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La comisión parlamentaria que investiga la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre en la Comunitat Valenciana no fue una sesión más en el calendario institucional. Lejos de limitarse a una revisión técnica de protocolos y actuaciones administrativas, el debate se convirtió en un retrato incómodo de cómo el poder político, cuando se siente amenazado, tiende a blindarse a sí mismo incluso a costa de la verdad y de las víctimas.

Desde el inicio, el tono de la comparecencia dejó claro que no se trataba únicamente de analizar lo ocurrido durante uno de los episodios climáticos más graves de los últimos años, sino de dilucidar responsabilidades políticas que siguen sin asumirse. Las preguntas no buscaban el impacto mediático inmediato, sino respuestas claras. Sin embargo, lo que emergió fue un patrón repetido: evasivas calculadas, silencios estratégicos y una defensa férrea del equilibrio político vigente.

Técnicos que opinan y políticos que callan

Uno de los aspectos más reveladores de la sesión fue la insistencia del compareciente en presentarse como un perfil estrictamente técnico. Sin embargo, esa supuesta neutralidad se desdibujó rápidamente. Mientras no dudaba en valorar de forma crítica la actuación del Gobierno central, se negaba de manera sistemática a pronunciarse sobre la gestión del Ejecutivo autonómico del que depende directamente.

La contradicción resultó evidente para buena parte de los grupos parlamentarios. La neutralidad parecía funcionar solo en una dirección. Cuando se le preguntó de forma directa si se consideraba un cargo político, la respuesta fue un rodeo jurídico que evitó el fondo de la cuestión. No obstante, los hechos eran claros: su nombramiento no fue fruto de un proceso independiente, sino de una designación vinculada al pacto político entre el Partido Popular y Vox.

El 29 de octubre: decisiones que no llegaron

A medida que avanzaba la sesión, la comisión fue reconstruyendo las horas críticas del 29 de octubre. Mientras miles de ciudadanos recibían alertas de riesgo extremo y el territorio comenzaba a colapsar por las lluvias, salieron a la luz hechos difíciles de justificar: desplazamientos de cargos públicos por motivos de partido, ausencias en puestos clave y reuniones políticas que no se cancelaron pese a la gravedad de la situación.

La pregunta que sobrevoló el debate fue tan simple como inquietante: ¿quién estaba gobernando realmente mientras se producía la emergencia? ¿Quién decidió qué era prioritario y qué podía esperar? Ninguna de esas cuestiones obtuvo una respuesta clara.

Las ayudas de la DANA, en el centro del conflicto

El momento de mayor tensión llegó cuando se abordó el destino de las ayudas destinadas a los damnificados. Sobre la mesa aparecieron acusaciones de uso indebido de fondos, referencias a entidades con afinidades ideológicas concretas y la sospecha de que parte del dinero nunca llegó a quienes más lo necesitaban.

La reacción política fue inmediata. Se produjeron protestas airadas, exigencias de retirar determinadas afirmaciones del diario de sesiones y una defensa cerrada del socio de gobierno. No hubo espacio para la autocrítica ni para el reconocimiento de posibles errores. El mensaje fue claro: proteger el pacto era prioritario.

Cambio climático: reconocer sin actuar

El debate también puso de manifiesto una de las grandes contradicciones del discurso institucional actual. Preguntado por el impacto del cambio climático, el compareciente reconoció su existencia, pero evitó vincularla a decisiones políticas concretas. Cuando se le interpeló sobre el modelo urbanístico y la construcción en zonas especialmente vulnerables, las respuestas volvieron a ser ambiguas y técnicas, sin asumir responsabilidades.

La comisión evidenció así una de las grietas más profundas del debate público: aceptar el problema sin modificar el modelo que lo agrava. Reconocer el riesgo sin cambiar las políticas que lo alimentan.

El pacto que explica los silencios

A lo largo de toda la sesión se impuso una conclusión incómoda: nada de lo ocurrido puede entenderse sin el acuerdo de gobierno entre Partido Popular y Vox. Un pacto que condiciona discursos, bloquea dimisiones y convierte cualquier crítica interna en una amenaza a la estabilidad política.

En ese contexto, la prioridad no fue esclarecer los hechos ni atender a las víctimas, sino preservar el equilibrio del poder. La comisión dejó al descubierto cómo la lógica de la supervivencia política puede imponerse a la rendición de cuentas.

Las víctimas, siempre en segundo plano

Más de 230 víctimas siguen esperando algo más que informes, tecnicismos y cruces de reproches. Esperan verdad, responsabilidades y la sensación de que alguien está dispuesto a asumir que gobernar no es resistir a cualquier precio, sino responder cuando se falla.

La comisión de la DANA no cerró heridas ni ofreció conclusiones definitivas, pero sí dejó una imagen difícil de ignorar: cuando el poder se protege a sí mismo, la democracia se debilita y la memoria colectiva se resiente.

La sesión terminó, pero la pregunta permanece abierta: si todo volviera a repetirse, ¿se actuaría de la misma manera?
El silencio posterior, esta vez, también fue una respuesta.