El esperpento judicial contra Óscar Puente: ultras, querellas fantasma, jueces en el punto de mira y la estrategia de convertir los tribunales en el verdadero campo de batalla política en España

La escena parece sacada de una sátira política, pero es real. Una nueva querella contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, irrumpe en la actualidad mediática con un guion ya conocido: asociaciones de perfil ultraderechista, discursos apocalípticos, acusaciones sin base sólida y una judicialización constante de la vida política española. El caso del accidente ferroviario de Adamuz se ha convertido, una vez más, en la excusa perfecta para reactivar una maquinaria de denuncias que, más que buscar justicia, parece diseñada para generar ruido, caos institucional y desgaste político.

En teoría, la denuncia presentada por la Asociación Libertad y Justicia pretende depurar responsabilidades penales por un supuesto homicidio imprudente tras la tragedia. En la práctica, sin embargo, lo que se observa es una operación política de manual: usar el dolor de las víctimas, saltarse los procedimientos jurídicos habituales y apuntar directamente al máximo responsable político, aunque este sea aforado y, por tanto, no competente para el órgano judicial que recibe la querella.

La querella como espectáculo

No es la primera vez que ocurre. En los últimos años, una serie de asociaciones como Manos Limpias, Hazte Oír o Abogados Cristianos han convertido la denuncia judicial en una herramienta de agitación política. Su estrategia es simple: presentar querellas masivas contra dirigentes de izquierdas, aunque carezcan de indicios probatorios, sabiendo que el simple hecho de abrir diligencias ya genera titulares, sospecha social y desgaste mediático.

En el caso de Óscar Puente, la jugada es especialmente burda. El ministro está aforado, lo que implica que cualquier investigación penal contra él debería tramitarse ante el Tribunal Supremo, previa solicitud de suplicatorio. Sin embargo, la querella se presenta ante la Audiencia Nacional, introduciendo en el mismo procedimiento a otros cargos no aforados, como responsables de ADIF. De este modo, se fuerza al juzgado a abrir diligencias, aunque sea solo de forma preliminar, creando así la sensación de que “la justicia investiga al ministro”.

El truco es conocido, pero sigue funcionando.

El abogado de la polémica

El rostro visible de esta última denuncia es Pedro Muñoz Lorite, abogado de la asociación denunciante y personaje ya conocido en los entornos mediáticos más radicales. Lorite no es solo un letrado; es, sobre todo, un activista ideológico. En sus propios vídeos y publicaciones ha llegado a afirmar que “la izquierda es una enfermedad psicológica”, que España vive en una “falsa democracia” y que habría que “quemar simbólicamente las instituciones corruptas”.

No se trata de frases aisladas sacadas de contexto. Su discurso está plagado de referencias conspirativas, ataques al sistema democrático y un lenguaje que roza abiertamente la incitación al odio político. Aun así, es este perfil el que firma querellas contra ministros, expresidentes y líderes políticos, muchas de las cuales han sido archivadas por falta absoluta de pruebas.

De hecho, Lorite ya participó en denuncias contra Carles Puigdemont durante el procés, así como en varias querellas contra Pablo Iglesias, todas ellas finalmente desestimadas. El patrón se repite: acusaciones grandilocuentes, exposición mediática, archivo judicial y, mientras tanto, semanas de titulares incendiarios.

La Audiencia Nacional y el papel de los jueces

Uno de los elementos más controvertidos del caso es la actuación de la Audiencia Nacional, que ha decidido abrir diligencias previas a pesar de que el principal denunciado es aforado. Técnicamente, esto no implica imputación ni investigación formal contra el ministro, pero en términos políticos el daño ya está hecho.

El debate se desplaza entonces hacia los jueces. ¿Por qué se admiten este tipo de denuncias? ¿Por qué no se archivan directamente cuando es evidente que el órgano judicial no es competente? La respuesta no es sencilla, pero apunta a una realidad incómoda: el sistema judicial español se ha convertido en uno de los principales campos de batalla política.

No se trata de afirmar que todos los jueces actúan con sesgo ideológico. La mayoría son profesionales rigurosos. Pero existe una minoría de magistrados que, de forma consciente o inconsciente, permiten que determinadas causas prosperen más allá de lo razonable, generando un clima de judicialización permanente.

La oposición en toga

Cada vez más analistas coinciden en una idea inquietante: hoy en España, la oposición más efectiva al Gobierno no se ejerce en el Parlamento, sino en los tribunales. La política se ha desplazado de las urnas a los juzgados.

Cuando la derecha no consigue mayorías suficientes, activa la vía judicial. Querellas, recursos, denuncias, autos, diligencias. El objetivo no es tanto ganar los casos —muchos se pierden— como mantener una presión constante, erosionar la legitimidad del Ejecutivo y alimentar la narrativa de que el país vive en una supuesta dictadura encubierta.

Este fenómeno no es exclusivo de España. Se ha observado en Estados Unidos con Donald Trump, en Brasil con Bolsonaro, en Argentina con el lawfare contra dirigentes progresistas y en varios países europeos donde la ultraderecha utiliza la justicia como ariete político.

El accidente de Adamuz: tragedia y manipulación

En medio de todo este circo judicial, queda casi en segundo plano lo verdaderamente importante: las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Familias destrozadas, dolor real, duelo auténtico. Pero su tragedia es utilizada como munición política.

Mientras los técnicos investigan las causas reales —infraestructuras obsoletas, falta de mantenimiento, decisiones administrativas acumuladas durante décadas—, ciertos sectores prefieren simplificar el relato: la culpa es del ministro actual, del “gobierno socialcomunista” y del supuesto “régimen bolivariano”.

El problema es que los expertos coinciden en que la falta de inversión en la red ferroviaria no es responsabilidad exclusiva del actual Ejecutivo. Viene de lejos. De gobiernos del PP y del PSOE. De décadas de priorizar la alta velocidad frente al mantenimiento de líneas convencionales.

Pero ese análisis estructural no sirve para el espectáculo mediático. Es demasiado complejo. Mucho mejor personalizar la culpa, señalar a un nombre propio y convertirlo en villano.

El discurso del “comunismo bolivariano”

Uno de los elementos más surrealistas del debate es la insistencia en que España vive bajo un régimen “comunista bolivariano”. Una etiqueta que se repite como mantra en tertulias, redes sociales y discursos de ultraderecha.

Los datos, sin embargo, desmontan ese relato. España sigue siendo una economía capitalista, integrada en la Unión Europea, con crecimiento económico, aumento del empleo y políticas públicas homologables a las de cualquier socialdemocracia europea. No hay expropiaciones masivas, ni control estatal de los medios, ni partido único.

Pero el discurso apocalíptico funciona emocionalmente. Genera miedo, polarización y sensación de colapso. Y en ese clima de histeria colectiva, cualquier querella, por absurda que sea, parece creíble.

Pensionistas, infraestructuras y propaganda

Otro frente de manipulación es el de las pensiones. La ultraderecha habla de “dictadura del pensionariado”, como si los jubilados fueran una élite privilegiada que vive a costa del resto de la sociedad.

La realidad es mucho más prosaica: los pensionistas cobran lo que han cotizado durante décadas. Y las revalorizaciones apenas compensan la inflación. Muchos mayores sobreviven con subidas netas de apenas unos euros al mes, mientras se les acusa de ser responsables del déficit público.

Lo mismo ocurre con las infraestructuras. Se afirma que no ha habido inversión, cuando los datos muestran miles de millones destinados a nuevas líneas. El problema no es la ausencia total de inversión, sino su mala distribución: mucha obra nueva, poco mantenimiento de lo antiguo.

Pero ese matiz técnico tampoco interesa. Lo que interesa es el relato simple: “todo está roto por culpa del comunismo”.

El manual de la ultraderecha

Todo este entramado responde a una estrategia perfectamente estudiada. Está en los manuales de la nueva derecha radical:

Generar desconfianza en las instituciones.

Usar la justicia como arma política.

Convertir a los líderes progresistas en sospechosos permanentes.

Instalar la idea de que el sistema es ilegítimo.

Alimentar el caos para presentarse como única alternativa.

No importa si las querellas se archivan. No importa si los jueces acaban desestimando las denuncias. El objetivo no es ganar jurídicamente, sino contaminar el debate público.

El verdadero ridículo

Al final, lo que queda es una sensación de esperpento. Abogados que hablan de quemar instituciones. Asociaciones que repiten denuncias en serie. Jueces que admiten causas sin recorrido. Tertulianos que convierten cualquier tragedia en arma política. Y una ciudadanía cada vez más cansada de ver cómo la política se transforma en una guerra judicial interminable.

El caso de Óscar Puente no es excepcional. Es solo un capítulo más de una larga serie. Hoy es un ministro. Mañana será otro. Pasado mañana, un alcalde, un periodista o un profesor universitario.

La pregunta ya no es si estas querellas tienen fundamento. La pregunta es otra, mucho más inquietante: ¿hasta qué punto estamos normalizando que la justicia se use como instrumento de propaganda?

Porque cuando los tribunales sustituyen al Parlamento, cuando las togas reemplazan a las urnas y cuando las querellas ocupan el lugar del debate político, el problema ya no es de un ministro concreto. El problema es de la democracia misma.