La política valenciana vuelve a situarse en el epicentro del huracán. Y esta vez no se trata solo de una tormenta meteorológica, sino de una tormenta judicial, institucional y moral que amenaza con alterar el tablero de poder en la Comunidad Valenciana.

Quince meses después de la devastadora DANA del 29 de octubre, la titular del Juzgado de Instrucción de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha dado el paso que muchos consideraban inevitable y otros creían improbable: ha elevado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que se investigue al expresident Carlos Mazón por su posible responsabilidad —por acción u omisión— en la gestión de aquella jornada trágica.

No es todavía una imputación formal. Pero es el movimiento que puede conducir a ella. Y en términos políticos, el mensaje es demoledor.

El cerco judicial tras la DANA

Durante más de un año, la jueza ha ido construyendo pieza a pieza un relato judicial basado en diligencias, declaraciones y documentación. La pregunta central es inquietante: ¿hubo negligencia grave en la gestión de la emergencia? ¿Se actuó tarde? ¿Se omitieron decisiones que podían haber salvado vidas?

La DANA dejó 230 víctimas mortales, daños materiales incalculables y una herida abierta en decenas de municipios. Desde el primer momento, la gestión fue objeto de controversia. Pero con el paso de los meses, las dudas no se disiparon. Al contrario: crecieron.

Uno de los puntos más sensibles es el retraso en la activación de determinados mecanismos de emergencia. Otro, las contradicciones en las versiones ofrecidas por Mazón sobre sus movimientos aquella noche.

Según declaraciones incorporadas a la causa, su escolta aseguró que el president llegó al Palau alrededor de las 20:10 horas. No a las cinco, ni a las seis, ni a las siete, como se había insinuado en distintos momentos. Y lo más llamativo: tras una rueda de prensa en la que anunció que “la noche sería larga”, abandonó el lugar poco después de la medianoche.

La jueza quiere saber si esas decisiones —o la ausencia de ellas— tuvieron consecuencias fatales.

El escudo del aforamiento

Pero hay un elemento clave que condiciona todo el procedimiento: el aforamiento.

Mazón continúa siendo aforado. Eso significa que no puede ser investigado por un juzgado ordinario, sino por el tribunal competente. Y aquí es donde la política entra en escena.

Partido Popular y Vox han votado en contra de levantar su aforamiento. La oposición sostiene que mantener ese blindaje equivale a impedir que comparezca ante la jueza instructora como cualquier otro ciudadano. El argumento del PP es distinto: defienden la presunción de inocencia y la necesidad de que el tribunal competente analice primero la exposición razonada.

Mientras tanto, la imagen pública se erosiona.

Porque el aforamiento no es solo una cuestión técnica. Es simbólica. Y en medio del dolor de las víctimas, cualquier percepción de privilegio pesa el doble.

Privilegios bajo la lupa

La polémica no termina en el ámbito judicial. El expresident mantiene una serie de beneficios institucionales: oficina propia, asesores, coche oficial con chófer, escolta y un sueldo público que supera los 61.700 euros brutos anuales.

Para sus detractores, es un escándalo que alguien bajo sospecha por una tragedia de tal magnitud conserve ese estatus. Para sus defensores, son derechos asociados al cargo.

Pero el debate ya no es solo jurídico. Es emocional. Y la opinión pública se mueve por percepciones tanto como por resoluciones judiciales.

La comisión, los bulos y el barro

En paralelo, la comisión de investigación en Les Corts Valencianes ha vivido momentos de tensión máxima.

Uno de los episodios más controvertidos fue la comparecencia de Rubén Gisbert, figura polémica por la difusión de informaciones no verificadas durante los días posteriores a la DANA. Sus declaraciones sobre supuestas cifras de fallecidos muy superiores a las oficiales generaron indignación y fueron desmentidas.

Su presencia en la comisión provocó protestas de asociaciones de víctimas, que cuestionaron que se le otorgara el mismo espacio que a familiares directamente afectados.

El ambiente fue tenso. Las acusaciones cruzadas elevaron el tono. Y el foco volvió a desplazarse: ya no solo se discutía la gestión institucional, sino también la batalla por el relato.

El otro frente: viviendas públicas y especulación

Cuando parecía que el caso DANA monopolizaba la agenda, estalló otro escándalo en Alicante.

Después de más de dos décadas sin promociones de vivienda protegida en determinadas zonas, una nueva urbanización salió a la luz… y con ella, una cadena de irregularidades que ha generado sospechas.

Según datos difundidos en investigaciones periodísticas, más del 30% de las viviendas adjudicadas no tienen a nadie empadronado. Es decir, no están siendo utilizadas como residencia habitual.

Algunas habrían aparecido en portales inmobiliarios por cifras cercanas a los 400.000 euros. El problema es que fueron adquiridas como viviendas de protección oficial, con precios muy inferiores.

La Policía Local ha confirmado la ausencia de empadronamientos en decenas de inmuebles. La pregunta es inevitable: ¿se concedieron para vivir o para especular?

En una de las promociones, varios miembros de una misma familia —jóvenes de entre 18 y 24 años— habrían resultado adjudicatarios de distintas viviendas. Legalmente posible, quizá. Éticamente cuestionable, sin duda.

El patrón valenciano

Para la oposición, estos episodios no son aislados. Hablan de un “patrón”. Recuerdan etapas anteriores del PP valenciano marcadas por escándalos judiciales. Evocan nombres del pasado y advierten de que la historia podría repetirse.

El gobierno autonómico rechaza esas acusaciones y denuncia una campaña de desgaste político.

Pero la coincidencia temporal de la ofensiva judicial por la DANA y las sospechas sobre vivienda pública crea una tormenta perfecta.

La decisión clave

Ahora todo depende del tribunal competente. Será la instancia superior la que determine si existen indicios suficientes para imputar formalmente a Mazón.

Si lo hace, el impacto político será inmediato. Si no lo hace, el debate no desaparecerá.

Porque más allá de la decisión judicial, hay una cuestión de fondo: la confianza.

Confianza en las instituciones.
Confianza en la gestión de emergencias.
Confianza en la transparencia de los procesos públicos.

Una herida que no cierra

Las víctimas siguen esperando respuestas. Las familias quieren claridad. Y la sociedad valenciana observa.

La DANA fue una tragedia natural. Pero la gestión de una tragedia no es natural: es política.

Quince meses después, la pregunta sigue flotando en el aire: ¿se pudo hacer más?

La jueza cree que hay elementos suficientes para investigarlo en profundidad. El aforamiento mantiene la tensión en el plano institucional. Y el escándalo de las viviendas añade combustible a un clima ya inflamable.

Valencia vive horas decisivas.

Y lo que comenzó como una tormenta meteorológica podría acabar convirtiéndose en el mayor terremoto político de la legislatura.