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Insultos, audios bajo sospecha, acusaciones de montaje con IA y una pregunta que nadie quiso responder: ¿investigación legítima… o cacería diseñada desde las cloacas del poder?

La sesión de la Comisión de Investigación del Senado que debía esclarecer presuntas irregularidades vinculadas al llamado “caso Cerdán” terminó convertida en algo muy distinto: un choque frontal entre bloques políticos, un espectáculo de interrupciones constantes y, sobre todo, la explosión de una sospecha mayor que sobrevoló toda la comparecencia como una nube tóxica: ¿se estaba investigando corrupción… o ejecutando una operación política de demolición con objetivos mucho más amplios?

Desde el primer minuto, el clima fue irrespirable. Gritos desde los escaños, acusaciones directas, interrupciones reiteradas y una tensión que obligó al presidente de la comisión a suspender la sesión por momentos para “recomponer el orden”. No era un interrogatorio técnico. Era un combate.

El detonante inicial llegó cuando Santos Cerdán, visiblemente alterado, denunció haber sido insultado desde la bancada del Partido Popular.

“Que una senadora me llame sinvergüenza gritándome desde su asiento es algo que no estoy dispuesto a soportar”, espetó, obligando a la Presidencia a intervenir. La rectificación posterior —“he dicho ‘qué vergüenza’, no ‘sinvergüenza’”— no rebajó la tensión. Al contrario: la evidenció.

Una comisión convertida en ring político

Lejos de ceñirse a un hilo conductor claro, la sesión derivó rápidamente hacia una sucesión de preguntas agresivas, muchas de ellas formuladas en tono acusatorio y con presuposiciones implícitas.

“¿Está usted investigado por pertenencia a organización criminal, cohecho o tráfico de influencias, sí o no?”, se le lanzó sin rodeos. Cerdán negó una y otra vez cualquier vinculación con una trama corrupta, insistiendo en que no pertenece ni ha pertenecido a ninguna organización de ese tipo.

Pero el choque no fue solo jurídico. Fue profundamente político.

En varios momentos, el interrogatorio abandonó los hechos concretos para transformarse en un relato global que vinculaba al compareciente con una supuesta red integrada por nombres ya conocidos del debate público: Koldo García, José Luis Ábalos y, de manera cada vez más explícita, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Ahí fue donde la sesión cambió de escala.

Zapatero entra en escena

La pregunta cayó como una bomba en la sala:
“¿Conoce usted algún vínculo del señor Zapatero con el rescate de Plus Ultra? ¿Tuvo conocimiento de que mediara en dicho rescate?”

La respuesta no llegó. Y ese silencio —calculado para unos, prudente para otros— se convirtió inmediatamente en munición política. Porque no se trataba solo de Plus Ultra.

Se trataba de insinuar que detrás del caso Cerdán existía una arquitectura política más amplia, una red de influencias que apuntaría directamente al corazón del socialismo institucional.

Cerdán negó cualquier conocimiento de esa mediación y denunció que se estaba construyendo un relato sin pruebas, elevando hipótesis policiales a categoría de sentencia mediática.

“Aquí no se investiga un delito concreto. Se investiga a personas aforadas. Se investiga para lapidar”, afirmó, acusando a la comisión de vulnerar su presunción de inocencia.

Los audios: el núcleo de la batalla

El eje central de la comparecencia giró en torno a los audios que sustentan buena parte de las acusaciones. Y fue ahí donde el compareciente lanzó su contraataque más serio: la impugnación técnica de esas grabaciones.

Según explicó, peritos de la Guardia Civil habrían reconocido ante el juez instructor que no pueden garantizar plenamente la autenticidad de los audios.

Más aún: algunos de ellos estarían supuestamente grabados en sistemas operativos que no existían en la fecha que se les atribuye. Una anomalía técnica que, de confirmarse, abriría la puerta a la hipótesis más inquietante de todas: manipulación o generación mediante inteligencia artificial.

“Una grabación de 2019 no puede realizarse con un software de 2021. Eso es científicamente imposible, salvo que haya sido editada o manipulada”, sostuvo Cerdán, citando informes periciales y declaraciones ante el Tribunal Supremo.

La acusación fue aún más lejos: no solo se trataría de audios manipulados, sino de una operación más amplia de construcción de pruebas dudosas, filtraciones interesadas y amplificación mediática.

“Si de verdad quisieran conocer la verdad, investigarían quién está detrás de estos montajes”, afirmó, insinuando la existencia de resortes del llamado “Estado profundo”.

Inteligencia artificial y periodismo bajo sospecha

Uno de los momentos más inquietantes de la sesión llegó cuando Cerdán relató la publicación de una fotografía falsa atribuida a una supuesta comida con determinadas personas, imagen que posteriormente se reconoció como generada con inteligencia artificial.

Aunque la aclaración figuraba en letra pequeña, el impacto mediático ya estaba hecho.

Para el compareciente, ese episodio no fue anecdótico, sino revelador de un patrón: el uso perverso de nuevas tecnologías para fabricar pruebas visuales, titulares y relatos capaces de destruir reputaciones antes de cualquier resolución judicial.

“No he estado nunca en esa comida. Esa foto no existe. Y aun así fue portada”, denunció, señalando directamente a una parte del ecosistema mediático por dar por bueno material artificial sin el debido contraste.

De la investigación al relato

A medida que avanzaba la sesión, la comisión parecía alejarse cada vez más de su supuesto objetivo inicial. Las preguntas se repetían, las respuestas eran sistemáticamente interrumpidas y el tono se volvía cada vez más áspero. En lugar de esclarecer hechos, se consolidaba un relato político.

Desde la bancada popular se insistía en un esquema reiterado descrito por informes de la UCO: Ábalos como cobertura institucional, Koldo como operador y Cerdán como enlace político. El compareciente rechazó de plano ese esquema, calificándolo de construcción interesada basada en conjeturas.

“Han elevado hipótesis a certezas. Han convertido un atestado policial en una sentencia mediática”, reprochó.

Junts entra en juego

La intervención de un senador de Junts añadió una dimensión adicional al debate. Lejos de alinearse con el Partido Popular, denunció lo que calificó como “teatrillo del fango” y recordó episodios pasados en Cataluña donde, según afirmó, el Estado habría fabricado relatos y montajes para erosionar causas políticas.

“No nos interesa el circo. Pero sí nos preocupa que una pieza clave del Gobierno haya pasado meses en prisión y hoy esté aquí”, señaló, introduciendo una crítica transversal al funcionamiento de las instituciones y a la utilización política de las investigaciones.

El derecho a no declarar

Finalmente, Cerdán anunció que se acogía a su derecho constitucional a no declarar, dado que existe un procedimiento judicial en curso. Lo hizo no sin antes dejar una advertencia clara: se defenderá “hasta el final” porque se considera inocente y víctima de una persecución política.

“Esto no es una comisión de investigación. Es una inquisición. No buscan la verdad, buscan confirmar un relato”, sentenció.

La pregunta que queda en el aire

La sesión concluyó sin respuestas concluyentes, pero con una sensación mucho más inquietante que cualquier dato concreto: la de estar asistiendo a algo más grande que un simple caso de presunta corrupción.

Porque, al final, la pregunta que sobrevoló toda la comisión —y que nadie logró cerrar— no fue si Cerdán es culpable o inocente, ni siquiera si los audios son auténticos o manipulados.

La verdadera pregunta fue otra, mucho más incómoda:

¿Estamos ante un ejercicio legítimo de control democrático… o ante una operación política cuidadosamente diseñada para destruir adversarios, reescribir relatos y condicionar el tablero de poder en España?