La Fiscalía pide 24 años de prisión para el exministro Ábalos por las comisiones en el caso mascarillas

Anticorrupción acusa a Ábalos del delito de organización criminal, con Koldo, a quien pide 19,6 años y Aldama, 7 años

La Fiscalía Anticorrupción pide un total de 24 años de prisión para el exministro de Transportes y José Luis Ábalos, por haber cobrado comisiones a empresas a cambio de darles contratos de compra de mascarillas por la covid-19, según el escrito de acusación al que ha tenido accesos ElNacional.cat este miércoles.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, acusa al exministro socialista de seis delitos y de formar parte de una organización criminal, junto con su asesor Koldo García, para quien pide 19 años y medio de prisión, y el empresario Víctor Aldama para quien pide 7 años de prisión con la atenuante de confesión porque confirmó esta trama corrupta.

Esta causa se instruye en el Tribunal Supremo porque Ábalos no ha dejado el acta de diputado en el Congreso, al ser destituido como ministro el noviembre de 2021 y ser dado de baja en el PSOE, al descubrirse esta trama, con audios de Koldo,      que destapan corrupción y machismo.

Además de las elevadas penas de prisión, el fiscal pide multas de más de 3,9 millones de euros para Ábalos y Koldo García y más de 3,8 millones para Aldama.

 Y solicita que el exministro y su asesor indemnicen solidariamente a las empresas públicas Ineco y Tragsaset con 34.477 euros y 9.500 euros, respectivamente, así como el decomiso de las ganancias provenientes del supuesto cohecho: al menos, 430.298 euros.

En el escrito de acusación, Anticorrupción afirma que  a raíz de su relación de amistad, Ábalos, Koldo y Aldama “pronto vieron  la oportunidad de obtener un común beneficio económico.

Con tal ánimo de enriquecimiento, los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España y también en el partido socialista, este podría favorecer,

naturalmente a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad,

por empresas cuyos intereses captaría y promovería Víctor de Aldama, así como facilitar a este el acceso preferente a la Administración para la realización de las gestiones que precisara”.

Los contratos logrados

Así, el fiscal Luzón afirma que “Ábalos, en connivencia con Koldo García y con Víctor de Aldama, acordó en el contexto de la pandemia del covid-19 la adquisición, a través de dos entes públicos empresariales dependientes del Ministerio de Transportes (Puertos del Estado y ADIF) de sendas partidas de mascarillas,

a cambio de recibir ambos responsables públicos una indebida compensación económica procedente de Víctor de Aldama quien, a su vez, se benefició en términos económicos de las comisiones que le reportaba la realización del mencionado ilícito negocio”.

La empresa Soluciones de Gestión resultó adjudicataria el 2020 del contrato de Puertos del Estado para el suministro de 8.000.000 de mascarillas profilácticas por un valor de 24.200.000 euros. 

Pocos días después, ADIF se adquirió, y bajo idéntico impulso, otros cinco millones de mascarillas más a la empresa Soluciones de Gestión por importe de 12.500.000 euros,  “pese a que, en esa fecha, esta empresa todavía no había entregado las mascarillas contratadas y existían otras ofertas económicamente más ventajosas”, según  la Fiscalía.

El beneficio obtenido por Víctor de Aldama por los contratos adjudicados por Puertos del Estado y ADIF a la referida empresa ascendió a 3.713.981 euros. Hubo más contratos de esta empresa con la administración pública.

Los seis delitos imputados

Los delitos y las penas pedidas  para Ábalos son: por el delito de organización criminal, siete años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para ocupación o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena;

por el delito continuado de soborno, seis años de prisión, multa de veinte meses con una cuota diaria de 300 euros e inhabilitación especial para ocupación o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por diez años; por el delito de uso de información privilegiada, dos años de prisión, multa de 3.713.981 euros, e inhabilitación especial para ocupación o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por cinco años;

por el delito de tráfico de influencias, dos años de prisión, multa de 70.000 euros, e inhabilitación especial para ocupación o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por ocho años; por  otro delito de tráfico de influencias, dos años de prisión, multa de 35.000 euros, y por el delito de malversación,  cinco años de prisión. Los mismos seis delitos se atribuyen a su exasesor pero con penas más bajas.

En el caso de Víctor Aldama, Anticorrupción le pide  cuatro años de prisión por el delito de organización criminal; por el delito continuado de soborno, tres años de prisión, multa de doce meses con una cuota diaria de 300 euros, y  por el delito de aprovechamiento de información privilegiada, multa de 3.713.981 euros, y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a disfrutar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un año.

Se justifica esta rebaja de las penas pedidas al aplicarle la atenuante de confesión, que a la vez le permitió salir de la prisión, momento en que amenazó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “tener más pruebas”.

Unos 10.000 euros al mes y otros pagos

En el relato de hechos delictivos, la Fiscalía expone que “en el desarrollo del descrito convenio criminal entre los tres investigados, Víctor de Aldama, al menos desde el mes de octubre de 2019, comenzó a entregar a Koldo García 10.000 euros mensuales en efectivo, lo que continuó haciendo hasta julio de 2022.

Tales entregas de efectivo a Koldo García fueron efectuadas en ocasiones en presencia de José Luis Ábalos, pues el importe de 10.000 euros mensuales estaba destinado a ser repartido entre ambos.”

Añade que “con el mismo propósito de conseguir del ministro y secretario de Organización del PSOE un trato preferente para sí y para las empresas cuyos intereses promovía, Víctor de Aldama se hizo cargo de determinados gastos a petición de José Luis Ábalos y Koldo García, tales como el abono de la renta mensual generada como consecuencia del alquiler de un piso en Madrid”, que sirvió como domicilio  da entonces pareja de Ábalos. El fiscal Luzón detalla más prebendas.