La escena dura apenas unos segundos, pero resume a la perfección el clima político que atraviesa España. Pedro Sánchez sube al escenario en un mitin del PSOE en Teruel. Apenas han pasado 32 segundos desde que empieza a hablar cuando una voz femenina irrumpe entre el público con un insulto directo: “hijo de puta”. El murmullo se convierte en tensión. La mujer, con gafas de sol, es identificada rápidamente por los asistentes y expulsada del recinto entre abucheos. Sánchez mantiene la calma, intenta recomponerse y continúa su intervención con una frase que ya se ha convertido en símbolo de esta etapa política: “Sabemos perfectamente que quien insulta son aquellos que no tienen argumentos ni nada que ofrecer a la sociedad”.

Lo que en un primer momento parecía un episodio aislado, fruto del calentón de una simpatizante exaltada, terminó adquiriendo otra dimensión cuando desde el PSOE se señaló públicamente a la presunta autora del insulto: Belén Navarro, concejala del Partido Popular en el municipio valenciano de Ballanca. La noticia corrió como la pólvora en redes sociales y fue amplificada por ministros como Óscar Puente o Ángel Víctor Torres, que exigieron explicaciones inmediatas al PP.

El término fue claro y contundente: si no hay condena, hay normalización. Y si se normaliza el insulto, se abre la puerta a algo mucho más grave: la violencia verbal como herramienta política.

De anécdota a síntoma

Este episodio no es un simple incidente de campaña. Es, en realidad, el reflejo de una degradación progresiva del debate público. La política española lleva años deslizándose hacia un terreno donde el insulto, la descalificación personal y el lenguaje agresivo han sustituido al argumento, al dato y a la confrontación de ideas.

Lo ocurrido en Teruel es grave no solo por lo que se dijo, sino por quién lo dijo. No se trata de una ciudadana anónima sin responsabilidad pública, sino —presuntamente— de una representante institucional, una concejala de un partido que aspira a gobernar el país. La frontera entre militancia y cargo público desaparece, y con ella la excusa del arrebato personal.

En democracia, los cargos electos no hablan solo a título individual: hablan como símbolos. Representan instituciones. Por eso, cuando insultan, no insultan solo a una persona, sino a la propia cultura democrática.

Laura Márquez y Julia Otero: el bofetón mediático

El caso estalló definitivamente cuando dos voces mediáticas de peso entraron en escena: Laura Márquez y Julia Otero. Desde sus espacios radiofónicos y televisivos, ambas pusieron el foco donde más duele: no en el insulto en sí, sino en el contexto que lo permite.

Julia Otero fue especialmente contundente al afirmar que “hemos normalizado que el insulto forme parte del día a día en la política, y eso es profundamente peligroso”. Para la periodista, el problema no es solo quién grita, sino quién calla. Porque el silencio, en política, también es una forma de complicidad.

Laura Márquez fue incluso más lejos, señalando que estamos asistiendo a una especie de “competición por ver quién insulta más fuerte”, donde el que grita más alto parece ganar visibilidad, seguidores y rédito político. El algoritmo premia el conflicto. Y los partidos, en lugar de combatirlo, muchas veces lo explotan.

El precedente de “me gusta la fruta”

El insulto directo a Sánchez no surge en el vacío. Forma parte de una larga cadena de episodios donde el lenguaje ofensivo se ha ido blanqueando bajo formas aparentemente irónicas o humorísticas.

El ejemplo más famoso es el ya mítico “me gusta la fruta”, pronunciado por Isabel Díaz Ayuso durante la investidura de Pedro Sánchez. Aunque posteriormente intentó justificarlo, la lectura labial dejó pocas dudas: era un insulto camuflado, convertido después en eslogan, merchandising y estrategia de marketing político.

Tazas, camisetas, llaveros, gorras. El insulto convertido en marca. El desprecio convertido en identidad política. Ayuso llegó incluso a relatar, entre risas, cómo empresarios de otros países le enseñaban camisetas con el lema “me gusta la fruta”. Lo que para unos era gracioso, para otros era el síntoma de una enfermedad democrática: la banalización del odio.

El problema no es una frase. El problema es el mensaje que se transmite: que insultar sale gratis, que incluso se puede monetizar, que se puede transformar en capital político.

De la ironía al acoso

Lo que empieza como ironía acaba muchas veces en acoso. Y lo que empieza como acoso virtual termina, en algunos casos, en amenazas reales.

En el mismo contexto mediático en el que se analiza el caso de Teruel, humoristas, creadores de contenido y comunicadores denunciaron estar recibiendo presiones, insultos y amenazas por expresar opiniones críticas. Algunos han llegado incluso a abandonar programas o retirarse temporalmente por miedo.

El caso de Quequé (Héctor de Miguel), dejando su espacio por la presión de sectores ultras, se convirtió en otro símbolo. No se trata ya de libertad de expresión, sino de libertad de intimidación. Como se dijo en uno de los fragmentos más duros del debate: “La libertad de expresión la estamos limitando. La libertad de hostión, ¿quién la limita?”.

La pregunta no es retórica. Es profundamente política.

La estrategia del ruido

Detrás de todo esto hay una lógica clara: la política del ruido. Crear conflicto permanente, polarizar, generar bandos irreconciliables. No importa si el contenido es pobre, falso o incluso insultante. Lo importante es dominar el ciclo mediático.

El insulto es eficaz porque simplifica la realidad. No exige pensar. No requiere matices. Es emocional, inmediato, viral. Funciona en redes. Funciona en titulares. Funciona en campañas.

Pero tiene un coste: destruye el espacio común. Rompe la posibilidad de diálogo. Convierte al adversario en enemigo. Y al enemigo, en objetivo.

Cuando una concejala grita “hijo de puta” a un presidente del Gobierno en un mitin, no solo insulta a una persona. Está legitimando un clima donde cualquier cosa vale, donde el adversario deja de ser rival político para convertirse en alguien deshumanizado.

El silencio del PP

Quizás el elemento más revelador del caso no fue el insulto, sino la reacción posterior. O, mejor dicho, la falta de reacción.

Desde el PSOE valenciano se exigió una condena explícita del Partido Popular. La respuesta fue tibia, difusa, casi inexistente. Nadie negó de forma clara los hechos. Nadie pidió disculpas contundentes. Nadie asumió responsabilidades políticas.

Y ahí está el verdadero problema: cuando los partidos no condenan, legitiman. Cuando miran hacia otro lado, normalizan. Cuando no expulsan simbólicamente el insulto, lo integran en su ecosistema discursivo.

Democracia de baja intensidad

Todo esto dibuja un escenario inquietante: una democracia de baja intensidad, donde el debate se degrada, el lenguaje se embrutece y la ciudadanía se acostumbra al conflicto permanente como paisaje natural.

La frase de Jefferson que recordó Julia Otero resuena con fuerza: “Prefiero un país con periódicos pero sin gobierno, que un país con gobierno pero sin periódicos”. Hoy podríamos adaptarla: preferimos un país con debate, aunque sea duro, que un país con gritos, aunque sean virales.

Porque cuando desaparece el argumento, lo que queda es la fuerza. Y cuando desaparece la palabra, lo que aparece es el insulto. Y del insulto a la violencia, solo hay un paso.

¿Hacia dónde vamos?

La pregunta final es incómoda, pero necesaria: ¿qué tipo de política queremos?

¿Una donde los representantes públicos se insultan en mítines como hooligans?
¿Una donde el adversario es tratado como enemigo moral?
¿Una donde el marketing del odio sustituye al proyecto de país?

O, por el contrario, ¿una política donde el desacuerdo no implique deshumanización, donde la crítica no se convierta en linchamiento y donde el humor no sea excusa para el desprecio?

El caso de Teruel no es un escándalo aislado. Es una radiografía. Una imagen fija de una enfermedad crónica: la transformación de la política en un espectáculo de confrontación emocional, donde el insulto se ha convertido en herramienta legítima de movilización.

Laura Márquez y Julia Otero no analizaron solo un incidente. Pusieron palabras a algo mucho más profundo: estamos normalizando el odio. Y cuando se normaliza el odio, deja de parecernos grave. Hasta que un día, ya no hay vuelta atrás.

Y entonces ya no será solo un “hijo de puta” en un mitin. Será el lenguaje cotidiano de una democracia que ha olvidado cómo hablarse a sí misma.