
La política madrileña vive uno de los mayores terremotos institucionales de los últimos años. Una investigación periodística ha destapado que el Partido Popular de la Comunidad de Madrid presionó a una concejala para que no denunciara un presunto caso de acoso sexual y laboral protagonizado por el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, también del PP. Lo más grave no es solo el contenido de la denuncia, sino la respuesta del partido: silencio, presiones internas y una cadena de decisiones orientadas a tapar el caso.
La noticia, publicada en portada por El País, ha provocado una tormenta política inmediata. Según la documentación recopilada, la edil afectada acudió directamente a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y se reunió con dos de las personas de su máxima confianza: Alfonso Serrano, secretario general del PP madrileño, y Ana Millán, vicepresidenta de la Asamblea. También elevó su denuncia al Comité Nacional de Derechos y Garantías del partido.
El resultado fue demoledor: no recibió amparo, se le desaconsejó denunciar, se cerró el caso sin investigación real y terminó dejando su acta, abandonando la política y dándose de baja del Partido Popular.
De oportunidad política a pesadilla personal
La protagonista de esta historia no es una militante cualquiera. Se trata de una mujer con alta formación, funcionaria del Estado, que llevaba tiempo fuera de la política y que fue fichada por el entonces alcalde de Móstoles como parte de sus listas municipales.
Según su testimonio, al principio la relación fue estrictamente profesional. Sin embargo, con el paso del tiempo, el alcalde comenzó a mostrar un interés que ya no era político, sino personal y sexual. Insinuaciones, comentarios, actitudes ambiguas.
Cuando ella dejó claro que no quería ningún tipo de relación personal, la situación cambió radicalmente. Lo que antes era cercanía se transformó en presión, marginación y castigo laboral.
La edil denunció que comenzó a ser apartada de funciones, relegada en sus competencias, invisibilizada en el trabajo diario y sometida a un clima de hostilidad constante. Es en ese momento cuando decide acudir al partido.
La respuesta del PP: “Mejor no denuncies”

La clave del escándalo no está solo en el comportamiento del alcalde, sino en cómo reaccionó el Partido Popular cuando una de las suyas pidió ayuda.
La concejala se reunió en varias ocasiones con dirigentes del PP madrileño. En esas reuniones, según la documentación aportada, recibió mensajes claros:
Que no denunciara.
Que una denuncia sería “contraproducente”.
Que lo mejor era manejarlo de forma interna.
Que pensar en acciones judiciales podía perjudicar su carrera… y al partido.
En palabras literales recogidas por la investigación, una de las frases más duras que le trasladaron fue:
“El amparo del partido pasa por que te quites de la cabeza cualquier denuncia”.
Es decir: el apoyo político estaba condicionado a su silencio.
Ayuso, Serrano y Millán: la cúpula lo sabía

Uno de los elementos más explosivos del caso es que la información llegó hasta lo más alto del poder regional. La concejala no solo habló con cargos intermedios, sino que:
Escribió directamente a Isabel Díaz Ayuso.
Se reunió con Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid.
Se reunió con Ana Millán, vicepresidenta de la Asamblea.
Es decir, no se trató de un problema local mal gestionado, sino de un caso conocido por la cúpula del partido en la Comunidad de Madrid.
A pesar de ello, no se abrió ninguna investigación seria. No se tomaron declaraciones formales. No se analizaron pruebas. No se protegió a la víctima.
La respuesta fue cerrar filas, proteger al alcalde y empujar a la concejala fuera del sistema.
El expediente que nunca existió
Según la documentación aportada, el partido llegó a abrir una supuesta investigación interna. Pero en la práctica:
No se instruyó ningún expediente real.
No se citaron testigos.
No se revisaron audios ni pruebas.
No se tomaron medidas cautelares.
No se activaron protocolos de acoso.
Todo quedó en nada.
La concejala, al ver que no recibía ningún tipo de amparo, terminó renunciando a su acta, dejó la política activa y se dio de baja del Partido Popular.
El mensaje implícito era devastador: o callas, o te vas.
El episodio más inquietante: el correo borrado
Uno de los aspectos más turbios del caso es lo ocurrido con su correo corporativo.
Tras poner en conocimiento del partido la situación de acoso, la concejala descubrió que toda la bandeja de entrada de su correo oficial había sido borrada. Mensajes, comunicaciones internas, documentos… todo había desaparecido.
Ante este hecho, decidió acudir al juzgado, no para denunciar el acoso, sino para denunciar la desaparición de su correo corporativo, algo que consideraba extremadamente grave.
Paradójicamente, el partido utilizó después esa denuncia judicial para decirle que ya no podían investigar el caso internamente porque estaba judicializado, aunque en realidad la denuncia no era por el acoso, sino por el borrado del correo.
Un círculo perfecto para no investigar nada.
Hipocresía política en estado puro
El escándalo estalla además en el peor momento posible para el Partido Popular. Durante las últimas semanas, Isabel Díaz Ayuso y otros dirigentes del PP habían cargado con dureza contra el PSOE por distintos casos de acoso sexual que salpicaban a figuras de la izquierda.
En una sesión parlamentaria reciente, Ayuso llegó a decir frases como:
“Los señores de la Moncloa, aquellos que acosaban a sus compañeras, que se subían la bragueta en su cara, son los que ahora dan lecciones”.
O incluso ironizó con colocar “actores porno” al frente del PSOE.
Ahora, la información publicada revela que su propio partido actuó exactamente igual: encubriendo, silenciando y presionando a una víctima.
Como resumía uno de los analistas políticos en el debate posterior:
“Esto tiene un nombre: hipocresía”.
El patrón que se repite: el caso Nevenka
Muchos han comparado este escándalo con el famoso caso Nevenka, ocurrido en Ponferrada a principios de los años 2000. En aquel caso, una concejala denunció acoso sexual por parte del alcalde del PP. Aunque finalmente hubo condena judicial, Nevenka sufrió una persecución brutal, tuvo que abandonar la ciudad y terminó exiliándose fuera de España.
La diferencia es que ahora han pasado más de veinte años. Las exigencias sociales han cambiado. Los protocolos existen. El discurso público es feminista.
Y sin embargo, el comportamiento del partido ha sido prácticamente el mismo: proteger al poderoso, aislar a la denunciante y empujarla al silencio.
El daño colateral: descrédito institucional
Más allá del caso concreto, muchos analistas advierten de un efecto aún más profundo: el descrédito de las instituciones democráticas.
El espectáculo de partidos utilizándose mutuamente los casos de acoso, mientras internamente hacen lo mismo, alimenta una sensación generalizada de cinismo, desconfianza y hartazgo social.
Como se señalaba en el debate:
“La hiperpelea constante entre PP y PSOE está alimentando la antipolítica. Y quien se beneficia de eso es Vox”.
Es decir, cada escándalo no solo daña al partido implicado, sino que erosiona la credibilidad del sistema político en su conjunto.
La pregunta que Ayuso no ha respondido
Hasta el momento, Isabel Díaz Ayuso no ha dado una explicación detallada sobre este caso. No ha negado explícitamente las reuniones. No ha explicado por qué no se protegió a la concejala. No ha aclarado qué medidas se tomaron realmente.
Y la pregunta clave sigue flotando en el aire:
¿Por qué una mujer que denuncia acoso dentro del PP termina fuera del partido, mientras el alcalde sigue en su cargo?
cuando el poder pesa más que la justicia
Este caso no es solo un escándalo interno del Partido Popular. Es un símbolo de cómo funcionan las estructuras de poder cuando una denuncia amenaza la estabilidad política.
La historia es clara:
Una mujer denuncia acoso.
Acude a la cúpula del partido.
Le recomiendan no denunciar.
No se investiga.
Se borran comunicaciones.
La víctima abandona.
El agresor continúa.
Y todo ello en un partido que se presenta públicamente como defensor de la libertad, la igualdad y la dignidad.
El mensaje final es devastador para cualquier mujer que sufra acoso en política:
si denuncias, te quedas sola; si callas, quizá sobrevivas.
Y esa es, precisamente, la mayor derrota democrática de todas.
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