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Crisis en el Tribunal Supremo: la polémica por los cursos remunerados que compromete la apariencia de imparcialidad en el juicio contra el fiscal general del Estado

La Justicia española vuelve a estar en el centro de un huracán institucional. En los últimos días, se ha conocido una información que ha sacudido la credibilidad del Tribunal Supremo: tres magistrados que juzgaron al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, impartieron cursos remunerados en la sede de una de las acusaciones populares —el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM)— exactamente en los días en que el tribunal estaba deliberando el fallo. Y no se trata de magistrados secundarios, sino de Martínez Arrieta, presidente de la Sala Segunda; Antonio del Moral y Leopoldo Verdugo.

La noticia no solo ha despertado un debate sobre la ética de estas prácticas, sino que abre preguntas inquietantes sobre los tiempos reales de deliberación, la apariencia de imparcialidad, e incluso sobre si podría existir un motivo de nulidad en la sentencia que aún no ha sido publicada.

Un conflicto donde ética, estética e independencia judicial chocan

En su intervención pública, el magistrado Andrés Martínez Arrieta intentó restar importancia al hecho, alegando que los cursos son habituales, legales y forman parte de las actividades formativas que los jueces realizan desde hace años. Sin embargo, el fondo del problema no está en la legalidad —pues no existe incompatibilidad administrativa— sino en lo que varios expertos califican como un problema ético y estético de primer orden.

La Fiscalía, la defensa y numerosos juristas han recordado que la imparcialidad no solo debe existir, sino también parecerlo. Y es precisamente esa apariencia la que muchos consideran quebrantada: no es lo mismo que un juez dé cursos a lo largo del año que hacerlo en la misma semana en la que está decidiendo la condena de quien está siendo acusado por una de las entidades que paga esa formación.

Los datos son contundentes:

Antonio del Moral impartió clase el lunes, de 16:00 a 20:00.

Martínez Arrieta impartió clase el martes, de 18:00 a 20:00.

Verdugo impartió clase el miércoles, de 16:00 a 20:00.

Todo ello la misma semana en la que el jueves se anunció el fallo condenatorio.

Los tres magistrados cobraron entre 90 y 270 euros por hora, cantidades estándar según el ICAM, pero irrelevantes en comparación con el impacto institucional del conflicto.

¿Deliberación reducida? El detalle que enciende nuevas alarmas

La magistrada Victoria Rosell ha añadido un elemento explosivo al debate: la deliberación real pudo haberse reducido a solo una mañana, y no a los cuatro días habitualmente citados. Explica que:

La ponencia absolutoria de la magistrada Susana Polo se presentó el 19,

fue rechazada ese mismo día,

y la nueva ponencia condenatoria pasó a manos del presidente de la Sala, Martínez Arrieta.

Ese mismo 19 por la tarde, el nuevo ponente estaba impartiendo un curso, por lo que —según Rosell— no habría habido deliberación efectiva ese día.

El 20 a las 14:00 ya se había hecho pública la nota con el fallo.

La pregunta es evidente:

¿Puede elaborarse, debatirse, consensuarse y votar una sentencia de tal magnitud en solo unas horas?

Para Rosell, la situación podría generar un motivo adicional de nulidad, al existir indicios razonables de que el fallo se anunció antes de que la sentencia estuviera realmente deliberada y concluida.

El papel del Colegio de Abogados de Madrid: una acusación inusual

El ICAM, que actuó como acusación popular en el proceso contra García Ortiz, se justificó argumentando que se había violado un “vínculo sagrado”: el secreto entre abogado y cliente. Sin embargo, varios analistas señalan que no es habitual que un colegio profesional se persone en causas penales de alto contenido político, lo que añade otro componente polémico.

El ICAM también afirmó:

que los cursos son habituales,

que se selecciona a los ponentes por mérito,

que no existe intervención de la junta directiva en la organización,

y que se trata de actividades transparentes y reguladas.

Pero nada de eso responde a la pregunta central:

¿Era oportuno que tres magistrados aceptaran impartir estos cursos exactamente en los días cruciales del juicio?

Una imagen deteriorada del Poder Judicial

Analistas como Toni Aira ven en esta controversia un síntoma más de la erosión que viene padeciendo la Justicia. Durante años, el poder judicial permaneció protegido frente al desgaste político que afectó a otras instituciones, pero los últimos conflictos —incluyendo la parálisis en la renovación del CGPJ— han llevado a la judicatura a un punto de máxima exposición pública.

El tono y las bromas escuchadas en los audios de los cursos han agravado la percepción ciudadana, mostrando un grado de familiaridad impropia entre jueces y acusación en medio de un proceso de enorme trascendencia institucional.

¿Un fallo preconcebido? Las sospechas crecen

Varios periodistas, analistas y políticos sostienen que los magistrados parecían tener la sentencia decidida incluso antes de finalizar la vista oral, cuya valoración probatoria —según múltiples observadores— resultaba ampliamente favorable al fiscal general.

Si la deliberación efectiva se redujo a pocas horas, la tesis de un fallo predeterminado gana fuerza.

Para algunos comentaristas, esto encaja con lo que consideran un clima de polarización judicial sin precedentes, donde sectores del Supremo y la Fiscalía se encuentran en abierta confrontación.

¿Qué pasará ahora?

Lo inmediato es esperar la sentencia escrita, que aún no ha sido publicada. Sin embargo, una vez se haga pública, los abogados del fiscal general podrán estudiar:

posibles motivos de nulidad,

una eventual vulneración del derecho a un juez imparcial,

o incluso un posible defecto procesal por anunciar el fallo antes de tener la sentencia deliberada y firmada.

Lo que plantea Victoria Rosell es especialmente grave:
si el fallo se adelantó antes de que existiera una voluntad colegiada consolidada, podría abrirse una vía para impugnar todo el proceso.

una crisis que no termina aquí

El caso no solo afecta al prestigio del Tribunal Supremo, sino que amenaza con convertirse en uno de los episodios más controvertidos de la historia judicial reciente de España.

Aunque los cursos sean legales, remunerados y habituales, la coincidencia temporal con la deliberación, la posición de los magistrados y el papel de la acusación popular colocan al tribunal en una situación extremadamente delicada.

En un país donde la ciudadanía está cada vez más atenta a la independencia de las instituciones, la justicia no puede permitirse ni una grieta en su credibilidad, y menos aún cuando juzga al fiscal general del Estado.

La polémica sigue abierta. Y no parece que vaya a cerrarse pronto.