La justicia española atraviesa uno de sus momentos más oscuros, más tensos y más cuestionados desde la Transición. Lo que comenzó como un procedimiento penal por fraude fiscal contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha terminado convirtiéndose en una tormenta política, judicial y mediática que amenaza con erosionar la credibilidad de las instituciones.
Mientras Alberto González Amador, pareja sentimental de Ayuso, sigue sin fecha de juicio por presuntos delitos de fraude fiscal, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal, el Fiscal General del Estado ha sido condenado por una supuesta revelación de secretos sin pruebas directas, en un proceso que ha encendido todas las alarmas democráticas.
La pregunta ya no es solo qué está ocurriendo.
La pregunta es por qué está ocurriendo.
Una denuncia que sacude los cimientos del sistema
La Asociación Libre de la Abogacía ha lanzado una acusación explosiva: el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) estaría utilizando recursos institucionales para favorecer la impunidad de González Amador, mientras actúa con una dureza sin precedentes contra el Fiscal General del Estado.
El comunicado es demoledor. Según la asociación, el ICAM habría ejercido la acusación contra el fiscal general no en defensa del interés público, sino con el objetivo de anular o retrasar el juicio del novio de Ayuso hasta después de las elecciones autonómicas de 2027.
Una acusación gravísima que, de confirmarse, situaría a una de las instituciones colegiales más importantes de España en el centro de una operación político-judicial de gran calado.
Dos velocidades, una sola justicia… o no
El contraste no puede ser más llamativo.
Por un lado:
El Fiscal General del Estado, condenado en apenas una semana tras conocerse el fallo.
Sin sentencia redactada.
Sin pruebas directas.
Con una filtración cuya autoría nadie ha podido demostrar.
Por otro:
El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, investigado por defraudar presuntamente 350.000 euros al fisco, mediante facturas falsas.
Sin escrito de defensa completo.
Con documentación pendiente de aportar.
Con el juicio paralizado sine die.
La conclusión es inquietante: no todos los casos avanzan al mismo ritmo.
La sombra del ICAM y las relaciones incómodas
La actuación del Colegio de Abogados de Madrid ha generado una ola de indignación entre juristas, colegiados y analistas judiciales. ¿Qué papel juega una institución profesional ejerciendo la acusación popular contra el fiscal general mientras defiende, de facto, las tesis de un particular acusado de delitos fiscales?
La sospecha crece al conocerse que el ICAM ha recibido recientemente el visto bueno del Gobierno de la Comunidad de Madrid —presidido por Ayuso— para crear un centro universitario privado, con grados y másteres jurídicos cuyos precios cuadruplican los de la universidad pública.
Las fechas no pasan desapercibidas:
Autorización acelerada.
Publicación en el boletín oficial días antes de conocerse el fallo condenatorio.
Coincidencias que, como mínimo, generan incomodidad democrática.
El caso González Amador: el origen del terremoto
Alberto González Amador no es un ciudadano anónimo. Es el hombre que comparte vida, vivienda y patrimonio con la presidenta madrileña. Según la investigación judicial, habría:
Defraudado cientos de miles de euros.
Utilizado facturas falsas.
Participado en operaciones opacas durante la pandemia.
Obtenido beneficios millonarios en contratos vinculados a mascarillas.
Y, sin embargo, el foco mediático y judicial parece haberse desplazado lejos de él.
El fiscal condenado sin pruebas
El caso del Fiscal General del Estado ha marcado un antes y un después. La condena se basa en una supuesta filtración de un correo electrónico que contenía la confesión del fraude por parte de González Amador.
Pero hay un problema:
👉 nadie ha demostrado que esa filtración saliera del fiscal general.
Juristas de todas las sensibilidades coinciden en algo inusual: no existen pruebas directas, solo inferencias, deducciones y una narrativa construida a posteriori.
Incluso el propio Tribunal Supremo, al admitir a trámite el caso, reconoció que la nota de prensa emitida por la Fiscalía no contenía secretos, ya que la información era de dominio público.
¿Justicia creativa o justicia política?
La condena ha reabierto un debate incómodo: el papel del Tribunal Supremo y la politización de la justicia.
Numerosos analistas recuerdan precedentes inquietantes:
Investigaciones por terrorismo sin base real.
Doctrinas jurídicas inéditas como el “enriquecimiento sin enriquecimiento”.
Sentencias divididas en bloques ideológicos.
La pregunta flota en el ambiente:
¿Se está utilizando la justicia para ajustar cuentas políticas?
Ayuso siempre gana
Para muchos observadores, el patrón se repite.
Cada vez que un escándalo roza a Isabel Díaz Ayuso o a su entorno:
Alguien cae.
Pero nunca ella.
Pasó con su hermano.
Pasó con contratos públicos.
Pasó con residencias de ancianos.
Y ahora, vuelve a pasar con su pareja.
El resultado es demoledor para la confianza ciudadana: la sensación de impunidad.
Una democracia bajo estrés
Lo que está en juego no es solo un juicio ni una condena. Es la percepción de que el Estado de derecho puede ser manipulado, retorcido o utilizado selectivamente.
Cuando un fiscal general es condenado sin pruebas claras y un presunto defraudador fiscal ve su causa paralizada, la democracia tiembla.
No por una sentencia.
Sino por el mensaje que transmite.
¿Hay salida?
Pese al panorama sombrío, algunos mantienen la esperanza. El Tribunal Constitucional y la justicia europea aparecen como última barrera frente a los excesos.
La historia reciente demuestra que:
Muchas condenas polémicas han sido revertidas.
Muchas decisiones “firmes” no lo fueron tanto.
La justicia, aunque lenta, a veces corrige sus errores.
Pero el daño ya está hecho.
Una bomba que sigue activa
Este no es un caso cerrado.
Es una bomba judicial, política y moral que seguirá explotando en los próximos meses.
Porque la pregunta final sigue sin respuesta:
👉 ¿Quién protege a quién en la justicia española?
Y hasta que esa pregunta no tenga una respuesta clara, la desconfianza seguirá creciendo.
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