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La tragedia de la DANA que golpeó la Comunitat Valenciana, dejando 229 víctimas mortales, sigue siendo una herida abierta que no deja de supurar nuevas revelaciones políticas y judiciales. Lo que parecía, en un primer momento, una catástrofe meteorológica inevitable, ha mutado en un caso de presunta negligencia política de dimensiones sísmicas. Y dentro de ese terremoto, una frase pronunciada por Silvia Intxaurrondo en directo –una frase que ha corrido como pólvora por todas las redacciones del país– ha actuado como catalizador para una tensión que llevaba meses incubándose: “Maribel Vilaplana estaba follando la tarde de la DANA”. Un comentario que, más allá de su crudeza, reabrió preguntas incómodas: ¿dónde estaban los responsables políticos? ¿Quién estaba tomando decisiones? ¿Y por qué, si los técnicos alertaban del peligro, la ciudadanía recibió el aviso demasiado tarde?

En el centro de la tormenta se encuentra el presidente Carlos Mazón, cuya cronología presenta lagunas temporales que la jueza instructora considera fundamentales para esclarecer posibles responsabilidades por acción u omisión. La investigación judicial, lejos de aminorar, ha acelerado su ritmo, empujada por un dossier cada vez más voluminoso de llamadas, actas, grabaciones y testimonios que contradicen las versiones ofrecidas por varios miembros del Consell.

1. Una tarde que no encaja: el agujero negro en la agenda del president

El 29 de octubre, mientras barrancos se desbordaban, viviendas quedaban sepultadas y equipos de emergencia rogaban por una alerta masiva que no llegaba, Carlos Mazón disfrutaba de una comida en un conocido restaurante, El Ventorro. Hasta ahí, nada ilegal. Sin embargo, lo que convierte ese momento en sospechoso es la secuencia posterior: Mazón asegura que, tras comer, se retiró momentáneamente; pero nadie sabe exactamente a dónde fue durante un lapso de 37 minutos que se han convertido en el epicentro de la investigación.

Su equipo de seguridad declaró que el presidente les dio la tarde libre. Una decisión extremadamente chocante en un día de alerta roja, con planes de inundación activados, operaciones de rescate en marcha y la UME ya movilizada. Los escoltas solo se retiran cuando un presidente ya no tiene agenda y se da por concluida su actividad oficial. Eso implica, de facto, que Mazón consideraba que su jornada había terminado, ignorando la emergencia que avanzaba de forma imparable.

Las contradicciones no terminan ahí. El dueño del restaurante afirma que Mazón salió sin el suéter amarillo con el que fue visto más tarde en el CECOPI, sino con su traje formal. ¿Fue a su casa? ¿A otro lugar? ¿Con quién habló? El silencio del presidente, su negativa reiterada a declarar ante la jueza –aunque podría hacerlo como testigo acompañado de abogado–, alimenta el clima de sospecha.

2. Una cadena de alertas ignoradas: los técnicos reclamaban acción

A medida que avanza la instrucción, la información es cada vez más contundente: los técnicos estaban alarmados desde primera hora de la tarde. El subdirector de emergencias propuso enviar la alerta poco después de las 17:10. El jefe de bomberos, apenas diez minutos después, describía un “escenario crítico”, con rescates imposibles y personas atrapadas sobre tejados. La Delegación del Gobierno, a las 18:35, instaba formalmente a emitir el mensaje.

Y sin embargo, la alerta no se envió hasta pasadas las 20:10. Mucho después de que la mayoría de las víctimas hubieran fallecido. Para la jueza, ese retraso no es anecdótico: es la pieza clave que podría implicar responsabilidades penales.

Salomé Pradas, consellera de Interior y responsable directa de la emergencia, aseguró que actuó siguiendo “criterios técnicos”. Pero los vídeos filtrados –grabaciones internas del CECOPI– la muestran escuchando instrucciones claras de los expertos y posponiendo decisiones cruciales, haciendo varias llamadas y preguntando repetidamente “cómo comunicar” y “si era el momento”, mientras el desastre progresaba a una velocidad letal.

3. Las llamadas que acorralan a Mazón: seis intentos y un silencio inexplicable

La jueza ha puesto atención particular en los contactos entre Pradas y el entorno de Mazón. Seis llamadas en total, entre las 13:00 y las 19:07. La última, apenas una hora antes del envío de la alerta. La consellera intentó contactar repetidamente con su superior para comunicarle que iban a activar por primera vez un sistema de emergencia que afecta a cientos de miles de móviles.

Pero Mazón asegura que no sabía nada. Que no se enteró. Que no estaba informado.

En contraste, cuando por fin devolvió la llamada –a las 19:43– admitió que la conversación sí trató sobre la alerta a la población. Lo cual contradice, frontalmente, sus declaraciones en prensa un mes antes, cuando afirmó lo contrario.

Y ese no es el único punto oscuro. La jueza quiere saber qué escucharon su chofer y sus escoltas. Los ha citado a declarar. Quiere reconstruir la ruta del presidente, determinar con quién habló, dónde estuvo y si las excusas ofrecidas hasta ahora encajan o forman parte de un intento de evadir responsabilidades políticas.

4. El comentario de Intxaurrondo: gasolina en un incendio institucional

En este contexto, la frase de Silvia Intxaurrondo operó como un detonante emocional y mediático. Su afirmación –que la periodista Maribel Vilaplana “estaba follando la tarde de la DANA”– no solo desató un terremoto por su crudeza; expuso una sensación generalizada en amplios sectores de la ciudadanía: la percepción de que mientras la gente moría, algunos responsables políticos estaban desconectados, distraídos o directamente ausentes.

Más allá del escándalo, la frase simboliza una idea que resuena con fuerza: los ciudadanos estuvieron solos. Y quienes tenían el poder de actuar, no lo hicieron.

5. La estrategia del Consell: culpar a los técnicos para salvar cargos políticos

La jueza detecta un patrón repetido en las declaraciones de los responsables políticos: ninguno asumió responsabilidad. La tónica general es clara: “hicimos lo que dijeron los técnicos”, “no teníamos información suficiente”, “no era nuestra competencia”.

Pero los informes del sumario revelan todo lo contrario. Los técnicos sí advirtieron. Repetidamente. Insistentemente. Lo que no existió fue una reacción política.

Los consellers de Educación, Carreteras, Interior, la vicepresidenta Susana Camarero… todos han mantenido versiones contradictorias, algunas directamente desmentidas por vídeos, chats internos y testimonios judiciales.

La instrucción judicial apunta a un posible encubrimiento coordinado para proteger la imagen del presidente y del Consell.

6. La jueza y el reto histórico: depurar responsabilidades en una tragedia sin precedentes

La magistrada encargada del caso tiene una tarea monumental: determinar si hubo negligencia política, si hubo retrasos injustificados en la activación del sistema de alerta, si el president tenía obligación de estar disponible, si su ausencia impidió decisiones que pudieron salvar vidas.

Y sobre todo, si se mintió después.

La jueza ya ha solicitado la geolocalización del móvil de Mazón. Será una prueba determinante. Y el temor se extiende entre los miembros del Consell: a medida que más personas declaren, más difícil será mantener versiones incoherentes.

7. ¿Por qué Mazón no declara?

La negativa del presidente a comparecer voluntariamente es uno de los elementos más comentados. Podría acudir como testigo, protegido por su abogado. Nadie podría incriminarlo sin pruebas directas. Y sin embargo, rechaza acudir.

Para muchos analistas, la razón es evidente: Mazón no puede explicar lo que no encaja. No puede justificar las contradicciones. No puede aclarar dónde estuvo. Y teme que una declaración formal abra la puerta a imputaciones más graves.

La política valenciana vive en un estado de shock. Los partidos de la oposición exigen responsabilidades inmediatas. Sectores del PP tratan de blindar a Mazón. Vox evita pronunciarse demasiado, consciente de la magnitud del escándalo.

8. Una tragedia que exige verdad

Mientras la investigación avanza, una realidad se abre paso: las víctimas merecen saber la verdad. Las familias que perdieron a sus seres queridos merecen explicaciones, no excusas. Los ciudadanos merecen instituciones que funcionen, no relatos políticos diseñados para encubrir errores.

La DANA fue una tragedia natural. Pero la gestión pudo haber sido otra cosa.

Lo que España se pregunta hoy es simple y devastador:
¿Murieron personas que pudieron haberse salvado?

La respuesta, de momento, sigue en manos de la jueza.