Madrid, la sanidad privatizada y un sistema que hace agua

En la Comunidad de Madrid, la sanidad pública lleva años caminando por una cuerda floja: menos recursos, más derivaciones a centros privados, y una opacidad creciente que impide a la ciudadanía saber con exactitud qué se decide, cómo y a favor de quién. En el centro de esa madeja aparece, una vez más, el modelo de colaboración público-privada que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha defendido como sinónimo de “libertad”, pero que cada vez acumula más sombras: contratos troceados, reutilización de material médico de un solo uso, actas que “no existen”, y una red de intereses empresariales —Quirón y Ribera Salud a la cabeza— que obtiene beneficios millonarios mientras los servicios públicos se deterioran.

Las últimas revelaciones, filtraciones de correos internos, respuestas oficiales a solicitudes de transparencia y movimientos judiciales en torno al entorno de la presidenta, han vuelto a colocar el foco en un sistema que, lejos de ser eficiente y transparente, parece diseñado para diluir responsabilidades y blindar a los grandes operadores privados. Y lo más inquietante: muchas de estas prácticas no son errores puntuales, sino patrones.

Ribera Salud y la reutilización de material médico: cuando el ahorro roza lo inaceptable

Una de las informaciones más graves que han salido a la luz en las últimas horas es la revelación de que Ribera Salud reutilizó hasta diez veces catéteres de un solo uso en su hospital público de Elche, y que ordenó al hospital concertado de Torrejón (Madrid) que hiciera lo mismo “lo antes posible” para ahorrar costes.

Estamos hablando de material diseñado, por seguridad clínica, para un solo uso. La reutilización de este tipo de dispositivos aumenta el riesgo de infecciones, complicaciones graves e incluso la muerte del paciente. No es un detalle técnico: es una decisión que pone en juego la salud y la vida de las personas para cuadrar balances.

Lo más perturbador es que no se trata de una mala práctica aislada, sino de una instrucción corporativa, documentada por correos electrónicos internos. Es decir, una política deliberada de ahorro que, en un sistema público de gestión directa, sería impensable y probablemente criminal. Pero en un hospital privatizado, donde la empresa cobra por gestionar camas, quirófanos y pruebas, cada euro ahorrado se convierte en beneficio.

Torrejón de Ardoz, uno de los hospitales estrella del modelo privatizado madrileño, cuesta cientos de millones a los contribuyentes. Sin embargo, según estos correos, dentro se empujaba a los trabajadores a reutilizar material crítico para recortar gastos. La paradoja es brutal: pagamos más para recibir menos y peor.

Contratos troceados y eludir la ley: la ingeniería administrativa del saqueo

Otra de las claves del escándalo es el troceamiento sistemático de contratos. Activistas por la transparencia han documentado cómo se realizan adjudicaciones repetidas, el mismo día y por el mismo concepto, siempre por importes justo por debajo de los 15.000 euros, el umbral que obliga a sacar un concurso público.

Ejemplo real: el mismo sensor adhesivo adulto comprado tres veces el mismo día por 14.000 €, 14.000 € y 3.000 €. ¿Casualidad? No. Es una forma de eludir la competencia, evitar la fiscalización y adjudicar a dedo.

Este tipo de prácticas son ilegales cuando se demuestra que existe unidad de objeto y continuidad temporal, algo que aquí se da de forma casi caricaturesca. Pero en un sistema donde la información se fragmenta y las actas desaparecen, demostrarlo se convierte en una carrera de obstáculos.

Mientras tanto, las cifras hablan solas: Ribera Salud declaró en 2024 más de 716 millones de euros en ingresos de explotación. Dinero público, en gran parte, convertido en beneficio privado.

Las actas que “no existen”: Ayuso borra el rastro de las decisiones

Uno de los puntos más escandalosos del caso es la desaparición oficial de las actas de la Comisión Mixta que supervisa los contratos entre la Comunidad de Madrid y empresas como Quirón o Ribera Salud.

La ley es clara: de cada sesión debe levantarse un acta que recoja asistentes, decisiones y acuerdos. Así lo establece el propio reglamento de la comisión y la legislación administrativa. Sin embargo, cuando se pidieron las actas de 2024 y 2025, la respuesta fue demoledora:

“No existen actas correspondientes a dichos periodos”.

O bien están mintiendo, o bien están incumpliendo la ley de forma sistemática. En ambos casos, el resultado es el mismo: no hay rastro documental de decisiones que mueven cientos de millones de euros.

Curiosamente, la última acta publicada, de mayo de 2023, recogía una propuesta de la Comunidad de Madrid para cambiar el reglamento de la comisión. A partir de ahí, silencio administrativo total.

Borrar las actas no es un despiste: es una estrategia de blindaje.

El entorno de Ayuso bajo investigación

A este panorama se suma el frente judicial que rodea al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. En las últimas horas se ha sabido que David Herrera Lobato, quien habría elaborado las facturas presuntamente falsas, debe declarar en la Audiencia Nacional. Además, un presunto colaborador delictivo ha sido detenido por una financiación separada investigada por la Fiscalía Europea.

No estamos hablando de rumores, sino de procedimientos judiciales en curso que afectan al círculo más íntimo de la presidenta madrileña. Aun así, el gobierno regional guarda silencio o responde con ataques a la prensa y a quienes investigan.

La combinación es explosiva: sanidad privatizada opaca + contratos troceados + entorno presidencial bajo sospecha.

Fundaciones vinculadas al PP y centros públicos

Como si no fuera suficiente, otro elemento inquietante ha salido a la luz: centros públicos gestionados por fundaciones vinculadas al PP, algunas de ellas salpicadas por escándalos de abuso sexual. Uno de los casos más conocidos es el de Rodrigo de Santos, exconcejal del PP en Palma, condenado por abusar sexualmente de un preso mientras trabajaba como educador social.

Que organizaciones de este tipo gestionen servicios públicos sensibles añade otra capa de riesgo y falta de control. El modelo no solo privatiza, sino que terceriza a entidades con vínculos políticos.

Silencio mediático y ruido estratégico

¿Por qué todo esto no ocupa portadas todos los días? Porque el ruido político y mediático lo tapa. Accidente ferroviario, polémicas internacionales, guerras culturales, escándalos cruzados… Mientras tanto, los contratos se firman, las actas se borran y los beneficios se reparten.

En Telemadrid, por ejemplo, se ha visto una cobertura casi caricaturesca de otros asuntos, con mesas “plurales” formadas por voces alineadas que ya tienen culpables antes de que los peritos investiguen. Todo sirve para desviar el foco.

El viaje a Israel y la ciberseguridad: ¿negocio o vigilancia?

Otro asunto que ha pasado relativamente desapercibido es el acercamiento del gobierno de Ayuso a Israel en materia de ciberseguridad. El lobby israelí ACOM ha aplaudido el viaje, presentándolo como un refuerzo tecnológico. Pero en el mundo real, la ciberseguridad israelí está profundamente ligada a empresas de vigilancia, espionaje y manipulación digital.

Plataformas como Palantir o gigantes tecnológicos alineados con intereses geopolíticos israelíes trabajan con ingentes cantidades de datos personales. Un acuerdo de este tipo no es neutro: puede significar ceder información sensible de ciudadanos a actores privados extranjeros.

Mientras tanto, Gaza y la UNRWA

Fuera de Madrid, pero conectado al mismo tablero, Israel continúa su ofensiva contra Gaza y ahora incluso demuele la sede de la UNRWA en Jerusalén, una agencia de Naciones Unidas con 75 años de historia humanitaria. La comunidad internacional mira hacia otro lado, igual que buena parte de la prensa.

Que gobiernos regionales europeos se acerquen políticamente a este contexto sin un debate público serio debería alarmarnos.

Techos que se caen y hospitales que ahorran en catéteres

La metáfora es casi demasiado obvia: techos que se caen en centros de salud municipales mientras hospitales privatizados reutilizan material de un solo uso para ahorrar dinero. Esa es la “libertad” de la que hablan.

La sanidad pública no se deteriora por casualidad. Se deteriora para justificar su privatización. Y una vez privatizada, se gestiona con la lógica del beneficio, no con la de la salud.

Un sistema diseñado para no dejar huellas

El caso Ribera Salud, unido al entramado de Quirón, la desaparición de actas, el troceamiento de contratos y los escándalos del entorno de Ayuso, dibuja un patrón claro:
un modelo de gestión pública que ha sido capturado por intereses privados y protegido por una muralla de opacidad.

No se trata solo de ideología. Se trata de dinero, poder y control. Y mientras no haya transparencia real, fiscalización efectiva y una prensa dispuesta a mirar donde molesta, los ciudadanos seguirán pagando dos veces: con sus impuestos y con su salud.

Porque cuando un catéter de un solo uso se reutiliza diez veces, ya no estamos ante una cuestión técnica. Estamos ante una decisión política.