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En los últimos días, la política española ha entrado en una fase de ruido extremo, una especie de tormenta perfecta en la que se mezclan filtraciones judiciales, acusaciones cruzadas, mensajes enigmáticos, declaraciones temerarias y una creciente sospecha sobre la utilización estratégica de información reservada. En el centro de ese torbellino aparece el Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y la dirección nacional atrapados en una dinámica que ya no controlan del todo.

Lo que comenzó como una sucesión de declaraciones altisonantes ha acabado configurando una narrativa inquietante: ¿maneja la política información judicial privilegiada?, ¿se anticipan determinados movimientos procesales desde los despachos de partido?, ¿hasta qué punto el discurso público se construye sobre datos contrastados o sobre simples operaciones de desgaste?

Mensajes que nadie entiende

Uno de los episodios más llamativos —y simbólicos— de este clima es la revelación de que Alberto Núñez Feijóo habría enviado mensajes de texto incomprensibles, supuestamente por error, a interlocutores que no eran sus destinatarios reales. Mensajes con frases crípticas, referencias a “tanganas”, entradas y salidas “por la puerta de atrás”, construcciones que no parecen casuales ni improvisadas.

La explicación más benévola apunta a errores técnicos o despistes humanos. La más inquietante sugiere la existencia de lenguajes en clave, diseñados para esquivar controles, filtraciones o eventuales accesos indebidos a las comunicaciones. En un contexto donde cada palabra puede convertirse en munición política, la mera posibilidad de que un líder de la oposición recurra a códigos privados resulta, como mínimo, perturbadora.

No hay pruebas de ilegalidad. Pero la sospecha, en política, tiene vida propia.

Filtrar no es informar

El debate sobre las filtraciones ha vuelto al primer plano. Periodistas y juristas coinciden en una distinción esencial: el periodista publica, el político no debe filtrar. La libertad de información ampara al primero; el deber de reserva obliga al segundo. Cuando esa frontera se difumina, el sistema entero empieza a resquebrajarse.

En las últimas semanas, varios dirigentes del Partido Popular han anunciado públicamente detenciones, imputaciones y movimientos judiciales futuros que, o bien no se han producido, o bien se han cumplido con una precisión que despierta interrogantes incómodos. ¿Estrategia política? ¿Brindis al sol? ¿O conocimiento anticipado de actuaciones reservadas?

El problema no es solo jurídico. Es institucional. Porque cada anuncio fallido erosiona la credibilidad del sistema, pero cada anuncio acertado sin explicación plausible alimenta la idea de un poder que juega con cartas marcadas.

La retórica del miedo

En paralelo, el discurso político se ha ido deslizando hacia un terreno cada vez más alarmista. Declaraciones que resucitan amenazas inexistentes, advertencias sobre enemigos internos, exageraciones que convierten hipótesis en certezas. Cuando se afirma, por ejemplo, que organizaciones terroristas inexistentes “siguen vivas” o que se prepara un asalto inminente a territorios democráticos, no se está informando: se está fabricando miedo.

Ese miedo cumple una función clara: cohesionar a los propios, deslegitimar al adversario y justificar cualquier exceso retórico. Es una estrategia conocida, repetida y eficaz. Pero también profundamente corrosiva.

Ayuso y la normalización de la mentira

Isabel Díaz Ayuso ocupa un lugar central en este escenario. Su estilo político, basado en la confrontación permanente y la simplificación extrema, ha logrado convertir afirmaciones desmentidas en hechos normalizados. La reiteración sustituye a la prueba; la seguridad en el tono reemplaza a la veracidad.

Cuando una dirigente política desacredita públicamente a instituciones como la Guardia Civil o Correos, y no paga ningún precio político por ello, algo se ha roto en el pacto democrático implícito. La mentira deja de ser una anomalía para convertirse en una herramienta legítima.

Feijóo: atrapado entre dos fuegos

Feijóo, por su parte, aparece cada vez más desdibujado. Atrapado entre el empuje de Ayuso y la presión de la ultraderecha, su liderazgo parece diluirse en una estrategia reactiva, sin perfil propio. El Feijóo institucional, moderado, gallego, ha dado paso a un dirigente que responde más a los impulsos del entorno que a una visión clara de país.

Los mensajes en clave, reales o no, se convierten así en una metáfora perfecta: un liderazgo que emite señales confusas, que no sabe bien a quién habla ni qué quiere decir.

El problema de fondo: la justicia como campo de batalla

Todo este ruido apunta a una cuestión estructural mucho más grave: la instrumentalización de la justicia. Cuando los procedimientos judiciales se convierten en armas arrojadizas, cuando se anticipan resoluciones para ganar titulares, cuando se presiona públicamente a jueces, fiscales o cuerpos policiales, la separación de poderes deja de ser un principio abstracto para convertirse en una urgencia democrática.

España no es una excepción. Pero la acumulación de episodios recientes sugiere una deriva peligrosa, donde el descrédito institucional se normaliza y la sospecha se convierte en moneda corriente.

Democracia a la intemperie

Vivimos tiempos extraños. Tiempos en los que candidatos señalados por mentir siguen siendo presentados como opciones naturales de gobierno. Tiempos en los que se acusa de “robar la democracia” sin pruebas, mientras los verdaderos delitos se diluyen en el ruido. Tiempos en los que la indignación selectiva sustituye al análisis riguroso.

La pregunta ya no es quién filtra, quién miente o quién exagera. La pregunta es cuánto puede resistir una democracia cuando la verdad deja de importar.

Porque al final, entre mensajes en clave, filtraciones interesadas y discursos inflamados, lo que está en juego no es un titular más. Es la credibilidad misma del sistema.