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Alerta máxima en el Estado: el PP anticipa operaciones policiales, la UCO aparece en el centro de la sospecha y Ayuso lanza un mensaje incendiario que resuena entre jueces, medios y un poder que ya no actúa en silencio
España ha entrado en una fase política que ya no se libra solo en el Parlamento ni en las urnas. Algo más profundo, más opaco y potencialmente más peligroso se está moviendo bajo la superficie institucional. No es solo una batalla partidista: es una pugna por el control del relato, del tiempo judicial y, sobre todo, de la legitimidad democrática.
La señal de alarma no la encendió un juez ni un periodista de investigación. La encendió, paradójicamente, el propio Partido Popular.
Cuando la oposición anuncia detenciones
Las palabras de Cuca Gamarra no fueron genéricas ni ambiguas. Fueron precisas, temporales y extraordinariamente graves. Anunció que esa misma semana habría nuevas operaciones de la UCO: detenciones, investigados, registros, entradas en sedes. Y añadió algo aún más delicado: que los afectados estarían vinculados al PSOE y al círculo más estrecho de Pedro Sánchez.
La pregunta cayó por su propio peso:
¿Cómo sabe el Partido Popular lo que va a hacer la UCO?
No se trata de una intuición política ni de una lectura de la prensa. Es una anticipación operativa. Y cuando una fuerza política conoce de antemano movimientos policiales y judiciales, el problema deja de ser partidista para convertirse en institucional.
El Gobierno rompe el silencio: “No se cortan ni un pelo”
La reacción del Ejecutivo fue inusualmente dura. Óscar Puente verbalizó lo que hasta ahora solo se murmuraba en privado: la ansiedad del PP es tan evidente que ya ni siquiera disimula. Ya no guarda las formas mínimas. Ya no espera a que los hechos ocurran: los anuncia.
En Moncloa la pregunta es directa y demoledora:
¿Quién está filtrando información al Partido Popular?
La sospecha no apunta a un error aislado. Se acumulan antecedentes inquietantes: anuncios previos de actuaciones que luego se materializan, advertencias de dimisiones futuras que acaban produciéndose, informes que aparecen justo cuando conviene políticamente… y otros que nunca llegan.
La UCO, en el centro del huracán
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha pasado de ser un actor técnico a convertirse en protagonista político. No por decisión propia, sino por la manera en que su trabajo —o la ausencia de él— impacta directamente en el equilibrio de poder.
Hay informes que se retrasan más de 170 días. Otros que llegan inflados. Otros que la Fiscalía califica de “inútiles”. Y otros que aparecen en momentos clave, acompañados de titulares demoledores antes incluso de ser judicializados.
Dentro de la propia Guardia Civil han existido denuncias internas sobre investigaciones prospectivas, filtraciones interesadas y usos políticos de procedimientos policiales. No son teorías conspirativas: son quejas documentadas.
Ayuso y el mensaje del “momento de quemarse”
En este clima de máxima tensión, Isabel Díaz Ayuso lanza una frase que actúa como gasolina: “Es el momento de quemarse.”
La ambigüedad es inquietante. ¿A quién va dirigido ese mensaje? ¿A su partido? ¿A los medios afines? ¿A jueces, fiscales, policías? ¿A todos a la vez?
Analistas políticos coinciden en que no es un mensaje retórico. Es una llamada a la movilización total de lo que muchos definen ya como un ecosistema de poder paralelo: político, mediático y judicial.
El calendario judicial que explica la urgencia
Nada de esto ocurre en el vacío. El Partido Popular afronta un horizonte judicial extremadamente delicado:
Más de 30 causas abiertas
Cerca de 28 investigados o imputados
Ocho sentencias pendientes por corrupción
Y una fecha clave: 27 de abril de 2026, inicio del juicio del caso Kitchen
Kitchen no es un caso más. Es la caja de los truenos. Implica a la policía patriótica, a medios de comunicación, a altos cargos políticos y a una forma de hacer política basada en la guerra sucia.
Que el Gobierno llegue vivo a esa fecha no entra en los planes del PP.
El caso Ayuso y el informe que no llega
A esta presión se suma otro elemento explosivo: la situación judicial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Un informe clave de la UCO lleva meses sin aparecer. Más de 170 días de silencio. Mientras tanto, otros informes avanzan con sorprendente rapidez cuando afectan a figuras del entorno socialista.
La asimetría alimenta la sospecha.
El juez Peinado y la insistencia que desafía a la Audiencia
Cuatro veces tribunales superiores han frenado al juez Juan Carlos Peinado en su intento de investigar el rescate de Air Europa. Cuatro veces. Y aun así, lo intenta una quinta.
Ahora solicita a la UCO que busque “hechos nuevos” basándose en un escrito sin pruebas que habla de cuentas en Turquía y República Dominicana atribuidas a Begoña Gómez.
La insistencia roza la obsesión y vuelve a colocar a la UCO en una posición incómoda: actuar sin indicios claros o desobedecer indirectamente a instancias superiores.
¿Golpe de Estado? ¿O erosión constante?
Algunos analistas hablan abiertamente de golpe de Estado. Otros prefieren un término más preciso: golpe permanente, una erosión continuada del Gobierno mediante filtraciones, titulares, procedimientos judiciales y presión mediática.
No hace falta tanques cuando se controla el tempo judicial y el relato público.
Doble poder: la tesis que gana fuerza
La idea de un doble poder ya no es marginal. Se habla de un poder institucional formal y otro informal que decide qué se investiga, cuándo se filtra y cómo se amplifica.
Cuando una dirigente de la oposición anuncia detenciones y acierta, el problema no es de prudencia. Es de democracia.
El silencio que ya no basta
Durante años, el progresismo ha reaccionado con cautela, esperando que el sistema se autorregule. Pero algo ha cambiado. El Gobierno empieza a señalar. A preguntar en voz alta. A exigir explicaciones.
Porque si el PP tiene información policial anticipada, alguien está rompiendo el Estado de derecho.
Y si no la tiene y miente, está utilizando a jueces y policías para una guerra política sin límites.
Ambos escenarios son gravísimos.
El verdadero dilema
España no se enfrenta solo a una crisis política. Se enfrenta a una pregunta incómoda:
¿Quién manda realmente cuando la oposición sabe antes que nadie lo que hará la policía?
La respuesta, de momento, sigue en la sombra. Pero la alarma ya está encendida. Y esta vez, nadie puede fingir que no la oye.
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