Cuando el ruido desaparece, el dinero se mueve

Mientras Madrid se llenaba de luces, villancicos y discursos sobre la “libertad”, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprovechaba uno de los momentos con menor atención mediática del año —las fiestas navideñas— para ejecutar una de las decisiones económicas más controvertidas de los últimos tiempos: inyectar cerca de 500 millones de euros adicionales a hospitales públicos de gestión privada, fundamentalmente en manos de Quirón Salud y Ribera Salud, y vetar al mismo tiempo una comisión de investigación parlamentaria que pretendía esclarecer posibles irregularidades.

No hubo rueda de prensa monográfica. No hubo grandes titulares institucionales. No hubo anuncios a bombo y platillo.
Todo se aprobó justo antes de Nochebuena, cuando la opinión pública estaba distraída y los focos mediáticos miraban hacia otro lado.

500 millones “extra”: pagos, rescates y cláusulas opacas

Según información contrastada por la Cadena SER y otros medios, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó pagos extraordinarios por valor de unos 500 millones de euros como “compensación” a las empresas privadas que gestionan varios hospitales públicos.

La distribución no deja lugar a dudas:

357 millones de euros para liquidaciones correspondientes a 2024 de los hospitales gestionados por Quirón Salud.

106 millones de euros destinados a rescatar los centros considerados “menos rentables” (Valdemoro, Móstoles y Villalba).

36 millones adicionales previstos de cara a 2026 mediante una cláusula cuyos detalles no han sido explicados públicamente.

25 millones de euros para el Hospital de Torrejón de Ardoz, gestionado por Ribera Salud, justo en el epicentro del escándalo de los audios.

Todo ello sin una explicación detallada, sin comparecencias públicas exhaustivas y sin auditorías independientes previas.

El hospital de Torrejón y los audios que nadie quiere investigar

El caso del Hospital de Torrejón de Ardoz es especialmente sensible.
En los últimos meses salieron a la luz audios atribuidos a la dirección del centro en los que se hablaba de alargar listas de espera para aumentar ingresos, una práctica que, de confirmarse, supondría un grave atentado contra la ética sanitaria y la seguridad de los pacientes.

A esto se sumaron denuncias de profesionales sanitarios, dimisiones en cadena, cartas internas alertando de servicios al límite y testimonios que describen presiones laborales, turnos imposibles y riesgos asistenciales reales.

Ante este panorama, los grupos de la oposición solicitaron la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.

La respuesta del PP de Ayuso fue clara y contundente: veto absoluto.

“No hay nada que investigar”, dicen… y cierran la puerta

El Grupo Popular defendió que “todo está aclarado”, que los audios no reflejan la realidad y que seguir investigando sería “estirar el chicle”.
Una afirmación que choca frontalmente con la gravedad de las denuncias, la salida de personal sanitario experimentado y la preocupación expresada por sindicatos y colectivos médicos.

La paradoja es evidente:
👉 No hay nada que investigar, pero el CEO implicado es apartado.
👉 Todo funciona perfectamente, pero los trabajadores se marchan.
👉 No hay irregularidades, pero se inyectan millones extra para sostener el modelo.

Socializar pérdidas, privatizar beneficios

El modelo de colaboración público-privada defendido por Ayuso se basa en un principio que cada vez genera más rechazo social:
cuando hay beneficios, son privados; cuando hay pérdidas, se pagan con dinero público.

Hospitales que duplican o triplican sus presupuestos iniciales.
Sobrecostes sistemáticos año tras año.
Pagos extraordinarios convertidos en rutina.
Y una opacidad estructural que impide saber con exactitud a dónde va cada euro.

“No es magia, son tus impuestos”, resumía gráficamente un analista.

Contratos troceados y auditorías ciudadanas

A falta de auditorías institucionales, son ciudadanos y activistas quienes están sacando a la luz prácticas cuestionables, como el uso masivo de contratos menores para evitar concursos públicos.

Casos documentados muestran:

Miles de contratos por importes inferiores al umbral legal.

Adjudicaciones reiteradas a las mismas empresas.

Millones de euros canalizados sin publicidad ni concurrencia real.

Todo ello dentro de la sanidad pública madrileña.

Quirón, el poder sanitario… y el poder mediático

Quirón Salud no es solo el mayor grupo sanitario privado de España.
Es también uno de los principales anunciantes en medios de comunicación de todo el espectro ideológico.

Reportajes patrocinados.
Premios de reputación corporativa.
Suplementos de “excelencia médica”.

Una estrategia que contribuye a blanquear su imagen mientras recibe cantidades récord de dinero público.

El factor personal que nadie quiere mencionar

El debate se vuelve aún más incómodo cuando se recuerda que la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha trabajado para empresas vinculadas a Quirón, una circunstancia que, aunque no sea delito por sí misma, exige un nivel máximo de transparencia.

Lejos de eso, la respuesta institucional ha sido el silencio, la negación y el bloqueo parlamentario.

Navidad, batalla cultural y cortinas de humo

Mientras se aprueban estos pagos millonarios, Ayuso intensifica su presencia en la llamada “batalla cultural”: discursos identitarios, confrontación simbólica y gestos calculados que monopolizan la atención mediática.

Un ruido constante que funciona, para muchos analistas, como cortina de humo perfecta.

¿Sanidad pública o negocio garantizado?

La pregunta de fondo ya no es ideológica.
Es estructural.

¿Puede un sistema sanitario público funcionar correctamente cuando su gestión responde a incentivos privados?
¿Quién protege al paciente cuando la rentabilidad manda?
¿Quién controla a los gestores cuando el Parlamento no puede investigar?

El precio del silencio

Lo ocurrido estas Navidades no es un hecho aislado.
Es la consolidación de un modelo donde el dinero público fluye sin control, las investigaciones se vetan y la transparencia se diluye.

Y mientras tanto, médicos exhaustos, pacientes en listas de espera y ciudadanos que pagan la factura.

Porque cuando se apagan las luces de Navidad,
lo que queda no es el villancico,
sino la cuenta.