Introducción: una herida que no se cierra

Cinco años después de la primera ola de la pandemia, el debate sobre lo ocurrido en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid sigue abierto. No se trata solo de una discusión política, sino de una cuestión profundamente humana: miles de personas murieron sin ser trasladadas a un hospital, sin recibir atención médica especializada y, en muchos casos, sin que sus familias comprendieran qué estaba ocurriendo realmente.

El nombre de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, aparece inevitablemente ligado a esta historia. Sus declaraciones, las cifras oficiales, los protocolos internos y las decisiones adoptadas durante las semanas más críticas del COVID-19 han sido objeto de investigaciones periodísticas, comisiones parlamentarias frustradas y denuncias judiciales que todavía siguen su curso.

El centro de la polémica es una cifra: 7.291 personas fallecidas en residencias sin derivación hospitalaria durante los meses de marzo y abril de 2020. Un número que no surge de rumores ni de estimaciones externas, sino de datos facilitados por el propio Gobierno de la Comunidad de Madrid a través del portal de transparencia.

Las cifras que incomodan

Según los documentos oficiales, en esos dos meses murieron en total 9.470 residentes. De ellos, 7.291 fallecieron sin ser trasladados a un hospital. Y, dentro de ese grupo, aproximadamente 5.500 presentaban síntomas compatibles con COVID-19 o diagnóstico confirmado.

Estas cifras fueron recopiladas residencia por residencia. Funcionarios de la Consejería de Políticas Sociales llamaban cada día a los 475 centros operativos para registrar datos: número de fallecidos, lugar de la muerte, síntomas, diagnósticos y otros indicadores sanitarios.

No son datos de asociaciones ni de partidos políticos. Son datos de la propia administración madrileña.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el discurso oficial ha ido cambiando. La presidenta Ayuso ha hablado de unas 4.100 muertes, generando una enorme confusión. ¿A qué cifras se refiere exactamente? ¿Qué periodo temporal se está tomando como referencia? ¿Qué criterio se utiliza para excluir miles de casos?

La crítica principal no es solo la discrepancia numérica, sino la falta de transparencia: si existen otros datos distintos, ¿por qué no se publican de forma detallada, residencia por residencia, como se hizo en 2020?

Los protocolos de no derivación

Uno de los elementos más controvertidos de toda esta historia son los llamados protocolos de no derivación hospitalaria. Se trata de cuatro versiones de un mismo documento, publicadas entre el 18 y el 25 de marzo de 2020, firmadas por el entonces director de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid.

Estos protocolos establecían que las personas con deterioro cognitivo o con alta dependencia física (por ejemplo, quienes se desplazaban en silla de ruedas) no cumplían criterios para ser trasladadas a hospitales.

En la práctica, esto significaba que una gran mayoría de los residentes quedaban automáticamente excluidos de la atención hospitalaria, independientemente de la gravedad de su estado clínico.

La consecuencia fue brutal: se creó un sistema de discriminación basado no en el diagnóstico médico individual, sino en la condición previa de la persona. Vivir en una residencia, tener dependencia o deterioro cognitivo se convirtió en un factor de exclusión.

Cuatro vías que nunca se usaron

Según los análisis posteriores, la Comunidad de Madrid tenía cuatro posibles vías para atender a los residentes enfermos:

Medicalizar las residencias, enviando médicos y enfermeras a los centros.

Derivar a hospitales públicos.

Derivar al hospital de campaña de IFEMA.

Derivar a hospitales privados, que estaban bajo mando único sanitario.

Lo más grave no es solo que se aplicara un protocolo restrictivo, sino que ninguna de estas vías se utilizó de forma efectiva.

El hospital de campaña de IFEMA estuvo operativo durante seis semanas. En ese mismo periodo murieron más de 5.000 residentes sin ser trasladados a ningún centro hospitalario. No se derivó ni un solo residente a IFEMA.

Los hospitales privados, que habían puesto sus camas a disposición de la Consejería de Sanidad, tampoco recibieron residentes, salvo aquellos que contaban con seguro médico privado.

La medicalización de las residencias, anunciada en rueda de prensa, nunca se implementó de forma real. A pesar de disponer de cientos de profesionales sanitarios procedentes de urgencias de atención primaria, estos fueron destinados a IFEMA y a hoteles medicalizados, no a las residencias.

Dos circuitos: con seguro y sin seguro

Uno de los aspectos más incómodos de esta historia es la existencia de dos circuitos sanitarios distintos.

Los residentes con seguro privado podían llamar a una ambulancia privada y ser trasladados a hospitales privados.

Los residentes sin seguro quedaban atrapados en el sistema público, sometidos a los protocolos de no derivación.

En teoría, durante la pandemia, todos los hospitales —públicos y privados— estaban bajo un mando único. En la práctica, se mantuvo una diferencia clara entre quienes podían pagar un seguro y quienes no.

Esto plantea una pregunta ética fundamental: ¿puede justificarse que, en una emergencia sanitaria, la supervivencia dependa del tipo de seguro médico?

El hospital Zendal y la paradoja

Mientras miles de personas morían en residencias sin atención hospitalaria, el Gobierno regional impulsaba la construcción del hospital de Valdebebas, conocido como Hospital Zendal.

Se presentó como una gran proeza: un hospital levantado en tiempo récord, con casi mil camas y decenas de UCI. Sin embargo, surgió una pregunta evidente: ¿de dónde saldría el personal?

La respuesta fue que se reorganizarían profesionales de otros hospitales. Es decir, se trasladaría personal ya existente, en un sistema sanitario ya saturado.

La paradoja es evidente: se construye un nuevo hospital mientras las residencias carecen de médicos, enfermeras y recursos básicos.

La comisión que se cerró

En la Asamblea de Madrid se abrió una comisión de investigación cuando el Partido Popular no tenía mayoría absoluta. Sin embargo, cuando el PP y Vox obtuvieron los votos suficientes, la comisión fue clausurada.

Esto generó aún más sospechas. Si la gestión había sido correcta, ¿por qué cerrar una comisión que buscaba esclarecer los hechos?

Cinco años después, asociaciones de familiares siguen exigiendo verdad y justicia, no solo empatía. Quieren saber por qué no se medicalizaron las residencias, por qué no se usaron los hospitales privados, por qué no se trasladó a nadie a IFEMA y por qué se aplicaron protocolos que excluían a los más vulnerables.

Más allá de la política: una cuestión moral

El debate ya no es únicamente político. Es un debate moral, social y jurídico. La pregunta de fondo es simple, pero devastadora:

¿Se tomó la decisión consciente de no atender hospitalariamente a un colectivo concreto de personas por su edad, su dependencia y su lugar de residencia?

Si la respuesta es sí, estamos ante uno de los mayores escándalos sanitarios de la historia reciente de España.

Si la respuesta es no, entonces alguien debe explicar con datos verificables por qué murieron miles de personas sin recibir atención hospitalaria cuando existían recursos disponibles.

Cinco años después, la herida sigue abierta. Y mientras no haya una investigación completa, transparente e independiente, las cifras seguirán siendo más que números: serán nombres, familias y una memoria colectiva que se resiste a ser enterrada bajo el silencio institucional.