Cuando el silencio deja de ser neutral

Durante décadas, el nombre de Julio Iglesias ha sido sinónimo de éxito global, glamour internacional y una narrativa pública cuidadosamente construida alrededor del carisma, el talento y una vida privada convertida casi en folclore. Sin embargo, en los últimos días, esa imagen ha quedado atrapada en una tormenta de enorme intensidad mediática, social y política, cuya onda expansiva va mucho más allá del cantante y alcanza de lleno a quienes han decidido salir en su defensa.

No se trata únicamente de unas informaciones periodísticas. Tampoco de un simple debate moral. Lo que está ocurriendo es un choque frontal entre poder, memoria colectiva, justicia y cultura política, en un país que creía haber avanzado —más de lo que realmente lo ha hecho— en la forma de abordar denuncias de violencia sexual cuando afectan a figuras intocables.

Una investigación que no apareció de la noche a la mañana

Conviene subrayarlo desde el inicio: no estamos ante un rumor viral ni una acusación improvisada. Las informaciones publicadas por eldiario.es en colaboración con Univisión son el resultado de tres años de trabajo periodístico, entrevistas contrastadas, verificación de testimonios y reconstrucción de patrones de comportamiento descritos por mujeres que relatan haber vivido situaciones de control, coacción y abuso en el entorno del cantante.

Las protagonistas no han buscado protagonismo. No han aparecido en platós. No han convertido su relato en espectáculo. Al contrario: viven protegidas, con identidades preservadas, conscientes del enorme desequilibrio de poder al que se enfrentan.

En este contexto, reducirlo todo a “una denuncia” es, como mínimo, una simplificación interesada.

El comunicado: negar, resistir, cerrar filas

Tres días después de que estallara el escándalo, Julio Iglesias rompió su silencio mediante un comunicado escueto, en el que niega de forma tajante haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Se declara víctima de una “maldad nunca vista” y anuncia que todo se aclarará.

Desde el punto de vista jurídico, es una estrategia previsible. Desde el punto de vista comunicativo, sin embargo, la brevedad, la frialdad y el tono defensivo han generado más preguntas que respuestas.

Especial atención ha suscitado un detalle aparentemente menor: la firma manuscrita del cantante al final del texto. Para algunos analistas, un gesto simbólico que parece decir: “Soy quien soy. No necesito explicar más”. Para otros, una forma de reafirmar autoridad en medio del cuestionamiento público.

La política entra en escena… y lo contamina todo

Si el caso ya era delicado, la intervención de figuras políticas lo ha convertido en una batalla cultural en toda regla.

Las declaraciones de Esperanza Aguirre, insinuando que detrás de la denuncia hay una ONG supuestamente vinculada a George Soros, han provocado una oleada de críticas y han sido calificadas por muchos como un intento burdo de deslegitimar a las denunciantes recurriendo a teorías de conspiración.

No es un detalle menor. Vincular una investigación periodística y testimonios de mujeres con un actor externo y abstracto es una estrategia conocida: desplazar el foco del contenido de las acusaciones hacia una supuesta intencionalidad política.

El problema es que, al hacerlo, se introduce una idea peligrosa: que las víctimas no hablan por lo que vivieron, sino porque alguien las mueve.

Ayuso, el choque frontal y el pulso interno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue aún más lejos al mezclar el caso con protestas en Irán y rechazar “el desprestigio de un artista universal”. Un mensaje que provocó incomodidad incluso dentro de su propio partido.

Alberto Núñez Feijóo optó por una posición mucho más prudente: calificó las acusaciones de “muy graves” y pidió dejar actuar a la justicia. El contraste fue evidente.

Para muchos analistas, Ayuso no solo defendía a un cantante: estaba librando una nueva guerra cultural, alineándose con un discurso que cuestiona el feminismo, relativiza las denuncias de violencia sexual y presenta cualquier señalamiento como una caza de brujas ideológica.

El resultado ha sido un aislamiento político progresivo y una sensación creciente de que el personaje ha terminado devorando al cargo.

Presunción de inocencia no es silencio moral

Uno de los argumentos más repetidos en estos días es la presunción de inocencia. Y es incuestionable desde el punto de vista legal. Pero confundir presunción de inocencia con neutralidad moral es un error grave.

La sociedad no está obligada a callar. Tampoco a condenar. Pero sí a escuchar, contextualizar y preguntarse qué tipo de comportamientos fueron normalizados durante décadas bajo el paraguas del éxito, el dinero y el prestigio.

Las imágenes de archivo que han resurgido —besos forzados en entrevistas, bromas hoy inaceptables, comentarios sobre mujeres jóvenes— no prueban delitos, pero sí dibujan un clima cultural que hoy resulta profundamente inquietante.

El poder como blindaje

Un elemento clave atraviesa todo el debate: el poder. No solo económico, sino simbólico, mediático y social.

Cuando las personas denunciadas pertenecen a la cúspide del éxito, las víctimas deben superar barreras casi infranqueables: descrédito público, miedo, desgaste psicológico, exposición permanente. Denunciar no es rentable. No da prestigio. No trae beneficios.

Por eso, la pregunta que muchos se hacen es sencilla:
¿Qué ganan estas mujeres hablando ahora?

La respuesta, hasta ahora, parece clara: nada, salvo el derecho a ser escuchadas.

Un espejo incómodo para la sociedad española

Este caso no solo interpela a Julio Iglesias. Interpela a los medios, a la política y a una sociedad que durante años confundió carisma con impunidad.

España se decía a sí misma que aquí “no había un MeToo”. Quizá no lo hubo porque no se quiso mirar. Porque era más cómodo reír ciertas bromas, aplaudir ciertas actitudes y convertir el abuso en anécdota.

Hoy, ese espejo devuelve una imagen incómoda.

¿Y ahora qué?

El recorrido judicial será largo. La investigación apenas empieza. Habrá que escuchar a todas las partes, respetar garantías y evitar juicios paralelos.

Pero hay algo que ya no tiene marcha atrás: el debate público está abierto.

Y en ese debate, cada palabra cuenta. Cada silencio también.

Porque cuando el silencio empieza a gritar, ya no hay comunicado que lo apague.