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La política española ha entrado en una fase en la que el ruido ya no es un efecto colateral del debate democrático, sino una herramienta central de la estrategia partidista. Las últimas semanas, marcadas por la investigación judicial sobre la gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana, han dejado al descubierto una combinación peligrosa: filtraciones interesadas, ataques directos a una jueza instructora, discursos apocalípticos desde la tribuna mediática y una ofensiva comunicativa que busca desplazar el foco de las responsabilidades políticas hacia una supuesta conspiración judicial y mediática.

En el centro de este torbellino aparecen nombres conocidos: Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular; Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana; Isabel Díaz Ayuso; Rafael Hernando; y Santiago Abascal. Cada uno con su papel, todos formando parte de un ecosistema político-mediático que parece haber asumido que la crispación permanente es más rentable que la rendición de cuentas.

La DANA como punto de inflexión

La tragedia provocada por la DANA, con más de 200 víctimas mortales, debería haber sido un momento de recogimiento institucional, análisis técnico y asunción de responsabilidades. Sin embargo, la investigación judicial ha convertido el episodio en un campo de batalla político.

Cuando la jueza instructora comienza a recabar información, citar testigos y solicitar documentación, el debate deja de girar en torno a qué falló en la prevención, en la coordinación y en la respuesta institucional. El foco se desplaza hacia la propia magistrada. No es una dinámica nueva, pero sí cada vez más explícita.

Rafael Hernando, ex portavoz del PP en el Congreso, califica de “delirante” la actuación de la jueza. No se trata de una crítica jurídica fundamentada, sino de un ataque directo que cuestiona su legitimidad. El mensaje es claro: cuando la justicia investiga al adversario, se la venera; cuando se aproxima a los propios, se la desacredita.

El doble discurso sobre la independencia judicial

Durante años, determinados sectores políticos han construido su discurso en torno a la defensa de la independencia judicial. Sin embargo, esa defensa parece condicional. Se activa cuando conviene y se suspende cuando el foco apunta hacia dentro.

La acusación de “persecución ideológica” contra la jueza de la DANA revela una estrategia conocida: victimizarse, sembrar dudas sobre el proceso y generar un clima de sospecha que erosione la confianza ciudadana en las instituciones. No se trata de ganar un caso en los tribunales, sino de ganarlo en la opinión pública antes incluso de que se celebre.

Este patrón no es aislado. Se repite cuando se habla de la agenda judicial que, según Feijóo, podría “hacer caer al Gobierno”. La insinuación de sumarios inexistentes sobre una supuesta financiación irregular del PSOE o sobre responsabilidades penales del expresidente Zapatero no solo carece de base probatoria conocida, sino que introduce un elemento tóxico: la normalización del bulo como arma política.

Filtraciones, cloacas y medios afines

Una de las preguntas que sobrevuelan este episodio es de dónde surge determinada información y por qué algunos datos aparecen en ciertos medios con una precisión quirúrgica, mientras otros permanecen ocultos o minimizados.

La percepción —compartida por analistas y periodistas— de que existe una red de medios afines al Partido Popular no implica una conspiración homogénea, pero sí una asimetría evidente en el tratamiento informativo. Algunas filtraciones se amplifican; otras se silencian. El resultado es un debate público desequilibrado, en el que la ciudadanía recibe fragmentos seleccionados de la realidad.

Cuando se habla de “cloacas”, no se alude solo a estructuras ocultas del Estado, sino también a dinámicas de connivencia entre poder político, mediático y, en ocasiones, judicial. No hace falta una orden explícita: basta con intereses compartidos, agendas alineadas y silencios convenientes.

Feijóo y la estrategia de la anticipación del colapso

Alberto Núñez Feijóo insiste en que la legislatura “no tiene sentido” y que el Gobierno podría caer por los tribunales. Esta narrativa cumple varias funciones. En primer lugar, deslegitima la investidura parlamentaria, insinuando que la mayoría que sostiene al Ejecutivo es artificial o ilegítima. En segundo lugar, prepara el terreno para un escenario de derrota electoral que pueda ser reinterpretado como consecuencia de maniobras judiciales o institucionales.

No es una impugnación frontal de la democracia, pero sí una erosión constante de sus pilares. El mensaje implícito es que el adversario no gobierna porque tenga apoyo suficiente, sino porque el sistema está corrompido. Esta idea, repetida hasta la saciedad, acaba calando en sectores de la sociedad.

Abascal y el lenguaje del apocalipsis

Mientras tanto, Santiago Abascal eleva el tono hasta niveles casi caricaturescos. Habla de “consenso suicida”, “economía de la ruina” y “desastre nacional”. El objetivo no es describir la realidad, sino provocar una reacción emocional: miedo, indignación, sensación de colapso inminente.

Este tipo de discurso cumple una función movilizadora, pero también anestesia el análisis racional. Todo se convierte en una amenaza existencial, y cualquier matiz es interpretado como traición. Paradójicamente, quienes más apelan a la “cultura del esfuerzo” suelen hacerlo desde posiciones de privilegio político sostenido durante décadas.

Ayuso, Mazón y la fragmentación del liderazgo

Isabel Díaz Ayuso y Carlos Mazón representan otra dimensión del problema: la dificultad de Feijóo para imponer una disciplina interna clara. Cada barón territorial actúa con autonomía, marcando perfil propio incluso cuando eso contradice la estrategia nacional.

Los mensajes de WhatsApp enviados por Feijóo a Mazón durante la DANA, en los que le recomienda “liderar la comunicación”, revelan una concepción muy concreta de la política: el control del relato como prioridad, incluso en medio de una tragedia humana. No se trata de una instrucción ilegal, pero sí de una señal de cuáles son las obsesiones estratégicas.

La jueza como chivo expiatorio

Atacar a la jueza no es un error táctico aislado, sino parte de una lógica defensiva. Cuando no se puede negar la existencia de una investigación, se desacredita a quien la dirige. Se la presenta como ideologizada, exagerada o incompetente.

Este mecanismo tiene consecuencias profundas. No solo afecta a la magistrada en cuestión, sino que envía un mensaje intimidatorio al conjunto de la judicatura: investigar al poder tiene costes personales y profesionales.

Democracia, crispación y tomar partido

En este contexto, declaraciones como las de Emiliano García-Page, advirtiendo contra la crispación y la obligación de “tomar partido” a diario, generan un debate adicional. ¿Es malo tomar partido? ¿O lo peligroso es la indiferencia?

La democracia no se debilita porque la ciudadanía tome partido, sino porque lo haga desinformada o manipulada. El verdadero problema no es la polarización en sí, sino la sustitución del debate por el insulto, del dato por el bulo y del análisis por el espectáculo.

El precio del ruido

España no está al borde del colapso que describen algunos discursos. Pero sí corre el riesgo de normalizar prácticas que erosionan lentamente sus instituciones. El uso sistemático del ruido, la deslegitimación preventiva de la justicia y la instrumentalización del dolor colectivo para fines partidistas tienen un coste.

La DANA debería haber sido una llamada a mejorar los sistemas de prevención y respuesta ante emergencias. En cambio, se ha convertido en otro capítulo de una guerra política permanente. Y en esa guerra, la verdad suele ser la primera víctima.