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La polémica que estalló tras la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha abierto un abismo político y mediático sin precedentes. Pero en paralelo a la tormenta institucional, un “caso dentro del caso” ha vuelto al primer plano: la historia de la hija de Manuel Marchena —presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo— y la controvertida recolocación que, para muchos, simboliza la opacidad y el amiguismo dentro del poder judicial español.

Antonio Maestre, periodista y analista político, puso nuevamente el foco sobre este episodio que la judicatura preferiría enterrar. Y lo hizo en un contexto especialmente inflamable: el día en que se hizo pública la sentencia que aparta al fiscal general del Estado, decisión celebrada por el Partido Popular como una victoria estratégica tras años de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial.

Lo que emerge, según Maestre, no es solo un fallo judicial, sino un entramado político-judicial cuidadosamente tejido durante más de dos décadas, donde nombres, favores y estructuras institucionales se entrelazan para sostener un bloque de poder de orientación conservadora.

La historia prohibida: la hija de Marchena y la plaza “única” de fiscal

Todo comienza con un hecho que, según Maestre, “no tenía precedentes en la historia reciente de la Escuela Judicial”. Sofía Marchena, hija del magistrado Manuel Marchena, aprobó la oposición para juez o fiscal e ingresó en la Escuela Judicial. Sin embargo, poco después abandonó su formación por motivos de salud.

Hasta aquí, nada irregular.

La anomalía llega después: cuando se recupera, no regresa a la Escuela Judicial, sino que es reubicada directamente en una plaza de fiscal creada ad hoc para ella, una decisión impulsada por la entonces directora de la Escuela Judicial, Gema Espinosa. Y es aquí donde el escándalo alcanza una dimensión política: Espinosa es esposa de Pablo Llarena, instructor del caso Procés en el Tribunal Supremo, y actualmente candidata a vocal del CGPJ propuesta por el PP.

Para Maestre, el caso es una muestra palmaria de cómo se mueven los engranajes del poder dentro de la justicia española.

“Es una situación inédita, jurídicamente discutible, y adoptada por un órgano —el CGPJ— que lleva años cuestionado por su bloqueo, su sesgo y su falta de renovación.”

Sostiene que una plaza creada específicamente para la hija del presidente de la Sala Segunda del Supremo constituye un ejemplo evidente de “pago de favores” dentro de un ecosistema judicial que no es, como se presenta públicamente, un templo de imparcialidad, sino un territorio donde, igual que en política, existen corrientes, bloques, fidelidades y estrategias.

Marchena: ¿jurista excepcional o arquitecto de un bloque de poder?

La figura de Manuel Marchena es central. Considerado por algunos como uno de los juristas más brillantes del país, es igualmente percibido por otros como el eje vertebrador del bloque judicial conservador. Su papel en el juicio del Procés, su casi-nombramiento como presidente del Supremo y del CGPJ —abortado tras el famoso mensaje de Ignacio Cosidó— y su influencia interna en la Sala Segunda lo han convertido en un personaje tan admirado como temido.

No es gratuito que Maestre lo llame “intocable”: Marchena ha logrado situarse en una posición de poder casi inexpugnable, donde toda crítica es neutralizada por su reputación técnica y su control interno de la sala más sensible de todo el Tribunal Supremo: la encargada de juzgar a aforados, políticos y grandes casos de corrupción.

El mensaje de Cosidó: el pecado original

Es imposible entender la crisis actual sin regresar a noviembre de 2018, cuando se filtró el mensaje que Ignacio Cosidó, entonces portavoz del PP en el Senado, envió a su grupo parlamentario. En él afirmaba que, con el pacto alcanzado con el PSOE para renovar el CGPJ, el PP podría “controlar la Sala Segunda por detrás” gracias a la presidencia de Marchena.

Aquella filtración —que Marchena nunca perdonó— frustró su ascenso. Pero más importante aún: reveló al público lo que políticos, jueces y periodistas sabían desde hacía décadas.

“La Sala Segunda es el objeto de deseo de los partidos.”

Aquí es donde Maestre se detiene: para él, la sentencia contra el fiscal general solo puede entenderse como el enésimo episodio de esa guerra por el control del poder judicial.

Una sentencia que nace marcada: rapidez sospechosa y ponencia cambiada

Uno de los elementos más llamativos es la velocidad con la que se conoció el fallo: apenas un día después de que el juicio quedara visto para sentencia. Maestre afirma que la decisión estaba tomada desde el viernes anterior, es decir, prácticamente 24 horas después de la última sesión.

Y más aún:

La ponente, Susana Polo, perteneciente al bloque progresista, había redactado una propuesta de absolución.

Sin embargo, al quedar en minoría, no firmó la sentencia, que pasó a manos del presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta.

Arrieta, considerado hasta ahora un perfil moderado, se alineó con la mayoría conservadora.

Marchena, aunque no formaba parte del tribunal, habría sido —según Maestre— “el autor intelectual” de la sentencia.

Para él, la coreografía es clara: el bloque conservador actuó con una anticipación y una unanimidad que indican que la condena estaba decidida mucho antes de escuchar a testigos, peritos o defensas.

El Supremo como tribunal político

Maestre plantea algo explosivo:

“España es un país donde se puede anticipar una condena con solo conocer la ideología de los jueces.”

Y ofrece una prueba demoledora: meses antes del juicio, él mismo predijo un resultado de cinco votos a favor de la condena y dos en contra. Y así fue.

Según su análisis, los cinco magistrados del bloque conservador deben su presencia en el Supremo a decisiones políticas adoptadas por CGPJs con mayoría conservadora, especialmente durante los gobiernos de Aznar y Rajoy. A su juicio, la Sala Segunda lleva décadas configurándose con magistrados afines al PP, que ahora ocupan puestos clave.

La consecuencia inmediata: Oxígeno para la defensa del novio de Ayuso

La defensa de González Amador —pareja de la presidenta madrileña— buscaba exactamente esto: una sentencia anterior al juicio que él afrontará en 2026 por delitos fiscales, falsedad documental, contabilidad fraudulenta y pertenencia a grupo criminal.

Con la condena al fiscal general, su abogado podrá pedir la nulidad del procedimiento. Si no prospera, utilizará el fallo como arma retórica para defender una supuesta persecución política.

La estrategia, según Maestre, ha salido perfectamente según lo previsto.

Los votos particulares: el contraataque interno

Dos magistradas —Susana Polo y Ana Ferrer— emitirán votos particulares especialmente duros, advirtiendo que, con los mismos hechos, era perfectamente posible dictar una absolución. Es más: que la tesis absolutoria era jurídicamente más sólida.

Los votos serán esenciales cuando el caso llegue al Tribunal Constitucional, donde previsiblemente la condena podría ser revocada.

Un país que ya no cree en la imparcialidad judicial

Para Maestre, la consecuencia más grave de todo este proceso es que la ciudadanía ha perdido la ficción de imparcialidad que protegía al Tribunal Supremo.

“La sentencia ha roto definitivamente la máscara.”

La ciudadanía, dice, ya sabe que los jueces no fallan al margen de la política: fallan desde dentro de ella.

un terremoto que no ha hecho más que comenzar

El caso del fiscal general, la reubicación irregular de la hija de Marchena, el mensaje de Cosidó, el bloqueo del CGPJ, las alianzas internas y la velocidad sospechosa del fallo dibujan un panorama inquietante: un poder judicial convertido en campo de batalla política, donde cada sentencia es interpretada como una victoria o una derrota partidista.

España entra en una fase donde el Tribunal Supremo, el Constitucional y el Gobierno podrían chocar frontalmente.

Y, según Maestre, esto no es el final.

Es la primera sacudida de un terremoto institucional mucho mayor.