Encuentra el video completo en los comentarios 👇

 

La crisis institucional que rodea la condena al fiscal general del Estado ha sumado un nuevo capítulo explosivo. Una exclusiva periodística ha destapado que tres magistrados del Tribunal Supremo —incluido el presidente del tribunal que juzgó a Álvaro García Ortiz, Andrés Martínez Arrieta— impartieron cursos remunerados en la sede de una de las acusaciones populares que actuó contra él en el proceso: el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).

El dato, ya de por sí sensible, se vuelve aún más comprometedor porque las sesiones se celebraron exactamente durante los días de deliberación del fallo. El asunto ha reabierto el debate sobre la imparcialidad judicial, el decoro institucional, la ética pública y la fragilidad del prestigio del Tribunal Supremo en un momento de tensión máxima entre justicia y política.

1. La exclusiva que incendió el debate

La noticia, publicada por El Diario, revela que Arrieta, junto con los magistrados Juan Ramón Verdugo y Antonio del Moral (este último director del curso), participaron como ponentes en formaciones profesionales organizadas por el ICAM los días 17, 18 y 19 de noviembre. Esos días coincidieron milimétricamente con las deliberaciones del tribunal tras el juicio a García Ortiz.

El Colegio de Abogados no es un actor secundario en esta historia:
Fue la primera institución en presentar querella y ejerció como acusación popular en el caso contra el fiscal general del Estado.

Para los críticos, la cercanía temporal entre la deliberación y la actividad remunerada abre una ventana incómoda sobre la relación entre jueces y acusación. Para otros, no hay más que una coincidencia derivada de prácticas habituales.

2. ¿Cuánto cobraron y por qué?

Fuentes del Tribunal Supremo confirman que:

90 euros por hora cobraron los ponentes.

270 euros extra recibió Antonio del Moral como coordinador del curso.

Se trata de cursos obligatorios para los abogados del turno de oficio.

Estas formaciones se imparten desde hace años y se consideran parte del “deber ético de colaboración” de los magistrados.

Lo económico es menor; lo simbólico, mucho mayor. Como dijo un analista:

“No se trata de 300 euros. Se trata de las formas. De lo que representa.”

3. Las reacciones: entre la indignación y la normalización

El debate político y mediático se ha abierto en varios frentes.

3.1. Indignación: “Una falta total de decoro”

Para algunos comentaristas, el episodio roza lo inaceptable:

“Una falta total de decoro.”

“Una obscenidad institucional.”

“El Supremo no es un juzgado de primera instancia: es la cúpula judicial del Estado.”

La crítica central:
En un juicio extremadamente mediático, donde cada detalle del procedimiento fue examinado con lupa, los magistrados deberían haber evitado cualquier contacto —aunque fuese indirecto— con una de las acusaciones.

3.2. Defensa: “Es habitual, es formativo y es imposible probar influencia alguna”

Otros destacan:

Los cursos son ordinarios y estructurales.

Los magistrados suelen impartirlos por su alto nivel técnico.

Es grosero insinuar que por 300 o 400 euros cambiarían una sentencia.

El ICAM no es una persona privada, sino una institución con 75.000 colegiados.

Se trata, dicen, de una coincidencia desafortunada, pero no de una quiebra ética.

3.3. La cuestión clave: la imagen de imparcialidad

Incluso quienes defienden la legalidad del hecho admiten algo:
El problema no es jurídico, sino estético e institucional.

“La mujer del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo.”

En un contexto donde el fallo aún no se conoce por escrito y donde el juicio fue durísimo en el terreno mediático, los magistrados —según algunos analistas— deberían haber evitado cualquier actividad que pudiese generar sombra de duda.

4. ¿Puede esto anular la sentencia?

Esta es la pregunta que sobrevuela el ambiente.

Posibles argumentos para un recurso:

La impartición de cursos durante las deliberaciones podría interpretarse como una relación profesional con una de las acusaciones.

En el juicio, el presidente pregunta a todas las partes si existe relación de amistad o enemistad con las personas intervinientes.

Un magistrado como Verdugo anuló un juicio por falta de imparcialidad.

Todo podría entrar en un recurso de nulidad si la defensa lo argumenta.

Pero también hay límites:

No hay prueba de influencia directa.

Las cantidades son mínimas.

El ICAM es una institución pública y habitual en formaciones, no un actor privado con intereses comerciales.

Los expertos coinciden: anular la sentencia sería difícil, aunque no imposible.
Lo que sí está claro es que la polémica abre un flanco para la defensa de García Ortiz.

5. Un contexto político y judicial en tensión permanente

La controversia llega en un momento especialmente delicado:

El nombramiento de la nueva fiscal general, Peramato, se interpreta como continuista con García Ortiz.

El Consejo General del Poder Judicial está fracturado en tres bloques.

La relación entre Gobierno y justicia atraviesa uno de sus momentos más tensos en décadas.

La oposición —desde PP hasta Vox— prepara una batalla política en torno a la fiscalía.

Hasta ahora, el nombramiento de Peramato no ha generado “garras afiladas”, pero muchos creen que es solo cuestión de tiempo.

6. La discusión de fondo: independencia judicial, carrera profesional y presiones políticas

Varios analistas introducen un ángulo más profundo:
el poder de los partidos sobre la carrera de los jueces.

Jueces que tomaron decisiones contra grandes partidos vieron frenados sus ascensos.

El PP vetó a un magistrado clave del caso Gürtel en el Consejo General del Poder Judicial.

El PSOE tampoco controla la justicia, como demuestran condenas a figuras socialistas.

La idea general:
Los partidos no controlan a los jueces completamente, pero sí influyen en sus expectativas profesionales, lo cual puede generar incentivos invisibles.

Este episodio podría leerse, entonces, como un síntoma de las dinámicas internas del poder judicial.

7. ¿Un simple curso… o un síntoma de algo mayor?

El detalle de los cursos puede ser menor en términos materiales, pero simbólicamente es enorme.

El Supremo está bajo el escrutinio del país.

La sentencia aún no se ha hecho pública.

El caso implicó a una de las instituciones más sensibles del Estado.

La confianza ciudadana en la justicia está en niveles bajos.

Cuando tres magistrados asisten a un curso pagado por una de las acusaciones durante la deliberación, la pregunta no es si fue ilegal, sino:

¿Era responsable? ¿Era prudente? ¿Era digno del cargo?

Muchos opinan que no.

8. Las implicaciones futuras

Para el Supremo

Golpe a su imagen de neutralidad.
Nueva munición para quienes cuestionan el fallo.

Para García Ortiz

Abre una vía —política, mediática y quizá jurídica— para desacreditar la sentencia.

Para el Gobierno

Complica el contexto del nombramiento de Peramato.
Obliga a defender la independencia judicial mientras critica a una parte del poder judicial.

Para la oposición

Les permite hablar de “sistema contaminado”, “amiguismo judicial” o “falta de garantías”.

 

 

 una grieta más en un sistema ya tensionado

Lo ocurrido no es un “escándalo clásico” de sobornos o tramas; es algo más sutil pero más grave a nivel institucional:
la percepción de falta de decoro en la cúspide judicial.

La democracia se sostiene tanto por las leyes como por las formas, y en este caso las formas fallaron.
Puede que nada sea ilegal.
Puede que nada haya influido en el fallo.
Pero el daño al prestigio del Tribunal Supremo ya está hecho.