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Introducción: un día en el que todo cruje

No es un día cualquiera en la política judicial española cuando, en apenas unas horas, confluyen tres terremotos:
una investigación que señala directamente a un exministro clave del Partido Popular,
un varapalo judicial que deja en evidencia a un magistrado instructor,
y una sentencia que confirma, una vez más, que la gran corrupción del pasado no era un relato exagerado, sino un sistema.

La actualidad ha dibujado un mapa incómodo para quienes durante años se presentaron como garantes del orden, la ley y la ejemplaridad. Ernesto Ekaizer, periodista veterano y observador incómodo del poder, ha puesto palabras —y datos— a una sucesión de hechos que desmontan relatos cuidadosamente construidos.

Montoro.
Peinado.
Villarejo.
Púnica.

Cuatro nombres, un mismo hilo conductor: el choque entre poder, justicia y verdad.

El caso Montoro: el juez que no se pliega

Comencemos por el nombre que durante años fue sinónimo de autoridad económica y disciplina fiscal: Cristóbal Montoro. Exministro de Hacienda, figura central del PP durante los gobiernos de Mariano Rajoy y uno de los arquitectos de la política económica de la última década.

El juez Rus Vela, titular del Juzgado de Instrucción de Tarragona, se encuentra ultimando un auto decisivo: la afirmación de su competencia para instruir una causa que afecta directamente a Montoro y a otros 27 imputados.

Frente a quienes hablan de retrasos sospechosos, maniobras en la sombra o “mano negra”, Ekaizer es tajante: no hay dilación estratégica, hay prudencia judicial. El magistrado se enfrenta a decenas de recursos, presiones mediáticas y un entorno hostil que, según el propio análisis periodístico, busca desacreditarlo antes incluso de que pueda actuar.

El primer paso, una vez confirmada la competencia, será llamar a declarar uno por uno a los imputados. Y el primero en la lista no es otro que Montoro.

La imagen del exministro sentado ante un juez no es solo simbólica: es el recordatorio de que el poder político, incluso cuando ya no gobierna, no queda automáticamente fuera del alcance de la justicia.

El varapalo a Peinado: cuando el juez queda retratado

Si el caso Montoro marca el retorno del pasado, el episodio protagonizado por el juez Peinado representa algo aún más delicado: la erosión de la credibilidad judicial desde dentro.

La Audiencia Provincial, concretamente la sección 23, exigió a Peinado que razonara una providencia con la que pretendía acceder masivamente a correos electrónicos personales sin una motivación sólida. Una corrección técnica, sí, pero no el núcleo del problema.

Lo verdaderamente grave, según Ekaizer, es otra cosa: la constatación de que la propia Audiencia construyó su argumentación sobre una afirmación falsa.

La sección sostuvo que todas las esposas de presidentes del Gobierno desde la Transición habían contado con asistentes expertos en protocolo, salvo Begoña Gómez. Esa afirmación no solo es incorrecta: es una generalización tramposa basada en un único caso concreto, el de la esposa de Mariano Rajoy.

No se trata de un error material.
No es una errata.
No es una confusión inocente.

Es, en palabras del propio Ekaizer, una construcción torticera que vulnera el principio de imparcialidad. Cuando un tribunal parte de una premisa falsa para justificar una investigación, la sombra no cae solo sobre el juez instructor, sino sobre todo el engranaje judicial que la respalda.

El resultado es demoledor: no es que la Audiencia corrija a Peinado; es que aparece como autora intelectual de un procedimiento que ahora queda severamente cuestionado.

Villarejo absuelto: el intocable del sistema

Mientras unos jueces quedan en evidencia, otros fallos judiciales reavivan viejas preguntas. La Audiencia Nacional ha confirmado la absolución definitiva de José Manuel Villarejo de tres delitos graves: cohecho, revelación de secretos y falsedad documental.

La Fiscalía pedía 23 años de prisión.
La sentencia los borra de un plumazo.

El argumento del tribunal es conocido: se trataba de una investigación privada, sin relación probada con su función pública como comisario. Pero esta explicación, repetida una y otra vez, deja un poso inquietante.

¿Por qué era contratado Villarejo?
¿Por su simpatía personal?
¿O por su acceso, contactos y conocimiento del aparato policial?

Ekaizer lo dice sin rodeos: la Audiencia Nacional persiste en una interpretación que resulta difícil de sostener. Villarejo rentabilizó su condición policial antes, durante y después de su paso formal por el cuerpo. Negarlo no disipa las dudas, las agrava.

El resultado es una sensación de impunidad estructural. No hablamos de cloacas ni de conspiraciones abstractas, sino de una constante judicial que parece blindar a determinadas figuras, pase lo que pase.

La sentencia de la trama Púnica: la corrupción que no era un invento

Y entonces llega la sentencia.
La que no admite interpretaciones.
La que pone cifras, nombres y condenas.

La Audiencia Nacional ha condenado a 29 personas por la trama Púnica, entre ellas seis exalcaldes de la Comunidad de Madrid, la mayoría del Partido Popular, y uno del PSOE. Contratos amañados, comisiones, dádivas. Entre 2012 y 2014.

El principal condenado, David Marjaliza, recibe más de ocho años de prisión. La trama, cuyo nombre remite irónicamente al apellido Granados, vuelve a ocupar el lugar que algunos quisieron relegar al olvido.

Durante años se dijo que aquello era pasado, exageración, ruido mediático. Hoy es una sentencia firme.

No es una opinión.
No es una sospecha.
Es una condena.

El doble rasero del discurso político

Y, sin embargo, el debate público insiste en una narrativa selectiva. Mientras se multiplican tertulias, editoriales y programas enteros dedicados a presuntas corrupciones sin condena en el entorno del Gobierno actual, las sentencias firmes del pasado parecen tratarse como notas a pie de página.

Ekaizer lo plantea con crudeza: no se puede equiparar Gürtel, Púnica, Bárcenas o los gobiernos de Aznar con investigaciones en curso sin resoluciones judiciales. No es una defensa partidista; es una exigencia de rigor democrático.

La justicia puede tardar.
A veces desesperadamente.
Pero cuando llega, habla claro.

¿Democracia o mafia? Una pregunta incómoda

La imagen final que sobrevuela este cúmulo de acontecimientos es tan potente como inquietante: una pancarta que pregunta “¿Democracia o mafia?”. Puede parecer excesiva, incluso provocadora. Pero tras escuchar los hechos, la pregunta deja de ser retórica.

Cuando jueces mienten en autos.
Cuando exministros esperan imputaciones.
Cuando comisarios absueltos encadenan causas.
Cuando alcaldes son condenados una década después.

La democracia se resiente. No porque funcione la justicia, sino porque lo hace tarde, mal o de forma desigual.

La verdad no se apaga

La jornada que ha analizado Ernesto Ekaizer no es un episodio aislado. Es un espejo incómodo que devuelve al sistema político y judicial una imagen que muchos preferirían no ver.

No hay héroes.
No hay villanos únicos.
Hay estructuras, inercias y silencios.

Y, sobre todo, hay una certeza: por mucho que el poder intente protegerse a sí mismo, la verdad no desaparece. A veces se esconde. A veces se retrasa. Pero siempre regresa.

Con autos, con sentencias, con investigaciones que no se apagan.

Y entonces, el ruido deja paso a los hechos.