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La política española ha vivido en las últimas horas uno de esos episodios que condensan, en estado puro, el clima de crispación, desinformación y confrontación permanente que domina el debate público. Un auténtico bombazo que ha hecho convulsionar al Partido Popular y a su ecosistema mediático y digital más radicalizado. En el centro del huracán: José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, convertido de forma simultánea —y contradictoria— en villano absoluto y en protagonista de una supuesta conspiración internacional digna de una novela de espías.

En apenas 248 horas, determinados medios digitales y organizaciones ultraderechistas han sido capaces de dibujar a Zapatero como colaborador del régimen de Nicolás Maduro, presunto encubridor de violaciones de derechos humanos, e incluso como integrante de una red criminal internacional dedicada al tráfico de drogas. Al mismo tiempo, otros relatos lo situaban como pieza clave de una operación secreta para facilitar salidas humanitarias y negociaciones con la oposición venezolana. Dos caricaturas incompatibles entre sí, pero igualmente útiles para alimentar el ruido.

Lo que parecía una ofensiva mediática más ha terminado convirtiéndose en un caso paradigmático del llamado ciclo del bulo: denuncia disparatada, amplificación mediática sin filtros, utilización política por parte del PP y Vox y, finalmente, normalización del ataque personal como arma política.

Zapatero y Venezuela: diez años de una labor incómoda

Zapatero lleva trabajando en Venezuela desde hace más de una década, incluso cuando Mariano Rajoy ocupaba la presidencia del Gobierno. Su papel, reconocido tanto por el Ejecutivo venezolano como por sectores relevantes de la oposición, ha sido el de mediador en un contexto extremadamente complejo. Una labor discreta, persistente y, sobre todo, incómoda para quienes prefieren el enfrentamiento frontal al diálogo.

En estos años, el expresidente socialista ha participado en negociaciones que han permitido la excarcelación de presos políticos, incluidos ciudadanos españoles que hoy han podido regresar a España. Ha mantenido contactos con dirigentes opositores —algunos de los cuales han agradecido públicamente su implicación— y ha actuado como puente en escenarios donde otros actores internacionales fracasaron.

Ese trabajo, precisamente por su naturaleza, exige prudencia y silencio. Y esa prudencia es la que ahora algunos interpretan, de forma interesada, como opacidad sospechosa. Sin embargo, tanto antiguos responsables del PP como líderes opositores venezolanos han reconocido en el pasado la utilidad de su mediación.

La denuncia de Hazte Oír: cuando el disparate entra en los juzgados

El punto álgido de la ofensiva llegó con la admisión a trámite de una denuncia presentada por la organización ultraderechista Hazte Oír, que acusa a Zapatero de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y organización criminal. Una acusación que roza el esperpento y que, sin embargo, ha servido para alimentar titulares y tertulias.

Conviene subrayar un detalle jurídico clave: el juez ha incoado diligencias preliminares sin determinar la naturaleza concreta de los hechos denunciados y ha trasladado el asunto a la Fiscalía para que evalúe si existe algún indicio mínimamente investigable. Es decir, no hay hechos probados, no hay pruebas y no hay, de momento, investigación real.

Pero en el ecosistema del bulo eso es irrelevante. Basta con que la denuncia exista para que se active la maquinaria de desgaste político.

El papel del PP: de la amplificación al aval

Lejos de marcar distancias con una acusación manifiestamente disparatada, el Partido Popular ha optado por incorporarla a su estrategia política. La citación de Zapatero en el Senado coincide milimétricamente con la ofensiva judicial y mediática, alimentando la sospecha de que no se trata de una casualidad, sino de una causalidad perfectamente orquestada.

Especialmente grave ha sido la difusión, por parte de Nuevas Generaciones del PP, de una imagen generada por inteligencia artificial en la que Zapatero aparece como un detenido, en una escenografía que recuerda a la de Nicolás Maduro. Una imagen falsa, manipulada y profundamente degradante.

Lo más preocupante no es solo que esa imagen no fuera retirada, sino que dirigentes del PP la avalaran públicamente y que la dirección nacional, con Alberto Núñez Feijóo al frente, no ordenara su retirada inmediata ni desautorizara a sus autores. El silencio, en este caso, actúa como complicidad.

Bolaños y Palomera: la respuesta institucional

Frente a esta escalada, las intervenciones del ministro Félix Bolaños y del analista Pedro Palomera han supuesto un auténtico correctivo político. Ambos han señalado con claridad el patrón que se repite una y otra vez: organizaciones ultraderechistas que utilizan la acusación popular como arma, medios que difunden sin contrastar y partidos que convierten el bulo en munición parlamentaria.

Bolaños ha sido especialmente contundente al denunciar la perversión de la figura de la acusación popular, una anomalía del sistema español que, en lugar de servir al interés general, está siendo utilizada para perseguir a políticos progresistas y a sus familias. No se trata de un debate nuevo: tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han advertido de los abusos y han reclamado una regulación más estricta.

Trump, el derecho internacional y el contexto global

Este episodio doméstico no puede desligarse del contexto internacional. Las recientes declaraciones de Donald Trump, afirmando que el único límite a su poder es su propia voluntad y que el derecho internacional no existe más allá del deseo de la Casa Blanca, dibujan un escenario inquietante.

En ese marco, la defensa del multilateralismo y del derecho internacional se convierte en una cuestión central. España, alineada con la Unión Europea y con países latinoamericanos, ha insistido en la necesidad de frenar la ley del más fuerte y de preservar reglas comunes. Venezuela, con todas sus complejidades, es uno de los tableros donde se libra esa batalla.

Feijóo y la Dana: cuando la mentira queda documentada

Como si el día no fuera ya suficientemente intenso, la actualidad ha añadido otro frente: la declaración de Alberto Núñez Feijóo ante la jueza que investiga la gestión de la Dana. El líder del PP ha reconocido que no recibió información en tiempo real, contradiciendo sus afirmaciones públicas de octubre.

Lo que inicialmente presentó como un seguimiento permanente de la crisis ha quedado reducido, en sede judicial, a tres mensajes enviados a otros presidentes autonómicos. No conocía la convocatoria del CECOPI ni recibió comunicaciones formales del gobierno valenciano.

Para Bolaños, no se trata de un malentendido, sino de una falsedad deliberada. Y el efecto político es inmediato: la credibilidad de Feijóo sale erosionada en un asunto especialmente sensible, con más de 220 víctimas mortales.

Financiación autonómica: el PP, dividido

El último acto de esta jornada política llega con la presentación del nuevo modelo de financiación autonómica. Más recursos para las comunidades, más capacidad para reforzar sanidad, educación y servicios sociales. En total, cerca de 21.000 millones de euros adicionales.

La paradoja es evidente: presidentes autonómicos del PP rechazan un modelo que les otorga más recursos, incluso antes de conocerlo en detalle. La división interna es palpable y la estrategia parece responder más al desgaste del Gobierno central que a la defensa de los intereses territoriales.

El desgaste del bulo

Lo ocurrido en las últimas horas no es un hecho aislado. Es la confirmación de una dinámica peligrosa: la normalización del bulo como herramienta política, la judicialización del ruido y la renuncia al debate honesto.

Zapatero, convertido en diana, simboliza algo más que una persona: representa una forma de hacer política basada en el diálogo, el multilateralismo y los derechos humanos. Precisamente por eso molesta.

La pregunta ya no es si el bulo caerá —porque cae por su propio peso—, sino qué coste democrático estamos dispuestos a asumir mientras se utiliza como arma arrojadiza. Y ahí, la responsabilidad no es solo de quienes lo fabrican, sino también de quienes lo amplifican y lo avalan.