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El 18 de noviembre de 2025, se produjo un hecho sin precedentes en la justicia española: el presidente de la sala penal del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, intervino como ponente en un curso organizado por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), en pleno período de deliberaciones sobre la sentencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Durante su intervención, Martínez Arrieta declaró: “Acabo porque tengo que poner la sentencia del fiscal general del Estado”, frase que ha generado una querella criminal por presunta revelación de secretos bajo el artículo 417 del Código Penal.

El eurodiputado y abogado de los Comuns, Yauma Assens, junto con la abogada Alejandra Jacinto, presentó la querella alegando que la frase del magistrado revelaba información reservada sobre el estado de las deliberaciones, el cambio de ponencia de la magistrada inicialmente designada, Susana Polo, y la orientación del fallo, datos protegidos por el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La querella sostiene que la conducta compromete el derecho fundamental a un juicio imparcial y afecta la apariencia de imparcialidad, exigida por la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El contexto de la situación es crítico. La deliberación inicial de la sentencia estaba a cargo de Susana Polo, quien proponía un fallo absolutorio. Sin embargo, la frase de Martínez Arrieta sugiere que ya se había adoptado una mayoría que orientaba la sentencia hacia la condena, y que él asumiría la ponencia.

La intervención se produjo en un curso remunerado por una de las partes acusadoras, lo que añade un componente ético cuestionable y aumenta la percepción de posible parcialidad.

La querella señala también la participación simultánea de otros dos magistrados implicados en el mismo procedimiento, Antonio del Moral y Juan Ramón Verdugo, quienes también impartieron el curso.

Esta participación colectiva, en el contexto de deliberaciones críticas, refuerza la sospecha de que la independencia judicial podría haber sido comprometida. Además, Del Moral mantiene vínculos académicos con abogados de la parte interesada, lo que añade un elemento adicional de riesgo para la apariencia de imparcialidad.

Expertos legales y medios especializados han subrayado que revelar anticipadamente quién será el ponente y cuál es la dirección probable de la sentencia constituye una violación ética grave, aunque algunos representantes del Supremo insisten en que no se ha infringido formalmente ninguna norma de incompatibilidad.

La polémica radica en la percepción pública y en la exigencia de transparencia en procesos de alto impacto, donde la ciudadanía espera garantías de imparcialidad y objetividad.

El debate ha generado un intenso seguimiento mediático. La frase de Martínez Arrieta, pronunciada en tono humorístico ante el público del curso, es interpretada por los Comuns como un indicio claro de conocimiento anticipado sobre la sentencia y la reorganización de la ponencia.

La investigación judicial tendrá que determinar si estos hechos constituyen una vulneración del secreto de las deliberaciones y si ameritan sanción penal o disciplinaria.

La querella será evaluada por la sala 61 del Tribunal Supremo, órgano competente para juzgar a magistrados de esta instancia. La relevancia del caso no solo reside en la posible infracción legal, sino en las implicaciones para la ética y la confianza pública en la justicia española.

La ciudadanía y los partidos políticos están atentos al resultado, ya que el precedente puede impactar en futuros juicios de alto perfil.

Durante la cobertura mediática, se destacó que las deliberaciones del Tribunal ya podrían haber avanzado durante el juicio, práctica habitual en casos complejos, pero que la divulgación anticipada del ponente y de la dirección de la sentencia rompe con el principio de secreto deliberativo.

La combinación de asistencia remunerada a cursos de abogados de una de las partes y declaraciones explícitas sobre la sentencia amplifica la controversia y el escrutinio ético.

Por su parte, la defensa de García Ortiz y otros analistas jurídicos consideran que la querella constituye un desafío a la transparencia judicial y subrayan la necesidad de mantener la imparcialidad no solo en la realidad sino también en la percepción pública.

La investigación examina cuidadosamente cada declaración, registro del curso y testimonio, con el objetivo de reconstruir la cronología de los hechos y determinar responsabilidades.

El caso genera asimismo un debate sobre la práctica habitual de adelantar fallos sin publicar la argumentación completa, como ocurre en sentencias de alto perfil en España.

Mientras unos expertos justifican esta práctica por la necesidad de comunicación pública, otros consideran que anticipar incluso la ponencia rompe con la ética judicial y pone en riesgo la credibilidad del sistema.

En resumen, la querella contra Martínez Arrieta cuestiona la actuación de tres magistrados del Tribunal Supremo en un curso organizado por una de las partes acusadoras, la revelación anticipada de la ponencia y del sentido del fallo, y el impacto en la percepción de imparcialidad judicial.

La sociedad espera la resolución del procedimiento con atención, pues se trata de un episodio crítico que combina aspectos legales, éticos y mediáticos en un caso de máxima trascendencia política y judicial en España.