Lo que está ocurriendo en Ecuador ya no puede explicarse como una simple confrontación política entre gobierno y oposición. La secuencia de denuncias, filtraciones, allanamientos, campañas mediáticas, acusaciones de narcotráfico y uso sistemático de la Fiscalía como herramienta de presión dibuja un escenario mucho más grave: un país atrapado en una guerra de poder donde la verdad importa menos que el control del relato.

En el centro de esta tormenta se encuentra Daniel Noboa, presidente de Ecuador, quien ha intensificado su ofensiva contra la Revolución Ciudadana y el correísmo mientras, de forma paralela, se multiplican las sospechas sobre los vínculos de su entorno económico con redes de narcotráfico, empresas logísticas implicadas en incautaciones de droga y una estructura de medios digitales financiados para limpiar su imagen y atacar a sus adversarios.

La pregunta ya no es si existe polarización política. La pregunta es:
¿estamos ante un caso de persecución política encubierta bajo el discurso de la lucha anticorrupción?

Allanamientos, fotos filtradas y el espectáculo del escarnio

Todo estalla con una serie de allanamientos simultáneos a figuras vinculadas al correísmo: la excandidata presidencial Luisa González, el dirigente Patricio Chávez, Andrés Arauz y otros miembros de la Revolución Ciudadana. La justificación: una denuncia anónima, con identidad reservada, relacionada con supuesto lavado de dinero y financiamiento irregular.

Hasta aquí, podría tratarse de un procedimiento judicial normal.
El problema aparece en el segundo siguiente.

Antes de que se conozca oficialmente ningún auto judicial, empiezan a circular en redes sociales y medios afines al gobierno fotografías privadas: dirigentes en pijama, imágenes tomadas dentro de domicilios, escenas íntimas presentadas como “pruebas”.

Lo que debería ser una investigación reservada se convierte en un espectáculo de humillación pública.

Luisa González lo dijo sin rodeos:

“Me quieren callar. Solo me podrán callar muerta. Me responsabilizo por mi vida y la de mi familia al gobierno de Daniel Noboa y a esta Fiscalía que actúa como brazo político”.

El mensaje no es jurídico. Es político.
Y es brutal.

La denuncia que nadie puede ver

Uno de los elementos más inquietantes del caso es que la denuncia es anónima y reservada, pero las imágenes de los allanamientos son públicas, virales y distribuidas en cuestión de minutos por una red de medios digitales alineados con el oficialismo.

Es decir:
– No se conoce al denunciante.
– No se conoce el expediente completo.
– No se conocen las pruebas.
– Pero sí se conocen las fotos humillantes.

Una inversión total de la lógica judicial.

Doble vara: los casos que sí se investigan… y los que no

Mientras la Fiscalía actúa con velocidad quirúrgica contra dirigentes del correísmo, otros casos mucho más graves vinculados al entorno de Noboa parecen dormir en los cajones.

Uno de los más escandalosos es el llamado Caso Blasti:
una incautación de 2,6 toneladas de cocaína en un proceso de tráfico internacional, donde el gerente de la empresa involucrada estaría vinculado a Novoa Trading, empresa relacionada con la familia presidencial.

No hay ruedas de prensa.
No hay fotos en pijama.
No hay titulares virales.

Otro caso apunta a empresas logísticas utilizadas para exportación de productos agrícolas, sector históricamente controlado por grupos económicos ligados a los Noboa, desde donde se habrían canalizado cargamentos de droga hacia Europa.

Tampoco hay espectáculo mediático.

La sensación es clara:
la justicia actúa con una velocidad cuando el acusado es correísta y con una lentitud infinita cuando el implicado roza al poder.

Ecuador: del “milagro” al narcohub

En menos de una década, Ecuador ha pasado de ser uno de los países más seguros de América Latina a convertirse en uno de los principales corredores del narcotráfico mundial.

Según informes internacionales, entre el 70% y el 80% de la cocaína que llega a Europa transita por puertos ecuatorianos, especialmente Guayaquil.

Esto no es un dato ideológico.
Es un dato de inteligencia internacional.

La violencia se ha disparado:
– récord histórico de homicidios,
– masacres carcelarias,
– control territorial de bandas,
– sicariato normalizado,
– bombas en zonas urbanas.

Y, sin embargo, Daniel Noboa asegura en foros internacionales que “ha reducido la inseguridad y la pobreza a mínimos históricos”.

Los datos oficiales lo contradicen.
La realidad en las calles lo pulveriza.

El Plan Fénix y la narrativa del control

Noboa lanzó el Plan Fénix como su gran bandera contra el crimen organizado. Un nombre épico para una política que, en la práctica, no ha frenado ni la violencia ni el tráfico de drogas.

Al contrario:
2024 y 2025 registran los peores indicadores de seguridad de toda la historia reciente del país.

El plan existe más en discursos que en resultados.

Pero cumple otra función: construir un relato internacional donde Ecuador aparece como un gobierno firme, alineado con Estados Unidos, luchando contra el narcotráfico… mientras internamente se persigue selectivamente a la oposición y se blindan los casos incómodos.

Trollcenters, bots y medios financiados

Uno de los aspectos más inquietantes del escándalo es la aparición de documentos que muestran pagos directos a medios digitales, influencers políticos y cuentas de redes sociales que se dedican sistemáticamente a:

– atacar al correísmo,
– defender a Noboa,
– viralizar operaciones judiciales,
– difundir fake news,
– instalar tendencias artificiales.

Algunos de estos medios reciben miles de dólares mensuales en concepto de “publicidad institucional” o “promoción internacional”, pero su contenido real es propaganda política pura.

Cuentas de Twitter, canales de YouTube, portales supuestamente “independientes” funcionan como un auténtico ejército digital al servicio del gobierno.

No informan.
Militan.

La figura de Negre y la exportación del modelo

Dentro de esta red aparece una figura ya conocida en España y América Latina: Javier Negre, empresario mediático vinculado a entornos de ultraderecha, campañas de desinformación y proyectos de “prensa alternativa” financiados por gobiernos conservadores.

Negre ha replicado el mismo esquema en varios países:
– crear un medio digital,
– inflar su audiencia con bots,
– ofrecer servicios de “reputación”,
– atacar adversarios políticos,
– cobrar contratos públicos disfrazados de promoción turística.

En Ecuador, sus medios se han convertido en altavoces privilegiados del discurso de Noboa.

Lo que se vende como “libertad de prensa” es, en realidad, externalización de propaganda.

El caso del niño Lian: cuando la política cruza la línea humana

Uno de los episodios más simbólicos de esta crisis es el caso de Lian, un niño ecuatoriano de cinco años detenido en Estados Unidos durante un operativo migratorio.

Las imágenes recorrieron el mundo:
el niño con gorro de conejo, mochila de Spider-Man, rodeado de agentes.

La versión oficial de EE. UU. fue que el padre “huyó y lo abandonó”.
La versión de la familia, testigos y medios internacionales fue otra:
el niño fue usado como cebo para detener a la madre.

Lo más grave:
el gobierno de Ecuador replicó la versión estadounidense, desmintiendo a su propia ciudadanía, a su propia familia, a su propio niño.

Para no incomodar a Washington.
Para no romper la narrativa de alineamiento.

Ese momento marca un punto de no retorno:
cuando un Estado deja de defender a sus ciudadanos para defender una mentira extranjera, algo se ha roto definitivamente.

Narcoestado: la palabra prohibida

Durante años, el término “narcoestado” se utilizó para atacar a gobiernos progresistas de la región. Venezuela, Bolivia, Nicaragua, México.

Hoy, los indicadores más objetivos señalan a Ecuador como uno de los países con mayor penetración real del narcotráfico en instituciones públicas.

– puertos infiltrados,
– policías corrompidos,
– fiscales selectivos,
– políticos con empresas logísticas,
– jueces que liberan detenidos,
– drogas incautadas que “desaparecen”.

Pero el discurso oficial sigue mirando a otro lado.

Porque admitirlo sería reconocer que el problema no está en el correísmo, sino en el modelo actual de poder económico y político.

La paradoja Noboa: empresario en un país narco

Daniel Noboa no es un político tradicional.
Es heredero de uno de los mayores grupos empresariales del país, con intereses directos en exportación, logística, comercio internacional.

Justamente los sectores más vulnerables a la infiltración del narcotráfico.

Eso no lo convierte automáticamente en culpable.
Pero lo convierte en estructuralmente incompatible con una lucha real contra el narco.

No puedes combatir un sistema del que formas parte.

Persecución política 2.0

Lo que se observa en Ecuador es una versión moderna de la persecución política:

– no se cierran medios,
– no se prohíben partidos,
– no se encarcelan líderes masivamente.

Se hace algo más sofisticado:

– denuncias anónimas,
– filtraciones selectivas,
– juicios mediáticos,
– campañas digitales,
– destrucción de reputación,
– miedo permanente.

Es lawfare con TikTok.
Es represión sin tanques.
Es autoritarismo con estética democrática.

El silencio internacional

Lo más sorprendente es el silencio.

Mientras Ecuador se hunde en violencia, narcotráfico, persecución y propaganda, la comunidad internacional apenas reacciona.

Porque Noboa es:
– pro-EE. UU.,
– pro-mercado,
– pro-FMI,
– anti-correísmo.

Y eso basta para que todo lo demás sea tolerable.

La pregunta que nadie quiere responder

Después de allanamientos selectivos, fotos humillantes, trolls financiados, casos de cocaína sin investigar, puertos infiltrados, niños usados como cebo y una red mediática pagada, la pregunta ya no es ideológica.

Es moral.

¿Quién gobierna realmente Ecuador: un presidente democrático o una alianza entre poder económico, aparato judicial y propaganda digital?

Porque cuando la justicia persigue a unos y protege a otros,
cuando los medios callan lo grave y amplifican lo conveniente,
cuando la verdad se subordina al relato…

Ya no estamos hablando de política.
Estamos hablando de un país secuestrado por su propia mentira.