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Audios que no encajan, fechas imposibles y una investigación que apunta más alto de lo que admite el relato oficial: el caso Santos Cerdán sacude al Supremo, divide a la Guardia Civil y reabre el debate sobre si España vive una instrucción judicial… o un montaje político

La escena no era nueva, pero el clima sí. En una sala marcada por la tensión política y la desconfianza institucional, Santos Cerdán decidió acogerse a su derecho constitucional a no declarar sobre los hechos concretos que se investigan en la causa especial 20775/2020 del Tribunal Supremo. Sin embargo, lejos de guardar silencio, utilizó su comparecencia para lanzar una acusación mucho más amplia y profunda: lo que está en juego, afirmó, no es solo su reputación personal, sino el funcionamiento mismo del Estado de derecho.

El origen de todo está en unos audios. Grabaciones que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asegura haber encontrado durante el registro de la vivienda en Alicante de Koldo García, detenido en febrero de 2024 en el marco de lo que inicialmente se conoció como el “caso Koldo”. Aquella investigación derivó después en una causa de mayor alcance, implicando a figuras clave como Santos Cerdán y, de forma tangencial, a José Luis Ábalos.

Desde el primer momento, los audios se convirtieron en la piedra angular de la acusación. Son, según los informes policiales, la prueba principal que justificaría la imputación de Cerdán y que abrió la puerta a su entrada en prisión preventiva el 30 de junio del mismo año. Pero precisamente por eso, para su defensa, esos mismos audios se han transformado en el frente decisivo de la batalla judicial..

La diligencia que lo cambió todo

Hace apenas unas semanas, el Tribunal Supremo acogió una comparecencia clave ante el juez instructor Leopoldo Puente. En ella, peritos de la Guardia Civil y peritos de la defensa expusieron versiones radicalmente opuestas sobre la autenticidad de las grabaciones. Lejos de zanjar la cuestión, la diligencia abrió una grieta inquietante: los propios peritos oficiales reconocieron que no podían avalar la autenticidad total de los audios.

La frase cayó como una bomba. En un procedimiento donde la credibilidad de las pruebas es esencial, admitir que no se puede certificar plenamente la integridad de los archivos sonoros introduce una duda que lo contamina todo. ¿Cómo se construye una acusación penal sólida cuando el material probatorio presenta inconsistencias técnicas?

Uno de los puntos más polémicos se centra en las fechas y los sistemas operativos. Según la defensa, algunas grabaciones habrían sido realizadas en sistemas que no existían en el momento temporal al que se atribuyen. Desde un punto de vista técnico y científico, sostienen los peritos defensores, eso solo puede explicarse mediante edición, manipulación o reconstrucción posterior.

El relato policial bajo sospecha

A partir de esos audios, la UCO elaboró un informe en el que se afirma que, a través de la empresa Servinabar, se habrían canalizado más de 100.000 euros en beneficios indirectos para Santos Cerdán. Pagos de alquiler, uso de tarjetas de crédito y sueldos de familiares forman parte de un esquema que, según la investigación, recompensaría su papel como enlace entre Servinabar y Acciona.

Cerdán rechaza de plano esa versión. No solo niega ser socio de la empresa, sino que acusa a los investigadores de haber convertido una hipótesis policial en una certeza mediática sin respaldo probatorio suficiente. “Se ha elevado a sentencia condenatoria un atestado construido a partir de conjeturas parciales”, denunció, describiendo un proceso de “lapidación pública” que, a su juicio, vulnera frontalmente la presunción de inocencia.

En su intervención, fue más allá: aseguró que no se está investigando un delito concreto, sino a personas concretas. Personas aforadas. Según su relato, el auto del 4 de febrero ordena rastrear cualquier dispositivo electrónico, incluso aquellos aún no identificados, buscando comunicaciones con una larga lista de cargos políticos. Para Cerdán, este método no responde a una investigación garantista, sino a una lógica inquisitorial.

¿Investigación o persecución?

El lenguaje utilizado no fue casual. Al hablar de “Inquisición” y de “Estado profundo”, Cerdán situó su caso en un marco mucho más amplio, insinuando la existencia de resortes del poder que operan al margen del control democrático. En este contexto, citó un artículo reciente del magistrado emérito del Tribunal Supremo Martín Pallín, quien advertía sobre lo que definía como un “golpe judicial contra el Estado de derecho”.

La acusación es grave y, precisamente por eso, incómoda. ¿Estamos ante una instrucción judicial firme frente a una presunta trama de corrupción, o ante un procedimiento desbordado por intereses políticos, filtraciones selectivas y una narrativa mediática previamente construida?

La respuesta no es sencilla. Desde el otro lado, quienes sostienen la acusación recuerdan que los audios fueron hallados en un registro judicial autorizado, que los informes económicos apuntan a flujos de dinero difíciles de justificar y que la gravedad de los hechos exige una investigación exhaustiva, incluso cuando afecta a figuras de alto nivel.

La dimensión política del caso

El choque entre proceso judicial y responsabilidad política fue explícito en la Comisión. Mientras Cerdán se amparaba en su derecho a no declarar por existir un procedimiento en curso, se le reprochó no aprovechar la oportunidad para aclarar su papel político en una presunta trama corrupta junto a Koldo García y José Luis Ábalos.

La pregunta fue directa: ¿es usted la cabeza de la trama?
La respuesta, igualmente clara: “No pertenezco a ninguna trama corrupta ni soy la cabeza de ninguna”.

Sin embargo, el debate derivó rápidamente hacia otro terreno: Navarra, la lucha política y el final de ETA. Cerdán reivindicó su trabajo político en esa comunidad, asegurando que uno de sus objetivos fundamentales fue impedir determinados pactos de gobierno y contribuir al fin de la violencia. Para algunos, esta apelación introduce una lectura política del proceso; para otros, es una cortina de humo que desvía la atención de los hechos investigados.

El papel de los medios y la opinión pública

Mientras el procedimiento avanza en los tribunales, el juicio paralelo continúa en los medios. Titulares diarios, filtraciones parciales y reconstrucciones interesadas han convertido el caso en un espectáculo permanente. Cerdán lo calificó de “circo mediático”, rentable y fácil, aunque —según él— devastador para las instituciones.

Aquí surge otra pregunta incómoda: ¿hasta qué punto la presión mediática condiciona la instrucción judicial? ¿Y hasta qué punto la justicia puede permitirse ignorar el clima político que la rodea?

Un caso abierto, demasiadas preguntas

A día de hoy, nada está cerrado. Los audios siguen siendo analizados, las periciales continúan y las contradicciones técnicas no han sido resueltas de forma definitiva. La investigación sobre los presuntos beneficios económicos sigue su curso, mientras la defensa insiste en que todo el caso se sostiene sobre pruebas frágiles y un relato previamente diseñado.

Entre tanto, Santos Cerdán mantiene su posición: se declara inocente, niega cualquier conducta corrupta y asegura que, tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz. La pregunta es cuándo y a qué precio.

Porque más allá de la suerte personal de un dirigente político, el caso plantea un dilema mayor: si las pruebas que sostienen una acusación clave presentan fallas técnicas, ¿quién responde del daño causado?
Y si, por el contrario, esas pruebas resultan válidas, ¿qué dice de nuestro sistema que haya tardado tanto en generar confianza?

En ese terreno ambiguo, entre la sospecha y la certeza, entre la justicia y la política, el caso Cerdán sigue abierto. Y con él, una inquietud que ya no se limita a un nombre propio, sino que alcanza al corazón mismo de las instituciones españolas.