Durante años se habló de las cloacas del Estado como si fueran una metáfora exagerada, un relato conspirativo propio de tertulias alternativas o de sectores incómodos del sistema.

Sin embargo, los audios del excomisario José Manuel Villarejo, muchos de ellos aún inéditos, han ido dibujando con una precisión escalofriante un mapa real de connivencias entre policías corruptos, grandes empresarios, jueces, partidos políticos y, especialmente, medios de comunicación.

Uno de los audios más recientes, difundido y analizado en redes sociales y plataformas independientes, apunta de manera directa a figuras clave del ecosistema mediático español.

En él aparecen nombres como Mauricio Casals, Antonio García Ferreras y otros directivos vinculados a grandes grupos como Atresmedia o Planeta.

El contenido no solo resulta escandaloso por su tono, sino por la naturalidad con la que se presume de conspirar contra la democracia sin temor a consecuencias.

Villarejo habla sin ambages. Se reivindica como comisario honorario, presume de condecoraciones y se burla abiertamente de cualquier posibilidad de rendición de cuentas.

Pero lo más grave no es su autopercepción de impunidad, sino la complicidad que describe con periodistas y ejecutivos mediáticos.

“¿A que nadie sabe que somos troncos?”, dice.

Y la respuesta es aún más inquietante: nadie tiene identificada esa conexión. Nadie sabe nada. Afortunadamente, durante años.

El audio confirma algo que ya se había denunciado desde hace tiempo: el mecanismo de “lavado” mediático de informes falsos.

Según el propio Villarejo, policías corruptos fabricaban documentos sin base alguna, que primero eran publicados por medios marginales o abiertamente propagandísticos.

Luego, esos mismos contenidos pasaban por los platós de grandes cadenas —Ferreras, Ana Rosa, Terradillos— donde se “blanqueaban” ante la opinión pública.

Al día siguiente, ya convertidos en “información respetable”, eran recogidos por cabeceras como ABC, La Razón o El Mundo.

Este procedimiento no fue anecdótico ni puntual. Se utilizó, según los audios y múltiples investigaciones periodísticas, contra el independentismo catalán, contra Podemos en su momento de mayor auge y contra empresarios incómodos para determinados intereses.

El caso de José Manuel Dolset, despojado de su emporio empresarial tras una operación de demolición judicial y mediática, es uno de los ejemplos más citados.

La figura de Patricia López emerge como una de las grandes víctimas —y a la vez heroínas— de este entramado. Fue una de las primeras periodistas en tirar de la manta y denunciar las cloacas policiales y mediáticas.

Por ello, sufrió amenazas, campañas de desprestigio y una precarización profesional que terminó pasándole una factura personal devastadora. En los audios se escuchan insultos, amenazas veladas y una cultura de intimidación normalizada dentro de ciertos círculos del poder informativo.

Mientras tanto, Villarejo sigue librándose de condenas. Pese a que la Fiscalía Anticorrupción llegó a pedir hasta 23 años de cárcel en algunas causas, muchas han acabado en absoluciones o archivos.

La pregunta resulta inevitable: ¿cómo es posible que alguien que grabó durante décadas a empresarios, políticos, periodistas e incluso a la Casa Real salga indemne una y otra vez?

Algunos analistas apuntan a la existencia de un Estado profundo, una red de protección transversal que garantiza que determinadas personas nunca paguen por sus actos.

No se trata de un poder oculto en la sombra, sino de un sistema perfectamente integrado en las estructuras económicas, judiciales y mediáticas del país.

El silencio de las grandes televisiones privadas ante estos audios es, en sí mismo, una confirmación. Salvo contadas excepciones en medios públicos o autonómicos, la mayoría ha optado por mirar hacia otro lado.

Demasiados nombres, demasiados intereses cruzados, demasiada suciedad acumulada durante décadas.

La gran paradoja es que, mientras se presume de democracia plena y libertad de prensa, los propios protagonistas de estos audios se jactan de poder influir en elecciones, destruir carreras políticas y empresariales, y manipular la opinión pública sin consecuencias.

Y lo más inquietante no es solo lo que ya se ha escuchado, sino lo que aún permanece oculto.

Porque, como repiten varios de los implicados, esto es “mucho más que cambiar unas elecciones”. Es el retrato crudo de un sistema donde la verdad se fabrica, la mentira se blanquea y la impunidad se convierte en norma.

Y mientras nadie asuma responsabilidades reales, la pregunta seguirá flotando en el aire: ¿puede llamarse democracia a un país donde quienes presumen de atacarla siguen viviendo a cuerpo de rey?