El Constitucional, la posible vía de García Ortiz para tratar de anular la condena del Supremo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no podrá presentar recurso ordinario alguno contra la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que lo condena a dos años de inhabilitación como autor de un delito de revelación de secretos.

Tan solo hay un camino para tratar de anular la resolución del alto tribunal: presentar un incidente de nulidad y, después, pedir amparo al Tribunal Constitucional, al estilo de lo ocurrido con los ERE de Andalucía.

Si el amparo no se concediera, una vez agotadas todas las vías internas, García Ortiz estaría habilitado para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

El entorno del aún fiscal general del Estado no confirma por el momento si esta es la intención del condenado.

A priori, el amparo del Tribunal Constitucional tendría efectos meramente restitutivos del honor de García Ortiz, dado que el Gobierno ya ha anunciado su intención de nombrar un nuevo fiscal general.

No obstante, el fiscal general podría pedir al Constitucional que, mientras delibera, adopte una medida cautelar o cautelarísima suspendiendo la aplicación de la condena.

por la revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso da a entender que ha visto vulnerados sus derechos. En su alegato final, la Abogacía del Estado que defendió a García Ortiz denunció la construcción de un relato “sin absolutamente ninguna prueba” 

contra su representado. Asimismo, tanto el Ministerio Público como la defensa del fiscal general apuntaron a una vulneración de derechos en las actuaciones de la UCO durante el proceso.

El planteamiento de un recurso de amparo ante el Constitucional implica pedir protección “frente a las vulneraciones de los derechos y libertades” fundamentales reconocidos en la Constitución.

Son recursos que se pueden presentar contra las decisiones u omisiones de “poderes públicos del Estado” y entes “públicos” y “de carácter territorial, corporativo o institucional”.

Álvaro García Ortiz podrá solicitar al Tribunal Constitucional que anule la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Supremo si alega que la resolución o el proceso penal que la precedió han vulnerado sus derechos fundamentales.

Dado que el Tribunal Supremo es la más alta instancia de la jurisdicción ordinaria, no cabe recurso ante ningún otro tribunal, más allá del amparo.