
Durante años, Isabel Díaz Ayuso ha conseguido algo que muy pocos políticos logran en España: salir prácticamente indemne de escándalos que habrían destruido la carrera de cualquier otro dirigente. Contratos con familiares, protocolos en residencias durante la pandemia, vínculos con tramas de corrupción del PP madrileño, operaciones económicas opacas y decisiones administrativas bajo sospecha.
La gran pregunta que empieza a circular con fuerza en círculos periodísticos y políticos es siempre la misma:
¿cómo es posible que nada le pase nunca?
Si fuera otro partido, ¿qué estaría pasando?
Varios analistas lo plantean de forma directa:
“Imaginen que el presidente del Gobierno contratara a su hermano con dinero público. Imaginen que un vicepresidente cobrara ayudas sociales. Imaginen que en una comunidad gobernada por la izquierda murieran más de 7.000 personas en residencias tras firmarse un protocolo que prohibía trasladarlos a hospitales. ¿Qué estaría ocurriendo ahora mismo?”
La respuesta parece evidente: dimisiones, investigaciones judiciales, comisiones parlamentarias, presión mediática constante y probablemente una crisis política de primer nivel.
Sin embargo, cuando el foco apunta a Ayuso, el patrón se repite: ruido mediático inicial… y después, silencio.
El caso de las residencias: 7.000 muertos y ningún responsable
Uno de los episodios más graves es el de las residencias de mayores durante la pandemia en la Comunidad de Madrid. Más de 7.000 ancianos murieron sin ser derivados a hospitales.
La polémica estalló cuando se conocieron los llamados “protocolos de exclusión”, documentos firmados digitalmente que limitaban el traslado de residentes a centros sanitarios según criterios de edad, dependencia o discapacidad.
Para muchos juristas y expertos en bioética, aquello fue una decisión política de enorme gravedad. Pero, cinco años después, no hay ningún responsable político imputado.
Ni consejeros.
Ni altos cargos.
Ni la propia presidenta.
Contratos familiares y conflictos de interés
Otro episodio que habría provocado un terremoto institucional en cualquier otro gobierno fue el contrato de la Comunidad de Madrid con una empresa relacionada con el hermano de Ayuso.
La presidenta siempre ha defendido que fue legal, que no intervino y que no hubo trato de favor. Sin embargo, el mero hecho de que existiera una relación directa familiar y dinero público habría sido suficiente, en otros contextos, para exigir dimisiones inmediatas.
Aquí, de nuevo, no ocurrió nada.
La “suerte judicial” de Ayuso
Es en este punto donde algunos periodistas y escritores hablan abiertamente de la llamada “suerte judicial” de Ayuso.
No como acusación directa, sino como una acumulación de coincidencias llamativas:
– El juez que instruía el caso Púnica terminó vinculado a la Comunidad de Madrid.
– Un juez de refuerzo del mismo caso da clases en un centro universitario propiedad del gobierno regional.
– Procesos sensibles para el PP madrileño se diluyen, se archivan o se eternizan.
– Ninguna investigación relevante termina avanzando hacia responsabilidades políticas reales.
Formalmente todo es legal. Pero el patrón despierta sospechas.
“No digo que haya delitos. Digo que hay demasiadas casualidades siempre en la misma dirección.”
De Esperanza Aguirre a Ayuso: mismo sistema, nueva cara

Ayuso no surge de la nada. Su carrera se construye dentro del aparato del PP madrileño, el mismo que gobernó durante décadas bajo Esperanza Aguirre, epicentro de los mayores casos de corrupción de la historia reciente: Gürtel, Púnica, Lezo, tarjetas black, comisiones ilegales, financiación irregular.
La diferencia es que Ayuso logra algo que Aguirre nunca consiguió:
presentarse como una mujer de clase media, “chulapa”, cercana al pueblo.
Una narrativa cuidadosamente construida.
Pero los datos cuentan otra historia:
– Con 30 años ya cobraba alrededor de 4.000 euros mensuales en entidades financiadas por la Comunidad.
– Su familia le dona un piso en uno de los distritos más caros de Madrid.
– Su carrera política se desarrolla siempre dentro de estructuras públicas.
– En una década multiplica por cinco sus ingresos.
Todo ello mientras defiende un discurso ultraliberal contra “paguitas”, “subvencionados” y “mantenidos”.
La gran paradoja: vivir del Estado mientras se demoniza al Estado
Este es uno de los ejes más criticados del “modelo Ayuso”.
Predica la meritocracia, el esfuerzo individual, la cultura del sacrificio. Pero su biografía política muestra una trayectoria construida casi íntegramente dentro de la administración pública, como asesora, cargo institucional y dirigente del PP.
Es decir: prospera gracias al Estado mientras ataca al Estado.
Una contradicción que se repite en buena parte de la derecha española: líderes que abominan de lo público pero han vivido siempre de lo público.
El blindaje mediático y económico
Otro factor clave es el apoyo de grandes grupos mediáticos, económicos y empresariales. Ayuso cuenta con una cobertura extremadamente favorable en numerosos medios de comunicación, que minimizan sus polémicas y amplifican las del Gobierno central.
Este escudo mediático convierte cualquier escándalo en simple ruido pasajero.
Y el ruido, paradójicamente, la beneficia:
– La mantiene en el centro del debate.
– Refuerza su imagen de víctima.
– Moviliza emocionalmente a su electorado.
No es una persona, es un sistema
Más allá de Ayuso como figura individual, lo que muchos analistas señalan es algo más profundo: un sistema de poder en Madrid que lleva décadas funcionando sin apenas consecuencias judiciales reales.
Un ecosistema donde:
– La política, la justicia, los medios y las élites económicas se entrelazan.
– Las responsabilidades se diluyen.
– Y los escándalos nunca terminan de estallar del todo.
No hace falta hablar de conspiraciones.
Basta con observar los hechos:
los muertos, los contratos, los archivos judiciales, las conexiones, las puertas giratorias.
Y entonces surge la pregunta que cada vez más gente se hace:
¿Es realmente Ayuso una política excepcionalmente “afortunada”…
o es simplemente la última beneficiaria de un sistema que siempre protege a los mismos?
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