El Gobierno intenta blanquearse en plena trama PSOE con una ley para proteger al que denuncie corruptelas

El Gobierno de Pedro Sánchez intenta blanquearse en plena trama de corrupción que afecta a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, uno de ellos, José Luis Ábalos, también ministro de Fomento.

El Ejecutivo tratará de limpiar su imagen con una ley para proteger al denunciante de corruptelas que presencie en su ámbito laboral y de las que informe a las autoridades competentes. Algo que, sin embargo, ya existe y que los expertos advierten que «es redundante».

El Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz ha elevado a consulta pública, paso previo a la aprobación de una norma, un anteproyecto de ley para modificar el Estatuto de los Trabajadores en materia de «protección frente al despido de las personas trabajadoras denunciantes de corrupción y otras infracciones normativas»

Este procedimiento legislativo pretende «recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de un proyecto normativo».

La publicación de este trámite coincide con la misma semana en la que declaran dos de los tres socialistas salpicados por la trama de corrupción, Ábalos y su ayudante Koldo García, en el marco de la investigación del presunto amaño de contratos públicos.

El Gobierno de Pedro Sánchez intenta blanquearse en plena trama de corrupción que afecta a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, uno de ellos, José Luis Ábalos, también ministro de Fomento.

El Ejecutivo tratará de limpiar su imagen con una ley para proteger al denunciante de corruptelas que presencie en su ámbito laboral y de las que informe a las autoridades competentes. Algo que, sin embargo, ya existe y que los expertos advierten que «es redundante».

El Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz ha elevado a consulta pública, paso previo a la aprobación de una norma, un anteproyecto de ley para modificar el Estatuto de los Trabajadores en materia de «protección frente al despido de las personas trabajadoras denunciantes de corrupción y otras infracciones normativas».

Este procedimiento legislativo pretende «recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de un proyecto normativo».

La publicación de este trámite coincide con la misma semana en la que declaran dos de los tres socialistas salpicados por la trama de corrupción, Ábalos y su ayudante Koldo García, en el marco de la investigación del presunto amaño de contratos públicos.

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La ley que Trabajo pretende aprobar, sin embargo, ya está aplicándose en la práctica con la Ley 2/2023, cuya finalidad es «proteger a las personas que en un contexto laboral o profesional detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen mediante los mecanismos regulados» en la misma norma.

Ya existe «prohibición de represalias»

Aquella normativa ya preveía la existencia de un «canal interno de información» donde se permitía la «presentación de información respecto de las infracciones». Además, se subraya que «la información puede llevarse a cabo de forma anónima».

Además, establecía la «prohibición de represalias», incluso las «amenazas de represalia y las tentativas de represalia» contra los trabajadores «que presenten una comunicación» de denuncia de irregularidades. Es decir, que no podían despedir al trabajador por denunciar una corruptela en su empresa.

Sin embargo, la cartera de Díaz considera que es «necesario mejorar la protección de las personas trabajadoras que denuncian, garantizando una mayor protección».

El cambio que incluiría esta ley es que se declararía «expresamente la nulidad de las órdenes, extinciones y despidos acordados por la empresa que tuvieran por objeto represaliar a las personas trabajadoras que hubieran revelado o presentado información o comunicación conforme a lo previsto en la referida Ley 2/2023».

No obstante, los expertos en Derecho Laboral explican a OKDIARIO que ya incluso antes de la aprobación de estas medidas existía una «garantía de indemnidad» que declaraba «nulo el despido de cualquier tipo de trabajador» si se ha producido «como represalia ante cualquier denuncia previa» del trabajador por «incumplimientos por parte del empresario» o «cualquier otra materia que pudiera ser susceptible de algún tipo de denuncia por parte de los trabajadores o algún tipo de queja».

Una medida «redundante»

Es decir, que ya existía la protección para el trabajador y así se le reconocía en los juzgados de Laboral. «Se están centrando en el desarrollo de algunos derechos que ya teníamos adquiridos», aseguran fuentes expertas en la materia. Y aseguran que las normas como las que quiere aprobar el Ministerio de Trabajo acaban siendo «redundantes».

«La aplicación de todas estas normas y obligaciones muchas veces se supedita a que haya empresas que tengan más de 250 trabajadores», recuerdan los expertos en Derecho Laboral. «Y claro, en España la mayoría de las empresas que tenemos son pymes», indican, a la vez que se preguntan «hasta qué punto tienen luego un carácter efectivo estas normas».

Además, varias de las empresas que están siendo investigadas por la Unidad Central Operativa en la trama PSOE, como Servinabar 2000, son empresas que no superaban el umbral de trabajadores mínimo de 50 empleados que exige la Ley 2/2023 para ofrecer este tipo de buzones