En los últimos días, el llamado caso Móstoles ha dejado de ser únicamente un episodio más dentro de la larga lista de controversias políticas en la Comunidad de Madrid para convertirse en un auténtico espejo de las miserias estructurales que atraviesan una parte del sistema mediático y partidista español. Lo que comenzó como una denuncia grave de presunto acoso sexual ha derivado en un espectáculo político-mediático donde, una vez más, la víctima queda relegada a un segundo plano mientras los focos se concentran en proteger al poder, justificar lo injustificable y desacreditar a quien se atreve a romper el silencio.

El debate televisivo protagonizado por Intxaurrondo y Ruiz ha sido, en este contexto, una auténtica bofetada de realidad. Una intervención que no solo desmonta los discursos defensivos del Partido Popular de Madrid, sino que también expone con crudeza el papel de determinados medios que, lejos de ejercer un periodismo crítico, actúan como auténticos escudos de propaganda subvencionada.

El silencio selectivo de los medios

Uno de los aspectos más llamativos de este caso ha sido el comportamiento de una parte importante de la prensa tradicional. Durante semanas, el programa donde se ha abordado el tema ha acumulado más de 139 menciones sobre el asunto, analizando documentos, declaraciones, reacciones políticas y el contexto institucional de la denuncia. Sin embargo, este despliegue informativo ha tenido un reflejo mínimo en muchas portadas.

¿Por qué? La respuesta parece evidente: cuando el escándalo salpica directamente a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y figura central del PP, una parte de los medios prefiere mirar hacia otro lado. No porque falten datos, ni porque el caso carezca de interés público, sino porque hablar de Ayuso implica asumir riesgos: perder subvenciones, contratos publicitarios o simplemente el favor político.

Se instala así una forma de censura indirecta, mucho más peligrosa que la censura explícita. No se prohíbe informar, simplemente se decide no hacerlo. Se reduce el espacio, se minimiza la relevancia, se diluye el tema entre otros titulares más cómodos. Y cuando alguien señala esta anomalía democrática, la reacción no es autocrítica, sino ataque: se acusa a los periodistas críticos de militancia, de sesgo ideológico, de estar “a sueldo”.

El caso Móstoles: una denuncia incómoda

La gravedad del caso Móstoles no reside solo en el contenido de la denuncia, sino en la forma en que el Partido Popular ha reaccionado ante ella. Lejos de activar mecanismos de protección, escucha y acompañamiento a la presunta víctima, lo que se ha visto es una estrategia de defensa cerrada del alcalde implicado, Manuel Bautista, considerado una apuesta personal de Ayuso.

Las comparecencias públicas han sido especialmente reveladoras. El alcalde ha llegado a cuestionar directamente a la denunciante, poniendo en duda su credibilidad, su calidad moral y hasta sus intenciones, reproduciendo uno de los patrones más clásicos del machismo institucional: transformar a la víctima en sospechosa y al denunciado en damnificado.

Preguntas como “¿por qué grabó?” o insinuaciones sobre posibles motivaciones ocultas no son nuevas. Son fórmulas repetidas hasta la saciedad en casos de acoso, violencia sexual o abuso de poder. El mensaje implícito es siempre el mismo: si denuncias, prepárate para ser juzgada públicamente.

El paralelismo con el caso Nevenka

Durante el debate, varios analistas recordaron el caso Nevenka Fernández, ocurrido hace más de 20 años. Un episodio que marcó un antes y un después en la conciencia social sobre el acoso laboral en España. La comparación no es casual.

En ambos casos se repite un patrón inquietantemente similar: mujer joven, posición de inferioridad jerárquica, denuncia contra una figura política poderosa, aislamiento mediático inicial, descrédito público y defensa corporativa del acusado. La diferencia es que, dos décadas después, se suponía que la sociedad había aprendido algo.

Sin embargo, la reacción del Partido Popular sugiere lo contrario. Como si el tiempo no hubiera pasado, como si las lecciones del pasado hubieran sido olvidadas deliberadamente. Como si la prioridad siguiera siendo proteger la marca política antes que garantizar los derechos de las personas.

Ayuso y la política del blindaje

Isabel Díaz Ayuso no es una figura secundaria en esta historia. Según diversas informaciones periodísticas, la presidenta fue informada de la denuncia días antes de que estallara el escándalo público. Aun así, se dejó fotografiar con el alcalde implicado en actos oficiales, reforzando su imagen política.

Este gesto, aparentemente trivial, es en realidad profundamente simbólico. Transmite un mensaje de respaldo institucional, de confianza, de normalidad. Un mensaje que contrasta brutalmente con la situación de la denunciante, que seguía esperando ser escuchada por la dirección nacional del PP sin obtener respuesta.

La dirección del partido, según la propia víctima, nunca se reunió con ella. Presentó un escrito de más de 20 páginas ante la Comisión de Garantías Nacional, detallando los hechos, aportando asesoramiento legal y describiendo las conductas denunciadas. Pero no recibió llamada, ni reunión, ni explicación.

El silencio institucional se convirtió así en una forma de deslegitimación.

La filtración de correos: poder y administración confundidos

Otro elemento clave del caso ha sido la filtración de supuestos correos electrónicos a determinados medios de comunicación. Aunque en ellos no aparecía el nombre de la víctima, los detalles eran suficientes como para identificarla fácilmente.

Lo más preocupante no es solo la filtración en sí, sino su origen: según varias fuentes, los correos procedían de la propia Comunidad de Madrid, no del partido. Esto abre un debate inquietante sobre la confusión entre partido político e institución pública.

Cuando una administración utiliza información sensible de una ciudadana para defenderse políticamente, se cruza una línea peligrosa. Ya no estamos ante una simple estrategia mediática, sino ante un uso partidista del aparato institucional, algo que pone en riesgo la calidad democrática del sistema.

Periodismo, amenazas y libertad de expresión

El debate también ha servido para denunciar las amenazas que están recibiendo periodistas y colaboradores de medios públicos como RTVE. Amenazas directas, mensajes intimidatorios, presiones privadas para que abandonen programas críticos.

Casos como el de Hugo Pereira, que recibió mensajes advirtiéndole de “lo perjudicial” que era aparecer en determinados espacios televisivos, o las amenazas sufridas por Sara Santa, muestran hasta qué punto el clima se ha deteriorado.

La libertad de expresión no se limita a que no exista censura legal. También implica que los profesionales puedan ejercer su trabajo sin miedo, sin coacciones, sin campañas de señalamiento. Cuando se nombra públicamente a periodistas desde tribunas políticas, se está enviando un mensaje claro: “sabemos quién eres”.

Machismo estructural y responsabilidad política

Una de las reflexiones más profundas del debate fue la insistencia en que el machismo no es solo un problema cultural, sino estructural. Está incrustado en las dinámicas de poder, en los partidos, en las instituciones, en los medios.

La diferencia no está en si existen casos de acoso —porque existen en todas partes—, sino en cómo se gestionan. En el pasado reciente, cuando han surgido casos similares en otros partidos, las presiones internas de las mujeres militantes forzaron gestos, dimisiones, investigaciones.

En el caso del PP de Madrid, la sensación es la contraria: cierre de filas, ataque a la denunciante, relativización de los hechos y victimismo institucional. Una estrategia que no solo es éticamente cuestionable, sino políticamente suicida.

Móstoles como símbolo político

Móstoles no es un municipio cualquiera. Es la segunda ciudad más grande de la Comunidad de Madrid y una de las más representativas del llamado “cinturón rojo”. Un territorio históricamente disputado entre izquierda y derecha, un auténtico termómetro electoral.

Que este caso estalle precisamente allí tiene una dimensión simbólica enorme. No se trata solo de un alcalde, sino de un modelo de gestión política basado en la impunidad, el clientelismo y el blindaje mediático.

La importancia de Móstoles explica también el nerviosismo del Partido Popular. Perder credibilidad en un territorio clave puede tener consecuencias electorales profundas. De ahí la obsesión por controlar el relato, minimizar el escándalo y desacreditar a quienes lo visibilizan.

Intxaurrondo y Ruiz: una lección de periodismo

Frente a este panorama, la intervención de Intxaurrondo y Ruiz ha sido un ejercicio de periodismo democrático en estado puro. No han gritado, no han insultado, no han buscado el espectáculo fácil. Han hecho algo mucho más subversivo: han preguntado, han contextualizado, han comparado, han recordado datos.

Han desmontado la narrativa del victimismo del poder y han devuelto el foco a donde siempre debió estar: en la protección de la persona que denuncia y en la responsabilidad institucional de quienes gobiernan.

En un ecosistema mediático cada vez más polarizado, donde el ruido sustituye al análisis y el titular a la reflexión, este tipo de intervenciones son casi revolucionarias.

Una democracia a prueba

El caso Móstoles no es solo una historia de presunto acoso. Es una radiografía de cómo funciona realmente el poder en España: cómo se protegen entre sí las élites políticas, cómo se utilizan los medios afines como escudos, cómo se castiga al disidente y se silencia al incómodo.

También es una prueba de estrés para la democracia. Porque una democracia no se mide solo por la existencia de elecciones, sino por la capacidad de las instituciones para proteger a los más vulnerables, garantizar la libertad de información y asumir responsabilidades cuando se cometen errores.

Hoy, la pregunta no es si la denuncia es verdadera o falsa —eso lo determinarán los tribunales—, sino si el sistema está preparado para gestionarla con justicia, dignidad y transparencia. Y, a la luz de lo ocurrido, la respuesta es inquietante.

Ladran, luego cabalgamos

La frase atribuida erróneamente al Quijote, pero popularizada en el discurso político contemporáneo, resume bien el momento: “Ladran, luego cabalgamos”. Las críticas, los ataques y las amenazas no son señales de debilidad, sino de incomodidad del poder.

El verdadero retrato bestial no es el de los periodistas críticos, ni el de los analistas incómodos. Es el de quienes, subvencionados, protegidos y blindados, prefieren callar ante una injusticia para no perder privilegios.

El caso Móstoles pasará, como pasan todos los escándalos. Pero lo que quedará será la memoria colectiva de quién estuvo del lado de la víctima y quién del lado del poder. Y en esa memoria, Intxaurrondo y Ruiz ya han ganado su lugar como recordatorio incómodo de que el periodismo, cuando es de verdad, sigue siendo una herramienta peligrosa para los cobardes.