La causa que llevaba cuatro meses congelada por fin se reactiva

Durante meses, el caso judicial que investiga a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, parecía atrapado en una especie de limbo procesal. Ni avanzaba ni se archivaba. Simplemente estaba ahí, flotando en un juzgado de Madrid, sin movimientos visibles, sin plazos claros, sin explicaciones públicas.

Hasta ahora.

Ernesto Ekaizer, periodista de investigación y una de las voces más incisivas en el seguimiento del caso, lo resumía con una frase tan directa como demoledora:
“Lo hemos conseguido. Por fin se ha desbloqueado.”

El juzgado número 19 de Madrid ha dado finalmente traslado a las defensas de los cinco acusados —González Amador y otras cuatro personas— para que contesten a las acusaciones. Tienen diez días para defenderse. Diez días que marcan el inicio real de la cuenta atrás hacia un juicio penal que podría sentar en el banquillo al novio de una de las políticas más poderosas de España.

Y lo más importante: este paso debió haberse producido hace cuatro meses.

Cuatro meses de silencio judicial

El auto de apertura de juicio oral ya existía desde septiembre. Las acusaciones —Fiscalía, Abogacía del Estado y acusaciones populares— habían presentado sus escritos. Todo estaba listo para que las defensas respondieran.

Pero el juez titular, Antonio Viejo, no dio traslado a las partes.

Durante cuatro meses, la causa estuvo literalmente paralizada. Sin resolución, sin impulso procesal, sin justificación pública. Una anomalía difícil de explicar en un procedimiento que incluye dos delitos fiscales y posibles delitos de corrupción en los negocios.

Según las investigaciones, González Amador habría presentado a Hacienda facturas falsas por valor de 1,7 millones de euros, facilitadas por un entramado de empresas que ahora también están imputadas.

Cuatro meses sin movimiento. Cuatro meses de impunidad de facto.

Hasta que la presión mediática estalló.

La televisión como despertador judicial

Ekaizer no lo ocultó: la reactivación del caso no llega por iniciativa espontánea del sistema judicial, sino tras una campaña de denuncia pública.

“Lo hemos denunciado aquí. Y creo que la televisión tiene pega. La televisión pega.”

Una frase incómoda, pero reveladora. Sin el foco mediático, sin la insistencia diaria, sin el ruido político y social, la causa probablemente habría seguido durmiendo el sueño de los justos.

No es un ultimátum. No es persecución. No es acoso.
Es simplemente la aplicación de la ley de enjuiciamiento criminal.

Lo que durante cuatro meses fue excepcional —la parálisis— ahora se presenta como normalidad: los acusados deben defenderse.

Y eso, en determinados entornos de poder, ya se vive como un ataque.

El miedo entra en escena

Lo que más llama la atención no es solo la reactivación del procedimiento, sino la reacción del entorno político de Ayuso. Silencio. Ninguna declaración. Ninguna explicación. Ninguna defensa pública.

La presidenta madrileña, tan activa cuando se trata de atacar al Gobierno central, ha evitado pronunciarse sobre el caso de su pareja.

Ni una palabra.

Y no es casualidad. Porque ahora la situación es diferente. Ya no se trata de rumores, filtraciones o titulares. Ahora hay plazos judiciales, acusaciones formales y un procedimiento que avanza hacia un juzgado de lo penal.

El escenario ha cambiado. Y el miedo también.

Tres acusados dispuestos a pactar con la Fiscalía

Uno de los elementos más explosivos del caso es la posible negociación entre tres de los imputados —los empresarios que facilitaron las facturas falsas— y la Fiscalía Anticorrupción.

Según Ekaizer, los llamados “tiesos” (así se autodenominaban) estarían dispuestos a firmar un pacto de conformidad:

Uno de ellos aceptaría una multa.

Los otros dos podrían ver archivadas sus causas.

¿Y qué implicaría eso?

Que esos tres pasarían de acusados a testigos clave.
Y que la figura central quedaría aún más expuesta: González Amador.

Porque cuando los eslabones débiles pactan, el foco se dirige inevitablemente hacia la cúspide de la cadena.

La segunda causa: Quirón y las comisiones millonarias

Pero el caso no acaba ahí.

Además del fraude fiscal, existe una segunda causa judicial que podría ser incluso más grave: un presunto delito de corrupción en los negocios y administración desleal relacionado con el grupo sanitario Quirón.

La investigación apunta a un posible reparto ilícito de comisiones entre:

Alberto González Amador.

Fernando Camino, presidente del grupo Quirón.

Gloria Carrasco, esposa de Camino.

La operación se habría camuflado mediante una compraventa empresarial que terminó con la adquisición de un ático en el barrio de Chamberí, donde reside la pareja Ayuso-González Amador.

Precio declarado: 955.000 euros.
Origen real del dinero: aún bajo investigación.

Y aquí entra en escena un actor clave: la UCO de la Guardia Civil.

El misterio de la UCO: siete meses sin investigar

En junio, la jueza instructora solicitó formalmente la participación de la UCO por la complejidad de la investigación. No un informe, sino diligencias de investigación.

Han pasado más de siete meses.

Y, según se ha sabido, la UCO no empezó a trabajar en serio hasta noviembre.

Siete meses. Ninguna diligencia relevante. Ninguna explicación pública. Ningún informe entregado.

Mientras tanto, en otros casos, la misma unidad despliega recursos, registros, detenciones y filtraciones en cuestión de días.

La pregunta flota en el aire:
¿por qué aquí no?

La doble velocidad de la justicia

Es imposible ignorarlo. En los platós, en las redes, en las tertulias, la misma sensación se repite: la justicia no corre igual para todos.

Cuando los investigados son políticos de izquierda, el sistema se mueve rápido, con registros, titulares y condenas mediáticas inmediatas.

Cuando se trata del entorno de Ayuso, todo parece ir a cámara lenta:

Cuatro meses para trasladar un escrito.

Siete meses sin diligencias de la UCO.

Años de posibles retrasos hasta juicio.

Y mientras tanto, el propio González Amador no solo no se esconde, sino que ataca.

La jugada más polémica: pedir 65.000 euros al fiscal general

El episodio más surrealista del caso llega cuando el novio de Ayuso solicita al Tribunal Supremo que el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le pague casi 65.000 euros en costas procesales.

Es decir:

Un investigado por fraude fiscal.

Un presunto implicado en corrupción.

Que vive en un ático bajo sospecha.

Exige ahora que el máximo responsable de la Fiscalía, ya cesado, le pague los honorarios de su abogado.

Una cifra superior incluso a la multa impuesta al propio fiscal.

El mensaje simbólico es brutal:
la verdad sale cara. La mentira sale rentable.

Cuando la política coloniza la justicia

El debate ya no es solo jurídico. Es político. Y profundamente democrático.

Porque lo que se está dirimiendo no es únicamente si González Amador cometió delitos, sino si el sistema judicial es capaz de investigar con independencia cuando el poder político está demasiado cerca.

¿Puede un ciudadano confiar en la justicia cuando ve que:

Las causas se congelan sin explicación.

Las unidades policiales retrasan investigaciones sensibles.

Los imputados poderosos pasan al contraataque económico?

La sensación de impunidad no nace de la nada. Se construye con silencios, retrasos, dilaciones y decisiones opacas.

El factor electoral: el reloj político

Hay un dato que lo atraviesa todo: las próximas elecciones autonómicas en Madrid.

Si el procedimiento se retrasa lo suficiente, el juicio podría celebrarse después de los comicios. Y eso cambiaría por completo el impacto político.

No es una hipótesis conspirativa. Es una realidad estructural del sistema judicial español: los juzgados de lo penal están saturados, con plazos de hasta tres años para señalar vistas.

Tiempo suficiente para que:

La campaña pase.

El relato se enfríe.

La memoria colectiva se diluya.

Mientras tanto, el daño ya estaría neutralizado.

El relato frente a la verdad

Paradójicamente, todo este caso confirma una de las frases más reveladoras pronunciadas en la política española reciente, atribuida a Feijóo:

“Preocúpate por el relato.”

No por las víctimas.
No por los hechos.
No por las responsabilidades.

Por el relato.

Y eso es exactamente lo que está en juego aquí.

Porque el relato oficial intenta presentar a González Amador como:

Un ciudadano particular.

Víctima de acoso mediático.

Perseguido por motivos políticos.

Pero el relato judicial cuenta otra historia:

Facturas falsas.

Delitos fiscales.

Posible corrupción empresarial.

Un ático bajo sospecha.

Y una investigación policial inexplicablemente lenta.

Cuando la impunidad se rompe

La frase de Ekaizer, “lo hemos conseguido”, no es triunfalista. Es reveladora.

Lo que se ha conseguido no es una condena.
Es algo mucho más básico: que la justicia se mueva.

Que un juzgado haga lo que tenía que haber hecho hace meses.
Que las defensas respondan.
Que la causa llegue a un juez de lo penal.
Que haya fecha de juicio.

Nada más.
Y, sin embargo, eso ya se vive como una amenaza existencial en determinados círculos de poder.

Porque cuando la impunidad se normaliza, el simple cumplimiento de la ley parece un ataque.

El miedo ya no es mediático, es judicial

Durante meses, el principal problema para el entorno de Ayuso era el ruido mediático. Titulares incómodos. Tertulias hostiles. Redes sociales.

Ahora el problema es otro: un expediente judicial vivo.

Con plazos.
Con escritos.
Con posibles pactos de acusados.
Con una UCO bajo presión.
Con dos causas penales abiertas.

Y con una pregunta que ya nadie puede evitar:

¿qué pasará cuando este caso llegue, por fin, a juicio?

Epílogo: el sistema puesto a prueba

El caso González Amador no es solo un escándalo político. Es un test de estrés institucional.

Pone a prueba:

La independencia judicial.

La neutralidad policial.

La honestidad del discurso político.

Y la resistencia de la democracia ante el poder concentrado.

No sabemos cómo terminará el juicio.
No sabemos si habrá condena o absolución.
No sabemos si la UCO entregará finalmente su investigación.

Lo único que ya sabemos es algo mucho más inquietante:

Durante cuatro meses, un caso de fraude fiscal y corrupción pudo quedar congelado sin consecuencias.
Y solo se movió cuando alguien alzó la voz lo suficientemente alto.

Eso, en sí mismo, ya es una noticia.
Y no precisamente una buena para la democracia.