El decreto antidesahucios de Sánchez subleva a Podemos y cosecha un portazo de Junts

Yolanda Díaz exigió al PSOE que no se tramitara como una iniciativa aislada. A falta de leer la “letra pequeña”, Miriam Nogueras (JxCat) considera “injusta” la medida

Rectificar para trocear el ya enterrado real decreto ley ómnibus; cambiar de rumbo tramitando el decreto antidesahucios junto con el resto de medidas del escudo social para evitar un naufragio garantizado, e impulsar por separado la subida de las pensiones.

En resumen, virar para intentar granjearse los apoyos de los aliados de la derecha del arco parlamentario, a riesgo de llevar al límite a los partidos de izquierdas. Visto el rechazo inicial de Podemos y Junts, aún está lejos de conseguirlo.

Pedro Sánchez y sus ministros están acostumbrados a negociar in extremis, y entre el lunes y el martes añadieron una nueva página a su cuaderno de bitácora. Entre primera hora de la mañana y la conclusión del Consejo de Ministros, el Gobierno ha modificado su estrategia, hasta imprimir un giro de casi 180 grados a sus planes.

A los que decía tener hace una semana, pero también a los que insinuaba ya el lunes. Para acercarse, en la medida de lo posible, a garantizar que el decreto ley del escudo social, que finalmente incluye la prohibición de desahuciar a familias vulnerables -ya rebajada-, no acabe en vía muerta.

El pulso entre los dos socios del Ejecutivo por cómo proceder, así como los sucesivos contactos con distintos aliados desde el fin de semana, han permitido alumbrar dos reales decretos ley distintos, aunque solo el de las pensiones tiene garantizada su convalidación.

El segundo es el que preocupa a PSOE y Sumar: “Tiene que salir adelante”, trasladan desde la dirección socialista.

Según fuentes de La Moncloa, los textos plasman la única propuesta con opciones reales de lograr los votos necesarios. “Se ha hecho lo que podía concitar más consenso”, aseguran, para volver a contar con los votos de ERC, Bildu o Podemos, por la izquierda. Y los de Junts per Catalunya y el PNV por la derecha.

La negociación, según distintos interlocutores, ha sido dura. Desde el fin de semana, el Gobierno ha intentado cuadrar el círculo para intentar salvar todas las medidas que integró en su día en el decreto ómnibus, tumbado hace una semana por el Congreso.

Y para ello ha involucrado en las conversaciones a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; a ministros como el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; al ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar), o a los portavoces de varios grupos parlamentarios. La consigna es seguir negociando, toda vez que cuentan con un mes de plazo y ni siquiera hay fecha para la votación en el Congreso.

Sumar se atribuye que el decreto antidesahucios no se haya tramitado aislado

Interlocutores de ambos lados del Ejecutivo aseguran que incluso en el índice del Consejo de Ministros se contemplaba la idea de impulsar la revalorización de las pensiones y la mayoría de medidas del escudo social en un mismo real decreto ley.

Dejando así únicamente la cuestión de la moratoria antidesahucios en una segunda norma, aislada.

Fuentes de Sumar en el Gobierno se atribuyen este enésimo giro de guion, y explican que para ellos esta opción suponía traspasar una línea roja: de haber impulsado el decreto antidesahucios por separado, habrían tenido muy difícil garantizar que lograrían los votos necesarios. Aquí sí decidieron dar la “batalla”.

Fuerzas de izquierdas como ERC o EH Bildu han presionado en idéntica dirección. Hasta han planteado varias medidas complementarias en materia de vivienda, que el socio mayoritario no ha querido contemplar, aseguran.

Asumen que, separando las distintas políticas es fácil lograr los respaldos para algunas de ellas. Y comparten la idea de que otras, particularmente la prohibición de desahuciar a personas vulnerables, habría acabado en el limbo de haberse tramitado por separado, visto que Junts ya había votado en contra.

Recelo ante el pacto con el PNV

 
Por lo pronto, hay recelos en la izquierda ante el acuerdo sellado por el ala socialista del Ejecutivo con el PNV, que pasa por excluir a los propietarios de hasta dos viviendas de la prohibición de desahuciar a inquilinos vulnerables.

Y que puede aplicarse a caseros con tres viviendas en propiedad, que puedan ser considerados vulnerables. No se ha aclarado, hasta ahora, cómo se les atribuirá esta consideración.

A falta de conocer la redacción final del texto, en las filas del socio minoritario del Ejecutivo, por su parte, tranquilizan sobre el contenido del acuerdo con el PNV, en el que no aprecian “nada” más allá de la protección a los propietarios más pequeños. “No nos gusta”, reconocen, aunque asumen que tocaba ceder para conquistar al PNV. Así como a Junts.

Por su parte, Podemos salió en tromba contra este pacto, que Ione Belarra consideró “un acuerdo criminal”. La secretaria general morada expresó su “asco absoluto” ante esta modificación, advirtiendo de la apertura de un nuevo frente de batalla.

Incluso EH Bildu, que suele defender posiciones comunes con ERC, advierte de que aún deben valorar “la nueva redacción del texto”. “Adoptaremos una posición, siempre con el objetivo de mantener el escudo social para toda persona que lo necesite”, reaccionaron. Golpes por la izquierda, pero también por la derecha.

Junts anticipa su rechazo: “Es una medida injusta”

El martes, la portavoz de los neoconvergentes, Miriam Nogueras, pidió tiempo para leer la “letra pequeña” del nuevo decreto, si bien anticipó su rechazo de partida. “Votaremos en contra”, aseguró en un vídeo publicado en su perfil de Instagram, en el que consideró “injusta” esta medida.

 
En público y en privado, el Gobierno mantiene que no ha conversado con JxCat sobre el nuevo decreto. La versión oficial es que están “poniendo algo encima de la mesa” que “Junts podría aprobar”. Como recuerdan fuentes del Ejecutivo, Junts escenificó en octubre su ruptura total con Sánchez, y desde entonces ambas partes repiten que los puentes siguen siendo intransitables.

En alguna ocasión, sin embargo, fuentes del Ejecutivo han deslizado la idea de que a sus socios no les gusta que haya cualquier mención a que mantienen algún canal de diálogo abierto, siquiera informal.

El partido de Carles Puigdemont no sólo acostumbra a vender caros sus siete votos; también es común que golpee a Sánchez, incluso después de lograr importantes cesiones.

Junts, PP y Vox, unieron sus votos hace una semana para tumbar el decreto ómnibus. Y, desde entonces, Nogueras ha ido dejando a la Moncloa un reguero de recados en sus distintas intervenciones en medios de comunicación, sugiriendo recetas que podrían contribuir a endulzar sus posiciones.

Es habitual que los de Puigdemont apuren hasta el último minuto para desvelar el sentido de sus votos, llevando al Gobierno al borde del infarto.

“Junts tiene difícil oponerse”, sintetizaba un ministro durante la tarde. Poco después, Nogueras publicaba el vídeo anticipando un nuevo portazo.