En el corazón del Estado de derecho existe una línea roja que, cuando se cruza, pone en riesgo no solo a las personas investigadas, sino a la credibilidad misma de la justicia. Esa línea separa la investigación penal legítima de la persecución política. El caso que rodea al juez Juan Carlos Peinado, la causa contra Begoña Gómez y las filtraciones a determinados medios de comunicación ha reabierto un debate profundo y preocupante en España: ¿se está utilizando la justicia como un instrumento político?

La alerta judicial ya no es un eslogan. Es una realidad que empieza a adquirir forma en autos, resoluciones, filtraciones y testimonios que dibujan una instrucción cada vez más cuestionada por juristas, analistas y sectores amplios de la sociedad.

El origen del caso: una causa que no se sostiene

La investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, nació envuelta en una enorme fragilidad jurídica. Desde el inicio, los indicios eran débiles, las pruebas inexistentes y los hechos presuntamente delictivos difusos. Aun así, la causa avanzó, se amplió y se estiró en el tiempo hasta adquirir rasgos propios de lo que el Tribunal Supremo ha definido reiteradamente como una “investigación prospectiva”.

Una investigación prospectiva no busca confirmar hechos concretos previamente acreditados, sino explorar, rastrear y escarbar con la esperanza de encontrar algo que incrimine. Es, en esencia, salir a pescar sin saber qué pez se quiere capturar. Y eso, según la jurisprudencia del alto tribunal, está expresamente prohibido en un Estado de derecho.

Sin embargo, en este caso, la instrucción no solo no se detuvo, sino que se expandió de forma llamativa: correos electrónicos de hasta siete años atrás, solicitudes de información en Estados Unidos y Reino Unido, ampliación del perímetro de investigados y una equiparación sorprendente entre figuras con responsabilidades muy distintas, desde directivos universitarios hasta personal sin relevancia penal alguna.

El juez Peinado no está solo

Durante meses se intentó construir la imagen de un juez aislado, un “lobo solitario” actuando por cuenta propia. Esa narrativa empieza a resquebrajarse. Las decisiones clave no emanan únicamente del instructor, sino que han sido avaladas por la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, integrada por magistrados de larga trayectoria y con vínculos claros con los sectores más conservadores de la judicatura.

Esto cambia el enfoque del problema. Ya no se trata de un juez excéntrico o descontrolado, sino de una dinámica institucional que permite, respalda y legitima una instrucción altamente cuestionable. La responsabilidad, por tanto, se amplía.

Filtraciones a OKDIARIO: un síntoma grave

Uno de los elementos más alarmantes del caso es la reiterada aparición de informaciones detalladas en OKDIARIO coincidiendo con momentos procesales sensibles. Datos que solo obran en el sumario, interpretaciones interesadas de diligencias judiciales y relatos orientados claramente a la erosión política del Gobierno aparecen publicados con una precisión incompatible con el secreto de las actuaciones.

La sospecha es inevitable: alguien filtra. Y cuando se filtra desde una causa judicial, el daño es doble. Se vulnera el derecho de defensa y se contamina el proceso con una narrativa mediática diseñada para generar condena social antes de que exista una sola prueba sólida.

La justicia no puede convertirse en una fábrica de titulares. Cuando lo hace, deja de ser justicia.

El doble rasero: precedentes ignorados

El caso resulta aún más llamativo cuando se compara con situaciones similares del pasado. En España, todas las esposas de los presidentes del Gobierno han contado con personal de apoyo, asesores y equipos administrativos. Nunca antes se había cuestionado penalmente esa práctica.

Basta recordar que un asesor de la esposa de Mariano Rajoy es hoy diputado del Partido Popular. Nadie le acusó de malversación, ni de tráfico de influencias, ni de delito alguno. La diferencia no es jurídica. Es política.

El CGPJ y el silencio institucional

Uno de los grandes ausentes en esta crisis es el Consejo General del Poder Judicial. Frente a autos duramente corregidos por instancias superiores, reproches explícitos por falta de motivación y una instrucción cada vez más errática, el órgano de gobierno de los jueces guarda silencio.

Ese silencio no es neutro. Transmite un mensaje de impunidad. Si un juez puede ignorar reiteradamente los límites fijados por el Supremo sin consecuencia alguna, el sistema entero se resiente.

Obsesión y parcialidad

Diversos analistas coinciden en que la instrucción ha adquirido tintes obsesivos. Cada revés judicial no conduce a una reflexión o a un cierre ordenado de la causa, sino a una huida hacia adelante. Más peticiones, más diligencias, más ampliaciones.

Cuando la investigación no da los frutos esperados, se ensancha el foco. Cuando no aparecen delitos, se buscan nuevos caminos. Este patrón es incompatible con una instrucción imparcial.

El episodio Bolaños: un punto de inflexión

La exposición razonada contra el ministro Félix Bolaños supuso un punto de inflexión. El rechazo fue contundente. No se trató de un matiz técnico, sino de una enmienda a la totalidad: no había hechos, no había base probatoria, no había sustancia penal.

Ese varapalo judicial dejó al descubierto la debilidad estructural de la causa. Y, sin embargo, lejos de provocar una rectificación, reforzó la sensación de que el objetivo no es esclarecer hechos, sino prolongar el desgaste político.

Justicia y política: una frontera en peligro

Cuando un juez asume como propio el objetivo de “acabar” con un presidente del Gobierno, aunque sea en conversaciones privadas, la frontera entre justicia y política se desvanece peligrosamente. La independencia judicial no consiste en actuar sin control, sino en someterse estrictamente a la ley.

La percepción de parcialidad, aunque no siempre pueda probarse formalmente, es devastadora para la confianza ciudadana.

El papel de la derecha mediática y política

El apoyo entusiasta de determinados sectores de la derecha política y mediática al juez Peinado no es casual. Cada diligencia, cada filtración y cada ampliación de la causa es celebrada como un triunfo político.

Este aplauso constante actúa como un incentivo perverso. Refuerza la idea de que la instrucción tiene una utilidad que va más allá del ámbito judicial.

El daño a la justicia

El mayor perjudicado de todo este proceso no es solo Begoña Gómez ni el Gobierno. Es la justicia española. Cada instrucción prospectiva, cada filtración interesada y cada silencio institucional erosionan la credibilidad del sistema.

Luego, cuando se habla de “lawfare”, muchos se rasgan las vestiduras. Pero los hechos están ahí. Y claman al cielo.

Una alarma que no puede ignorarse

El caso Peinado no es un episodio aislado ni una simple polémica coyuntural. Es una señal de alarma sobre el uso instrumental de la justicia en contextos de alta polarización política.

Si no se establecen límites claros, si no se exige responsabilidad y si no se protege el principio de legalidad frente a la tentación del protagonismo judicial, el Estado de derecho se debilita.

La justicia debe investigar delitos. No fabricar sospechas. No alimentar titulares. No servir a estrategias políticas.

Porque cuando la justicia se convierte en un arma, deja de ser justicia.