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El escándalo del relato: cuando los mensajes ya no sirven para tapar la verdad

Durante días, la publicación de los mensajes intercambiados entre Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón ha sido presentada como una supuesta bomba política. Un golpe definitivo al relato del Gobierno, una prueba irrefutable de abandono, una demostración de que “nadie hizo nada”.

Sin embargo, a medida que se conocen los detalles, el efecto ha sido exactamente el contrario: el escándalo ya no es lo que dicen los mensajes, sino cómo se han contado, qué se ha ocultado y por qué.

Lo que empezó como una maniobra para ganar el relato ha terminado convirtiéndose en una discusión incómoda sobre torpeza política, mutilación interesada de conversaciones y una confusión peligrosa entre responsabilidad penal y responsabilidad política.

Responsabilidad penal vs. responsabilidad política: el primer gran malentendido

Uno de los ejes centrales del debate es una confusión deliberada o interesada: la jueza de Catarroja no investiga responsabilidades políticas, sino responsabilidad penal.

No se trata de valorar si Mazón actuó bien o mal políticamente —esa etapa ya se cerró con su salida de la presidencia—, sino de determinar si existió o no una conducta criminal.

En este punto, el consenso entre muchos analistas es claro: los mensajes no aportan absolutamente nada nuevo desde el punto de vista penal.

No revelan órdenes ilegales, ni decisiones criminales, ni interferencias directas en la gestión de la emergencia. Reflejan, en el mejor de los casos, desorientación, desconocimiento de la magnitud real de la tragedia y una cadena de comunicación deficiente.

Nada más. Y nada menos.

La gran mentira: cuando el “liderar informativamente” se convierte en munición política

Uno de los fragmentos más polémicos es aquel en el que Feijóo insiste en la necesidad de “liderar informativamente” la crisis. Para algunos tertulianos y analistas, esto no es más que sentido común: informar a la ciudadanía, coordinar mensajes, evitar el caos.

Para otros, sin embargo, ese mensaje revela algo inquietante: la obsesión por el relato incluso en mitad de una catástrofe con cientos de víctimas. Aquí es donde el debate se vuelve incómodo, áspero y profundamente político.

Porque liderar informativamente en una emergencia no es controlar titulares ni marcar la agenda mediática, sino seguir estrictamente las indicaciones de los servicios de emergencia, que son quienes deben decidir qué se comunica, cuándo y cómo, para no poner en riesgo a la población.

La sospecha, compartida por varios analistas, es clara: Feijóo no quería que ese matiz se viera. De ahí la acusación más grave: haber enviado mensajes mutilados, seleccionados cuidadosamente para no mostrar una imagen de insensibilidad política.

Margallo y la defensa del “no pasó nada”

En este contexto aparece la figura de José Manuel García-Margallo, que ha insistido reiteradamente en que los mensajes “no aportan nada”, que todo entra dentro de lo humano y que en situaciones de desastre siempre reina la confusión.

Su argumento no es menor: recuerda la pantanada de Tous en 1982, cuando durante horas —e incluso días— nadie sabía exactamente qué había ocurrido. Las tragedias no se revelan de golpe; se despliegan lentamente, a trompicones, entre datos contradictorios.

Sin embargo, esta defensa choca frontalmente con la crítica central: si no aportan nada, ¿por qué se publican? ¿Por qué convertirlos en arma política? ¿Por qué presentar como prueba definitiva algo que, según sus propios defensores, carece de recorrido?

Aquí es donde la “gran mentira” empieza a asomar.

El error estratégico de Feijóo: cuando la torpeza sustituye a la culpa

Incluso entre quienes descartan cualquier responsabilidad penal, hay un consenso creciente: Feijóo ha sido políticamente torpe.

No tenía ninguna responsabilidad directa en la gestión de la catástrofe. No era presidente autonómico ni jefe de emergencias. Y, sin embargo, al sobreactuar, al exponerse innecesariamente, ha acabado teniendo que dar explicaciones sobre algo que no le correspondía.

Dos errores destacan especialmente:

Enviar una conversación incompleta, lo que automáticamente pone el foco en lo que falta.

Asegurar que estuvo en contacto “desde el minuto uno”, cuando los mensajes muestran que el contacto real se produjo horas después, cuando la mayoría de las víctimas ya habían fallecido.

En política, a veces no hace falta mentir: basta con exagerar.

La jueza y el límite judicial

Otro elemento clave del debate es el papel de la jueza instructora. Algunos sectores han sugerido que se está excediendo, que busca responsabilidades políticas donde solo debería analizar indicios penales.

Sin embargo, el marco es claro: si la jueza encuentra indicios racionales de responsabilidad criminal, debe elevar el caso al Tribunal Superior de Justicia. Si no los encuentra, el recorrido judicial se agota.

Hasta ahora, incluso los analistas más críticos coinciden en algo esencial: no hay indicios penales claros en los mensajes. La discusión, por tanto, se desplaza inevitablemente al terreno político y mediático.

Y ahí es donde el PP parece haber quedado atrapado.

Cuando el relato se vuelve contra quien lo construye

La paradoja final es devastadora: la estrategia diseñada para golpear al Gobierno ha terminado erosionando al propio Feijóo. No por lo que hizo, sino por cómo intentó contarlo.

El escándalo ya no gira en torno a Mazón, ni siquiera a la gestión de la Dana, sino a una pregunta mucho más incómoda:

👉 ¿Por qué mutilar una conversación si no hay nada que ocultar?

En política, esa pregunta pesa más que cualquier mensaje.

El relato no sustituye a la verdad

La tragedia de la Dana dejó víctimas, dolor y una herida profunda en la sociedad valenciana. Convertir ese drama en un campo de batalla del relato no solo es un error estratégico, sino un riesgo moral.

Los mensajes no prueban delitos.
No revelan conspiraciones.
No desmontan gobiernos.

Lo único que han demostrado es que, cuando el relato se fuerza demasiado, acaba rompiéndose.

Y cuando eso ocurre, no hay correctivo mediático que lo arregle.