El caso de las residencias vuelve a estallar: correos internos, testimonios judiciales y un exconsejero que rompe el silencio

Las grandes crisis políticas casi siempre tienen un punto de conexión con los tribunales. Y esta semana, ese patrón vuelve a cumplirse con fuerza demoledora en la Comunidad de Madrid. El llamado “caso de las residencias”, que investiga la gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la primera ola de la pandemia, ha dado un giro clave tras la filtración de nuevos vídeos, correos internos y la declaración judicial de varios ex altos cargos.

Las acusaciones populares, entre ellas el PSOE, han solicitado formalmente que se incorporen todos los correos electrónicos internos del Gobierno regional a la causa judicial. Correos que, según las partes, demuestran que desde los primeros días de la pandemia el Ejecutivo madrileño sabía perfectamente que las residencias no estaban medicalizadas, que no había personal suficiente y que miles de ancianos enfermos de COVID no iban a ser derivados a hospitales.

En el centro de esta nueva tormenta judicial se encuentra el exdirector de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, uno de los responsables de firmar los protocolos que impedían el traslado de residentes a centros hospitalarios. Sus mensajes internos, publicados ahora por varios medios, contienen una frase que ha causado auténtico impacto:

“No deseo que ninguna autoridad tenga en su conciencia un número importante de fallecimientos evitables”.

Una advertencia enviada apenas dos días después de activarse los protocolos. Dos días después de que empezara a funcionar un sistema que, según las cifras oficiales, terminaría con 7.291 mayores fallecidos en residencias madrileñas.

Los correos que lo cambian todo: “No se pueden medicalizar”

Los correos internos enviados por Carlos Mur y otros responsables sanitarios revelan algo que el Gobierno de Ayuso negó durante años: las residencias no estaban preparadas para atender médicamente a los mayores infectados.

En uno de esos mensajes, Mur reconoce que el modelo diseñado por la Comunidad para atender a los residentes “no estaba funcionando” y que era urgente derivar al mayor número posible de ancianos a hospitales. Sin embargo, los datos oficiales muestran que precisamente ese fin de semana —cuando se envió el correo— se produjo el menor número de derivaciones de toda la pandemia.

Es decir: mientras los técnicos alertaban del colapso, la respuesta política fue exactamente la contraria.

Según las acusaciones, estos correos prueban que el Gobierno regional era plenamente consciente del riesgo y aun así mantuvo activos unos protocolos que, en la práctica, establecían criterios de exclusión hospitalaria por edad, dependencia o discapacidad.

El testimonio judicial que compromete a Ayuso

Esta semana, Carlos Mur declaró en sede judicial que la anunciada medicalización de las residencias “nunca existió”. Una afirmación que contradice frontalmente el discurso que Ayuso mantuvo durante toda la pandemia, cuando aseguró repetidamente que los mayores estaban siendo atendidos en sus propios centros.

Mur reconoció ante el juez que:

No había personal sanitario suficiente.

No se pudo aplicar ningún plan real de medicalización.

Se sabía desde el principio que los residentes estaban en centros sin recursos médicos.

Existían órdenes explícitas que dificultaban o impedían los traslados.

Su declaración ha sido interpretada por las acusaciones como una prueba clave de conocimiento político previo. Es decir, que no se trató de un error técnico, sino de una decisión política consciente.

7.291 muertes y seis años de silencio

Las cifras oficiales hablan de 7.291 personas mayores fallecidas en residencias madrileñas durante la primera ola. Familias que, seis años después, siguen sin saber con certeza cómo murieron sus seres queridos, si fueron atendidos, si sufrieron, si recibieron cuidados dignos.

Muchos certificados de defunción se limitan a la frase: “posible COVID”. Sin informes clínicos. Sin historiales. Sin explicaciones.

Para miles de familiares, el problema no es solo la muerte, sino la opacidad absoluta posterior.

Uno de los testimonios más duros escuchados esta semana en televisión fue el de un hijo de una víctima:

“Mi madre murió en la pandemia y a día de hoy no sabemos cómo murió ni en qué condiciones. Solo queremos saber la verdad. No buscamos venganza. Buscamos respuestas”.

La reacción de Ayuso: insultos a las víctimas

Lejos de mostrar empatía, la reacción de Isabel Díaz Ayuso ante estas revelaciones ha generado una indignación aún mayor. En declaraciones públicas, la presidenta madrileña se refirió a las asociaciones de familiares como:

“La plataforma de frustrados de la izquierda madrileña y activistas mediáticos”.

Una frase que fue recibida como una humillación directa a las víctimas. No solo por el contenido, sino por el contexto: el mismo día en que Ayuso acudía a una misa institucional por otras víctimas, atacaba públicamente a las familias de los mayores fallecidos en residencias.

Para muchos analistas, este doble discurso refleja una estrategia clara: visibilizar unas víctimas y silenciar otras, especialmente aquellas que podrían implicar responsabilidades políticas directas.

Correos, vídeos y una verdad incómoda

Los nuevos documentos revelados incluyen también vídeos de declaraciones antiguas de cargos del Gobierno regional donde se insistía en que:

“Había médicos suficientes”.

“Las residencias estaban atendidas”.

“No hubo discriminación”.

Sin embargo, los correos internos cuentan otra historia: falta de personal, colapso de recursos, decisiones improvisadas y, sobre todo, conocimiento previo de que el sistema no funcionaba.

Uno de los datos más demoledores es que la Comunidad de Madrid disponía en aquel momento de 1.650 médicos y enfermeras, pero:

Solo 100 fueron enviados al hospital de campaña de IFEMA.

250 a hoteles medicalizados.

Casi ninguno a las residencias.

Es decir, se priorizaron dos grandes operaciones de imagen pública —IFEMA y hoteles— mientras miles de mayores morían sin atención médica real.

¿Responsabilidad política o simple negligencia?

La pregunta central que sobrevuela el proceso judicial es clara:
¿Estamos ante una cadena de errores inevitables en una pandemia mundial, o ante una decisión política consciente que sacrificó a un colectivo vulnerable?

Las acusaciones sostienen que existió una responsabilidad política directa, basada en:

Conocimiento previo del colapso.

Mantenimiento de protocolos restrictivos.

Falta de recursos deliberada.

Negativa posterior a investigar.

Ataques sistemáticos a las víctimas.

Por su parte, el Gobierno de Ayuso insiste en que:

Las decisiones fueron técnicas.

No hubo discriminación.

La pandemia desbordó a todas las administraciones.

La responsabilidad era compartida.

Sin embargo, los correos internos, los testimonios judiciales y las cifras de derivaciones apuntan cada vez más a una conclusión incómoda: la Comunidad de Madrid sabía que estaba fallando y aun así no rectificó.

Se estrecha el cerco judicial

Con la incorporación de los nuevos correos y la citación de exconsejeros como Enrique Ruiz Escudero y Ana Dávila, el cerco judicial se estrecha como nunca antes sobre el Ejecutivo madrileño.

Por primera vez, no se trata solo de denuncias mediáticas o testimonios de familiares, sino de pruebas documentales internas que podrían demostrar que:

Se ocultó información relevante.

Se mintió públicamente.

Se priorizó la propaganda sobre la atención sanitaria.

Se aceptó un número elevado de muertes evitables.

La batalla por el relato: política, memoria y dignidad

Seis años después, el caso de las residencias ya no es solo un proceso judicial. Es una batalla por el relato histórico de lo que ocurrió en Madrid durante la pandemia.

Para unos, fue una tragedia inevitable.
Para otros, fue la mayor negligencia institucional de la historia reciente de España.

Lo que resulta indiscutible es que miles de familias siguen esperando lo mismo que al principio:
verdad, justicia y dignidad para quienes murieron solos, sin hospital, sin médicos y sin explicaciones.

Y ahora, con correos filtrados, ex altos cargos declarando y vídeos comprometedores circulando por las redes, una pregunta empieza a resonar con más fuerza que nunca en la política española:

¿Quién tomó realmente la decisión de dejar morir a los mayores en las residencias de Madrid?