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Hay declaraciones que caen como una piedra en el centro del tablero político y jurídico internacional. No hacen ruido inmediato, pero generan ondas largas, incómodas, imposibles de frenar. Eso es exactamente lo que ha ocurrido tras las palabras de Baltasar Garzón, quien ha puesto sobre la mesa una posibilidad que hasta ahora muchos preferían no nombrar en voz alta: llevar a Donald Trump ante la Corte Penal Internacional por la actuación de Estados Unidos en Venezuela.

No es una frase lanzada al aire. No es una provocación retórica. Es un planteamiento jurídico concreto, con artículos, precedentes y responsabilidades claras. Y mientras esa posibilidad se abre paso, en España una figura queda especialmente expuesta: Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, atrapado entre su relato político y una realidad internacional que avanza en dirección opuesta.

No es cambio de régimen: es petróleo

El primer gran mito que Garzón desmonta es el del supuesto “cambio de régimen”. Según el exmagistrado, lo que se está viviendo en Venezuela no responde a una estrategia para democratizar el país, sino a una operación económica con un objetivo central: el control del petróleo.

Las propias palabras y movimientos de Donald Trump lo evidencian. El plan, tal como ha sido descrito, se estructura en tres fases perfectamente definidas, y en todas ellas hay un elemento común que lo atraviesa todo: el dinero, la energía, los hidrocarburos.

La fase inicial habla de “estabilización”, pero esa estabilidad no se refiere a derechos humanos ni a libertades políticas, sino a seguridad operativa y control de la producción petrolera. Supervisar la exportación, asegurar el flujo, evitar el caos que pueda interferir en el negocio.

La segunda fase promete reconstrucción económica, amnistías selectivas y reapertura del mercado… pero con una condición clave: abrir el sector petrolero a las empresas estadounidenses. Aquí entran en juego cifras astronómicas. ConocoPhillips reclama más de 12.000 millones de dólares. ExxonMobil eleva la cifra hasta los 20.000 millones. Chevron, curiosamente, parte con ventaja por haber mantenido presencia en Venezuela gracias a licencias especiales.

La tercera fase, ya envuelta en un lenguaje más político, habla de transición democrática y elecciones. Pero para entonces, el tablero económico ya estaría completamente rediseñado.

Desde esta perspectiva, hablar de democracia resulta, como mínimo, ingenuo.

La ilegalidad flagrante que nadie quiere mirar

Baltasar Garzón es tajante: nada de lo ocurrido es legal. Ni desde el punto de vista del derecho internacional, ni desde el derecho interno de Estados Unidos.

La intervención militar, el uso desmesurado de la fuerza, la muerte de cerca de un centenar de personas, el secuestro de un presidente en ejercicio y de su esposa… todo ello constituye una de las violaciones más graves que se pueden cometer a nivel internacional.

Ni siquiera existía autorización del Congreso estadounidense. El pretexto utilizado —la ejecución de una orden de detención por narcotráfico o narcoterrorismo— se cae por su propio peso. El llamado “cártel de los soles”, insiste Garzón, no existe. Nunca ha existido. Y ahora lo reconoce la propia administración norteamericana.

Durante años, esa narrativa fue utilizada sin análisis, amplificada por intereses políticos y mediáticos. Quienes se atrevieron a cuestionarla fueron ignorados o desacreditados. Hoy, el castillo de naipes empieza a derrumbarse.

El silencio europeo: una derrota moral

Uno de los aspectos más inquietantes de todo este episodio es la reacción —o más bien la ausencia de reacción— de Europa. La respuesta europea ha sido tibia, fragmentada, casi muda. Y para Garzón, ese silencio no es neutral: es una forma de complicidad.

La Unión Europea, recuerda, está formada por Estados que son parte del Estatuto de Roma. Ese mismo estatuto, en su artículo 14, permite —y obliga— a los Estados a remitir situaciones a la Corte Penal Internacional cuando se producen crímenes de esta gravedad.

Venezuela es Estado parte del Estatuto de Roma. El territorio donde se han cometido los hechos también. Por tanto, existe base jurídica suficiente para que cualquier país europeo promueva una acción ante la Corte.

La pregunta es demoledora: ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué tantas declaraciones vacías y ninguna acción concreta?

El precedente es peligroso. Si se normaliza esta impunidad, cualquier agresión futura quedará automáticamente legitimada. El derecho internacional se convierte entonces en un decorado, en un discurso sin dientes.

Trump ante la Corte Penal Internacional: ¿una posibilidad real?

Muchos se apresuran a responder que Estados Unidos no forma parte de la Corte Penal Internacional. Pero ese argumento ya ha sido desmontado en otros casos. Palestina, por ejemplo, es miembro del Estatuto de Roma, y eso ha permitido actuaciones judiciales pese a que Israel no lo sea.

La clave no es la nacionalidad del agresor, sino el territorio donde se comete el crimen. Y en este caso, ese territorio es Venezuela.

Garzón va más allá: no solo es posible denunciar a Trump, sino que los Estados tendrían la obligación moral y jurídica de hacerlo. No actuar ahora significa aceptar que la fuerza se impone al derecho.

¿Cambio de régimen o estrategia geopolítica?

Carlos Malamud introduce un matiz clave: lo ocurrido no es exactamente un cambio de régimen, pero tampoco puede reducirse solo al petróleo. El régimen chavista, como estructura, sigue intacto. Las figuras clave continúan en el poder: la vicepresidenta, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, los principales operadores políticos.

La detención de Nicolás Maduro no ha supuesto la caída del sistema. Ha sido una decapitación simbólica, no estructural. Una operación quirúrgica destinada a enviar un mensaje y a reordenar intereses.

En el trasfondo, la gran obsesión estratégica de Estados Unidos: China. Cortar su influencia en América Latina, asegurar recursos energéticos y reforzar su control del hemisferio occidental. El llamado “corolario Trump” de la doctrina Monroe vuelve a escena con fuerza.

Pero aquí surge otro límite: el mercado estadounidense no está en condiciones de sustituir al mercado chino como principal receptor de exportaciones latinoamericanas. Ya lo intentaron Bolsonaro y Milei. Ambos chocaron con la realidad económica.

China no va a renunciar a sus intereses. Y la tensión, lejos de disminuir, va a aumentar.

Feijóo, atrapado entre Trump y el derecho internacional

En este escenario, la posición de Alberto Núñez Feijóo queda seriamente comprometida. Durante días, el Partido Popular ha evitado una condena clara y rotunda de la actuación de Trump. Ha hablado de dudas, de matices, de interpretaciones. Pero no ha hablado de ilegalidad.

Ese silencio contrasta con la contundencia de las voces jurídicas y con la postura del Gobierno español, que insiste en que la respuesta a una ilegalidad no puede ser otra ilegalidad.

Mientras Pedro Sánchez defiende la soberanía venezolana y el derecho de los pueblos a decidir su futuro sin injerencias externas, Feijóo aparece desdibujado, incapaz de marcar una línea clara. Y en política internacional, la indefinición se paga.

No es solo una cuestión de Venezuela. Es una cuestión de modelo de mundo. De reglas o fuerza. De diplomacia o imposición.

El derecho internacional como última frontera

Garzón lo resume con una frase que resuena como advertencia: la violación del derecho internacional es siempre una derrota, incluso allí donde no hay democracia. Y es, sobre todo, un precedente peligroso para la paz y la seguridad global.

España, dice el Gobierno, seguirá defendiendo la soberanía venezolana, el diálogo y una transición decidida por los propios venezolanos. No por intereses extranjeros. No por agendas económicas ocultas.

En un mundo donde el ruido mediático lo invade todo, este caso plantea una pregunta esencial: ¿seguirá existiendo el derecho internacional como herramienta real o quedará reducido a un discurso vacío?

El anuncio de Baltasar Garzón abre una grieta que ya no se puede cerrar fácilmente. Porque por primera vez, la posibilidad de sentar a Donald Trump ante un tribunal internacional deja de ser una hipótesis académica y empieza a tomar forma como escenario político y jurídico.

Y en ese nuevo tablero, algunos líderes quedan expuestos. Otros toman posición. Y el silencio, más que nunca, deja de ser una opción neutral.