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La política madrileña ha entrado en una fase de tensión máxima, una de esas etapas en las que los datos dejan de ser simples cifras y se convierten en armas arrojadizas. En el centro del huracán vuelve a estar Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, rodeada de un relato que mezcla sanidad privatizada, facturas millonarias, opacidad contable, investigaciones judiciales y una guerra abierta contra periodistas y adversarios políticos.

El detonante ha sido un informe oficial. No una filtración anónima ni un panfleto ideológico. Un informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, un órgano que difícilmente puede calificarse de “radical” o “antisistema”. Sus conclusiones han provocado un auténtico terremoto político: los hospitales de gestión público-privada de Quirón y Ribera Salud facturaron al Gobierno de Ayuso casi 2.200 millones de euros en un solo año.

2.194 millones: el número que lo cambia todo

El documento fija la cifra exacta en 2.194 millones de euros correspondientes a 2024. Cuatro hospitales gestionados por Quirón y uno por Ribera Salud bajo el modelo de concesión administrativa. Un modelo que el Gobierno regional defiende como ejemplo de eficiencia, pero que, según el propio órgano fiscalizador, sale mucho más caro a los contribuyentes madrileños que la gestión 100% pública.

La paradoja es evidente: mientras Ayuso reivindica la “libertad” y presume de una sanidad “moderna y competitiva”, los números reflejan un sobrecoste del 60% respecto a otros modelos. Y no solo eso. El informe advierte de una opacidad estructural que hace prácticamente imposible saber cuánto cuesta realmente cada hospital cada año.

Pagos por concesión, atrasos reconocidos, intereses de demora, reequilibrios económicos reclamados por las empresas concesionarias… Un laberinto contable que termina siempre en el mismo sitio: más dinero público fluyendo hacia operadores privados.

900 millones en atrasos y un sistema imposible de auditar

Uno de los aspectos más inquietantes del informe es el reconocimiento de 900 millones de euros en atrasos. Una cifra que no responde a un hecho puntual, sino a una dinámica permanente. Año tras año, los costes se recalculan, se ajustan, se renegocian.

El resultado es demoledor: nadie puede afirmar con certeza cuánto cuesta realmente un hospital de gestión privada en Madrid. Mientras tanto, los hospitales públicos tradicionales ven cómo pierden financiación, recursos… y pacientes.

El caso del Hospital de La Paz es especialmente ilustrativo: casi 50.000 pacientes menos, mientras los centros gestionados por Quirón reciben más de 155.000 pacientes derivados desde otros hospitales públicos. El Hospital de Torrejón, por ejemplo, incrementó un 22% el número de pacientes externos en un solo año.

¿Sanidad para quién?

La pregunta empieza a repetirse con insistencia:
¿Para quién funciona bien el sistema sanitario madrileño?

Los datos parecen claros. Funciona bien para los grandes grupos privados, que han ingresado 6.663 millones de euros en los últimos seis años, una media superior a 1.300 millones anuales. Funciona bien para quienes gestionan hospitales como si fueran activos financieros. Pero no necesariamente para los ciudadanos que sufren listas de espera récord y saturación en la atención primaria.

Mientras tanto, Ayuso insiste en su relato: Madrid como “freno al totalitarismo”, como “ejemplo de libertad”. Un discurso que choca frontalmente con la realidad que describen los informes oficiales.

El cinismo político y el lenguaje al revés

Quienes siguen de cerca la política madrileña coinciden en una idea recurrente: a Ayuso hay que leerla al revés. Cuando presume de servicios públicos, los datos muestran recortes. Cuando habla de transparencia, aparecen contratos opacos. Cuando acusa a otros de sectarismo, su entorno despliega una estrategia de confrontación permanente.

La presidenta agradece públicamente a los servidores públicos mientras estrangula financieramente la sanidad y la educación públicas. Universidades asfixiadas, hospitales tensionados, y una clara transferencia de fondos hacia el sector privado.

El otro frente: comidas, poder y dinero público

Como si el escándalo sanitario no fuera suficiente, otro asunto ha reavivado la polémica: los gastos en comidas de trabajo de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso.

Según diversas informaciones periodísticas, Rodríguez duplicó su gasto medio en comidas precisamente en los meses clave de la investigación judicial sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta. En marzo de 2025, el mes en que la justicia amplió la investigación, llegó a tener 15 citas, con facturas que alcanzan los 427 euros en un solo día.

En cuatro años, el gasto total supera los 58.000 euros, pagados con dinero público, mientras Rodríguez percibe un salario cercano a los 100.000 euros anuales.

¿Es legal? Probablemente.
¿Es ético? Esa es la pregunta que divide a la opinión pública.

Coincidencias demasiado oportunas

Las fechas no pasan desapercibidas. Días clave en los que se difundieron bulos, momentos en los que la presión judicial aumentaba, jornadas en las que el gasto en comidas y cenas se disparaba. ¿Coincidencias? ¿Estrategia comunicativa? ¿Reuniones para apagar incendios mediáticos?

Para muchos analistas, no se trata del dinero en sí, sino del contexto. El uso de recursos públicos en momentos críticos para defender intereses privados plantea un serio problema político.

Periodistas bajo presión

El clima se enrarece aún más con las denuncias de amenazas veladas a medios de comunicación. Directores de periódicos aseguran haber recibido mensajes en los que se cuestiona el accionariado de sus empresas o se intenta condicionar su línea editorial.

Un escenario inquietante para una comunidad que se presenta como bastión de la libertad de prensa.

El fantasma de la corrupción política

El debate sube de tono cuando se menciona a la pareja de Ayuso. Una investigación judicial abierta, una pieza separada aún en curso, y una acusación política que resuena con fuerza: presunta complicidad en un caso de corrupción.

Legalmente, la presunción de inocencia sigue intacta. Políticamente, el daño ya está hecho. Vivir en un ático de lujo, ingresos millonarios durante la pandemia, un fraude fiscal reconocido… El relato es explosivo.

Ayuso y el discurso del antifranquismo selectivo

La contradicción se amplifica cuando Ayuso se erige en defensora contra el “totalitarismo” mientras evita condenar de forma clara el franquismo. Un discurso que muchos consideran negacionista y que reabre heridas históricas.

Frenar el totalitarismo, recuerdan algunos, empieza por condenar las dictaduras reales, no por usar la palabra como arma retórica contra adversarios políticos.

¿Hacia dónde camina Madrid en 2026?

Con el horizonte electoral cada vez más cerca, la pregunta es inevitable:
¿Estamos ante un modelo agotado o ante un sistema que seguirá profundizando en la privatización y la confrontación?

La sanidad madrileña se ha convertido en el gran campo de batalla. Los números están sobre la mesa. Las investigaciones avanzan. Y el relato oficial empieza a mostrar grietas.

Lo que ocurra en los próximos meses marcará no solo el futuro político de Isabel Díaz Ayuso, sino también el modelo de servicios públicos de una de las regiones más importantes de Europa.

Porque ya no se trata solo de ideología. Se trata de 2.200 millones de euros, de pacientes, de transparencia y de poder.