Revisa la sección de comentarios para ver todo el video 👇🔗

En la última sesión parlamentaria de 2025, la Cámara alta de España fue escenario de un debate feroz que muchos calificaron como una auténtica escabechina política.

La confrontación estuvo marcada por acusaciones directas de corrupción, machismo, complicidad y negligencia, centradas en la gestión del presidente Pedro Sánchez y de varios miembros de su gabinete.

La tensión alcanzó su punto álgido cuando senadores de la oposición denunciaron lo que calificaron como “huida sistemática” del gobierno frente a sus responsabilidades parlamentarias, mientras los ministros ausentes eran señalados por ocupar cargos estratégicos en reuniones externas o por ocupar espacios mediáticos en lugar de responder a las interrogantes del Parlamento.

El inicio de la sesión estuvo marcado por la intervención de una senadora que criticó con dureza la ausencia de 13 ministros y la prolongada inactividad del presidente, quien, según la diputada, lleva 21 meses “huido” de la Cámara y de la rendición de cuentas.

Las críticas no se limitaron al presidente, sino que también apuntaron a las vicepresidentas, acusadas de estar distraídas con asuntos mediáticos o de evitar enfrentar investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO), mientras el país esperaba explicaciones claras sobre casos de corrupción que, según la oposición, salpican al gobierno y a su entorno.

Durante su intervención, la senadora puso énfasis en que Sánchez y siete ministros estaban participando en una reunión de la Fundación Carolina presidida por Su Majestad el Rey, mientras otros miembros del ejecutivo, según ella, se encontraban “ocupados en compromisos institucionales” o “gobernando a su manera”.

La parlamentaria cuestionó la transparencia de estas actividades, argumentando que tales ausencias reflejan una indiferencia hacia el control parlamentario y hacia la opinión pública, criticando al ministro Bolaños por no responder satisfactoriamente a las exigencias de la Cámara.

La sesión continuó con un tono cada vez más agresivo, con acusaciones que involucraban a figuras políticas del pasado, como José Luis Rodríguez Zapatero, vinculado según los senadores a reuniones clandestinas y posibles “chivatazos” que favorecieron ciertos intereses privados.

La oposición aprovechó el contexto para señalar el rescate de la aerolínea Plus Ultra, cuestionando su legalidad y sugiriendo irregularidades en la relación entre funcionarios y directivos vinculados al gobierno.

No faltaron referencias directas a casos de acoso y abuso dentro del aparato estatal. Se mencionó a Paco Salazar, antiguo funcionario de confianza del presidente, acusado de prácticas machistas y de extorsionar a mujeres desde su posición de poder.

La senadora afirmó que el silencio del gobierno frente a estos casos también constituye una forma de corrupción, acusando al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de proteger a individuos cuestionados en lugar de garantizar justicia y transparencia.

En paralelo, la defensa del gobierno no tardó en presentarse. Los ministros presentes insistieron en que la mayoría de las acusaciones respondían a una estrategia política de la oposición.

Entre los argumentos presentados, se destacó la mejora en la gestión de las fuerzas y cuerpos de seguridad: incremento de la plantilla en 18.000 agentes, aumento salarial del 40%, y la culminación del primer plan de infraestructuras para comisarías y cuarteles.

Además, se mencionó la implementación del DNI digital y del sistema Biogen 2, diseñado para fortalecer la protección frente a la violencia machista, subrayando que estas medidas reflejan una gestión activa frente a problemas sociales críticos.

La polémica sobre la violencia en el País Vasco y Navarra también ocupó un lugar central. La oposición acusó al gobierno de haber dejado desprotegidas a las fuerzas de seguridad y a las víctimas de actos terroristas, mientras que los ministros defendieron que las cifras de violencia en 2025 no son comparables con las de décadas anteriores y que se mantiene un compromiso con la seguridad de los ciudadanos.

Otro de los puntos álgidos fue la discusión sobre la gestión de los habilitados nacionales y la cesión de competencias a comunidades autónomas, especialmente Cataluña.

La oposición acusó al gobierno de usar el Real Decreto Ley para saltarse el Parlamento y favorecer agendas independentistas, mientras que los ministros defendieron que la medida busca resolver un problema estructural de vacantes en más de 8.100 municipios, y que la convocatoria de 1.000 plazas extraordinarias demuestra su voluntad de garantizar la cobertura funcional en todo el territorio nacional.

El debate, lejos de amainar, se intensificó con referencias a casos de corrupción vinculados a Ferraz y al PSOE, incluyendo supuestas prácticas de espionaje y extorsión hacia investigadores de la UCO y la UDEF.

Los opositores denunciaron que algunos miembros del gobierno utilizaban empresas públicas y mesas de expertos para proteger a corruptos y obstaculizar la labor de la justicia.

La senadora remarcó que estos hechos representan un “tsunami de corrupción” que afecta directamente a la confianza ciudadana y al funcionamiento del Estado.

Por su parte, los representantes del gobierno defendieron la actuación de la UCO y la UDEF, argumentando que se han incrementado los efectivos en un 36%, alcanzando un 96% de cobertura en la plantilla, frente al 70% que existía bajo administraciones anteriores.

Subrayaron que la independencia de los funcionarios y la profesionalidad de estos cuerpos son prioridad, y que el ejecutivo no interfiere en las investigaciones, proporcionando medios y respaldo institucional para garantizar la correcta aplicación de la ley.

Asimismo, se resaltó la diferencia entre los gobiernos actuales y los anteriores en materia de igualdad y feminismo.

Los ministros insistieron en que los avances en permisos de paternidad, incremento de pensiones y políticas de bienestar reflejan el compromiso del PSOE con los derechos de las mujeres y la justicia social, en contraste con la política del Partido Popular, al que acusaron de oponerse históricamente a estas medidas.

La sesión también abordó la seguridad ciudadana, el narcotráfico y la inmigración irregular. Se presentaron cifras de reducción del 40% en entradas irregulares, inversión de más de 200 millones de euros contra el narcotráfico, y operaciones de control como el Paso del Estrecho sin incidentes graves.

Los ministros argumentaron que estos logros reflejan una gestión efectiva y profesional frente a los problemas que la oposición acusa al gobierno de ignorar o empeorar.

El debate concluyó con un intercambio de acusaciones y defensas sobre la transparencia, la ética y la gestión gubernamental. Mientras la oposición denunciaba favoritismos, machismo y corrupción sistémica, los representantes del gobierno defendieron sus políticas de seguridad, igualdad, justicia social y modernización administrativa.

La sesión dejó una imagen de enfrentamiento frontal, donde la política se convirtió en un terreno de acusaciones y defensa de la gestión, reflejando la polarización del espectro político español y la tensión entre rendición de cuentas y estrategia partidista.

En resumen, la última sesión parlamentaria de 2025 evidenció un choque de narrativas: por un lado, acusaciones contundentes sobre corrupción, machismo, ocultación de información y negligencia; por otro, defensas basadas en resultados tangibles de gestión, incremento de personal, modernización administrativa y políticas de igualdad.

La confrontación dejó patente la complejidad de la política española actual, donde la transparencia, la justicia y la eficacia se entrelazan con estrategias partidistas y pugnas por la narrativa pública.

La sesión será recordada como una de las más intensas de la legislatura, un reflejo de las tensiones entre gobierno y oposición, y un ejemplo del debate político que marca la agenda española en plena etapa de consolidación democrática.