrejón, aunque público en su denominación y financiado con fondos estatales, es desde 2011 gestionado por Rivera Salud bajo el modelo de concesión público-privada.

 

 

Este sistema, importado de la Comunidad Valenciana y promovido por Esperanza Aguirre, consiste en entregar la gestión de hospitales públicos a empresas privadas, bajo la promesa de mayor eficiencia y mejor atención.

 

 

Sin embargo, la realidad ha demostrado que este modelo prioriza la rentabilidad empresarial y la reducción de costes sobre la calidad asistencial y el acceso universal.

 

 

El audio filtrado no deja lugar a la interpretación: “Desandemos el camino”, ordena el CEO, instando a revertir los esfuerzos previos para reducir listas de espera y mejorar la atención.

 

 

La consigna es clara: aumentar las listas de espera y limitar la atención para incrementar el beneficio de los accionistas.

 

 

El término “EBITDA” —beneficio antes de impuestos, intereses y amortizaciones— se convierte en el principal indicador de éxito, desplazando a la salud y el bienestar de los pacientes.

 

El impacto de esta lógica empresarial sobre los pacientes es devastador. Cada euro que se deja de invertir en atención médica se traduce en un euro más de beneficio para la empresa gestora.

 

 

Los procedimientos costosos y vitales, como diálisis, cirugías cardíacas o tratamientos para neonatos complejos, son sistemáticamente evitados o retrasados, mientras se priorizan intervenciones más sencillas y rentables, como los partos naturales.

 

 

El hospital se convierte así en un negocio, donde los pacientes son seleccionados en función de su rentabilidad y no de sus necesidades médicas.

 

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reconocido públicamente que no puede asegurar que ningún paciente haya visto retrasada una operación por motivos económicos, ni en Rivera Salud ni en el grupo Quirón, otra empresa privada que gestiona hospitales públicos en Madrid.

 

 

García denuncia que existe una “selección económica de pacientes” y que el flujo incesante de dinero público hacia empresas privadas ha alcanzado niveles alarmantes.

 

 

En los últimos años, el grupo Quirón ha recibido más de 5.000 millones de euros, casi la mitad del presupuesto anual de sanidad de la Comunidad de Madrid.

 

 

El escándalo se agrava con la revelación de que cuatro directivos del hospital fueron despedidos tras denunciar, a través del canal ético de la empresa, las medidas impuestas para limitar la atención y aumentar los beneficios.

 

 

La supuesta auditoría anunciada por Rivera Salud tras la filtración del audio no genera confianza entre los trabajadores ni entre los pacientes, que temen represalias y falta de transparencia.

 

 

La gestión privada de hospitales públicos en Madrid es, según la ministra García, una “parasitación público-privada” promovida por el Partido Popular y por la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

 

 

El modelo, conocido como “modelo Alcira” en Valencia y replicado en Madrid por el grupo Rivera, se basa en la desviación de pacientes y recursos de la sanidad pública hacia empresas privadas, con la connivencia de la Consejería de Salud y del propio Gobierno regional.

 

 

 

Las memorias oficiales de la Comunidad de Madrid confirman un flujo constante de pacientes y dinero de la pública a la privada, mientras los hospitales públicos ven aumentar sus listas de espera y reducir su capacidad operativa.

 

 

Los procesos más costosos y menos rentables son derivados a la pública, mientras la privada se queda con los procedimientos más sencillos y lucrativos, cobrando tarifas que triplican el coste en los hospitales públicos.

 

 

El caso de Torrejón es solo la punta del iceberg. El mismo modelo se aplica en otros hospitales gestionados por Quirón y Rivera, donde la selección de pacientes y la maximización del beneficio empresarial son prácticas sistemáticas.

 

 

El escándalo pone en evidencia la falta de control y supervisión por parte del Gobierno regional, que ha permitido la consolidación de un sistema donde la salud se convierte en negocio y el acceso universal se ve comprometido.

 

 

La privatización progresiva de la sanidad pública en Madrid plantea interrogantes fundamentales sobre el modelo de gestión y el futuro del sistema.

 

 

¿Debe la sanidad pública ser deficitaria por definición, invirtiendo todos los recursos necesarios para garantizar la atención universal y de calidad? ¿O debe ajustarse a criterios de rentabilidad económica, sacrificando la equidad y el acceso para maximizar los beneficios de empresas privadas?

 

 

La lógica del beneficio empresarial aplicada a la salud pública es, para muchos expertos y ciudadanos, incompatible con los principios de justicia social y solidaridad que deben regir el sistema sanitario.

 

 

La idea de que los hospitales públicos gestionados por empresas privadas deben generar beneficios, en lugar de garantizar la atención a todos los ciudadanos, pone en peligro la esencia misma de la sanidad universal.

 

 

El modelo estadounidense, donde la privatización de la sanidad es la principal causa de quiebra familiar, sirve de advertencia sobre los riesgos de seguir avanzando en esta dirección.

 

 

La experiencia de Madrid demuestra que la privatización no solo no mejora la eficiencia, sino que genera desigualdad, exclusión y sufrimiento, mientras unos pocos se enriquecen con los recursos públicos.

 

La publicación del audio y la cobertura mediática han generado una ola de indignación y movilización social.

 

 

Los usuarios del Hospital de Torrejón, y miles de ciudadanos en toda la Comunidad de Madrid, exigen explicaciones y medidas inmediatas para revertir la situación.

 

 

La valentía de periodistas como Pablo Linde, que han sacado a la luz las prácticas empresariales en la gestión hospitalaria, ha sido fundamental para poner voz a un problema que lleva años gestándose en la sombra.

 

 

Las redes sociales y los canales alternativos de información han jugado un papel clave en la denuncia y en la presión sobre las autoridades.

 

 

La transparencia, la rendición de cuentas y la defensa del sistema público son ahora demandas centrales en el debate político y social, que exige una revisión profunda del modelo de gestión y una apuesta decidida por la sanidad universal.

 

El escándalo de Torrejón ha obligado a Rivera Salud a anunciar una auditoría en profundidad y a apartar temporalmente al CEO de la gestión del hospital.

 

 

Sin embargo, muchos dudan de la eficacia de estas medidas y exigen una intervención directa del Gobierno regional y del Ministerio de Sanidad para garantizar la transparencia y la protección de los pacientes.

 

 

Las organizaciones sindicales, los colectivos de profesionales sanitarios y los movimientos ciudadanos reclaman cambios legislativos que limiten la gestión privada de hospitales públicos y refuercen el control público sobre los recursos y la atención sanitaria.

 

 

La exigencia de listas de espera razonables, la priorización de los procedimientos vitales y la garantía de acceso para todos los ciudadanos son ahora objetivos prioritarios en la agenda política.

 

 

La movilización social, alimentada por la indignación y el miedo a perder derechos fundamentales, puede convertirse en el motor de una reforma profunda del sistema sanitario.

 

 

La experiencia de Madrid sirve de advertencia para otras comunidades autónomas y para el conjunto del Estado, que deben evitar la consolidación de un modelo que antepone el beneficio económico a la salud y el bienestar de la población.

 

El escándalo del Hospital de Torrejón ha puesto de manifiesto los riesgos y las contradicciones del modelo de privatización sanitaria en Madrid.

 

 

La gestión empresarial de hospitales públicos, la selección de pacientes en función de la rentabilidad y la desviación de recursos hacia empresas privadas son prácticas que ponen en peligro el acceso universal y la calidad de la atención.

 

 

La defensa de la sanidad pública, la transparencia y la rendición de cuentas deben ser ahora prioridades absolutas para los responsables políticos y para la sociedad en su conjunto.

 

 

La salud no puede ser un negocio, y la atención médica debe estar garantizada para todos, sin distinción de ingresos ni de condición social.

 

 

El futuro del sistema sanitario español dependerá de la capacidad de los ciudadanos, los profesionales y los políticos para revertir la privatización, fortalecer el control público y garantizar que la sanidad siga siendo un derecho universal y no un privilegio para unos pocos.