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Lo ocurrido en las últimas horas no es un episodio aislado, sino la fotografía completa de un mecanismo de guerra política que España conoce demasiado bien. Un mecanismo que mezcla denuncias extravagantes, jueces complacientes, organizaciones ultras y utilización política inmediata. El objetivo esta vez tiene nombre y apellidos: José Luis Rodríguez Zapatero.

La denuncia imposible

La organización ultraderechista Hazte Oír ha llegado a acusar al expresidente del Gobierno de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y organización criminal, una imputación tan grave como inverosímil. El juez Antonio Piña ha incoado diligencias previas, pero lo ha hecho dejando claro algo fundamental: se desconoce la naturaleza real de los hechos denunciados y se traslada a la Fiscalía para que determine si existe algo mínimamente investigable.

Dicho de otro modo: se abre un procedimiento sin hechos, pero con titulares. Y eso, en sí mismo, ya forma parte del problema.

El doble golpe: tribunales y Senado

El mismo día que se admite a trámite esta denuncia sin sustancia, el Partido Popular cita a Zapatero en el Senado. ¿Casualidad o causalidad? La pregunta no es retórica. Responde a lo que varios analistas ya llaman el ciclo del bulo:

Una organización ultraderechista presenta una querella disparatada.
Un juzgado la admite sin depurar mínimamente los hechos.
Determinados medios amplifican la acusación.
PP y Vox la utilizan políticamente como si fuera un hecho probado.

Todos los engranajes son necesarios. Todos cooperan.

Zapatero y Venezuela: el contexto que se oculta

Zapatero lleva más de una década trabajando como mediador en Venezuela, con el conocimiento y, en ocasiones, el agradecimiento explícito de gobiernos del PP, incluido Mariano Rajoy. Su papel ha sido reconocido tanto por el chavismo como por la oposición venezolana y ha contribuido a la liberación y regreso a España de ciudadanos encarcelados por motivos políticos.

Ese contexto desaparece del relato interesado. Porque no encaja con la caricatura que se quiere imponer.

La acusación popular, convertida en arma

España es una anomalía europea: mantiene la figura de la acusación popular en términos amplísimos. Una figura histórica que hoy, según el Tribunal Supremo, el Constitucional y el propio Gobierno, está siendo pervertida.

Organizaciones ultras la utilizan para perseguir a adversarios ideológicos, sabiendo que aunque no haya condena, el daño reputacional ya está hecho. La ley se convierte así en munición política.

Kitchen: lo que sí se ocultó

Mientras se abren diligencias sin hechos contra Zapatero, hay causas con pruebas sólidas que llevan años bloqueadas. El caso Kitchen es el ejemplo más escandaloso.

Durante dos años, audios clave de conversaciones entre Villarejo y María Dolores de Cospedal han permanecido en un cajón. Ni el juez Manuel García-Castellón ni el juez Antonio Piña impulsaron su análisis completo. Agentes policiales han declarado haber recibido órdenes directas de no mover ese material.

Hoy sabemos que en 2023 Asuntos Internos de la Policía Nacional incorporó la conversación íntegra, de casi dos horas, con transcripción incluida. Esos audios vinculan de forma directa a Cospedal con la operación para destruir pruebas que afectaban al PP en Gürtel.

El archivo que nunca debió producirse

García-Castellón archivó la imputación de Cospedal alegando que los audios tenían origen desconocido y estaban descontextualizados, en contra del criterio de la Fiscalía y de las acusaciones. Ahora se sabe que el material completo existía y era concluyente.

El PSOE ha solicitado formalmente la reapertura de la investigación y la imputación de Cospedal y de quien era entonces su marido.

La “libretita” y la cloaca

Las grabaciones revelan maniobras explícitas para parar investigaciones, neutralizar informes y evitar que nombres relevantes llegaran a los tribunales. La famosa “libretita”, las fotocopias, las conversaciones para “hacer tiempo” y los pactos informales forman parte de una misma cloaca institucional.

Nada de eso tuvo trascendencia judicial en su momento. No porque no existiera, sino porque no se quiso mirar.

Dos justicias

Lo que queda al descubierto es inquietante:

Diligencias exprés para denuncias ultras sin hechos.
Años de bloqueo para causas que afectan al PP.
Jueces que archivan pruebas incómodas mientras otros admiten querellas delirantes.
Utilización política inmediata de procesos judiciales vacíos.

Esto no es un debate partidista. Es una crisis de credibilidad del sistema judicial cuando se permite que la ley se use como arma política.

No es Zapatero el que está hoy bajo sospecha. Es el propio Estado de derecho.