El anuncio del acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos para impulsar una regularización extraordinaria de personas migrantes ha vuelto a encender una de las batallas políticas más intensas de los últimos años en España: la inmigración como campo de guerra cultural. No se trata solo de una medida administrativa o jurídica. Lo que se ha desatado es un terremoto discursivo donde se mezclan datos, medias verdades, bulos, emociones, miedos colectivos y una narrativa de confrontación que la ultraderecha lleva tiempo construyendo.

Según lo anunciado, la regularización permitiría obtener permiso de residencia y trabajo a aquellas personas migrantes que estuvieran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan acreditar una permanencia mínima de cinco meses mediante empadronamiento, contratos de alquiler, facturas, informes médicos o incluso certificados de envío de dinero. El Gobierno calcula que podría beneficiar a unas 500.000 o 600.000 personas.

La medida, que se tramitaría vía Real Decreto y nace de una Iniciativa Legislativa Popular con más de 700.000 firmas, pretende dar seguridad jurídica a miles de personas que ya viven, trabajan y consumen en España, pero que lo hacen en situación irregular.

Sin embargo, la reacción de Vox y su entorno mediático ha sido inmediata, furiosa y cargada de un tono apocalíptico.

El discurso del miedo: “invasión”, “reemplazo”, “sustitución”

Desde los primeros minutos, los portavoces de Vox comenzaron a hablar de “efecto llamada”, “invasión migratoria”, “regularización de ilegales” y, sobre todo, de una idea que se ha convertido en el eje central de su relato: la “sustitución del pueblo español”.

Según esta narrativa, Pedro Sánchez y la izquierda estarían impulsando un plan deliberado para “reemplazar” a la población autóctona por población migrante, con el objetivo de garantizarse votos futuros y perpetuarse en el poder.

Frases como:

“Sánchez odia al pueblo español”.

“Quieren cambiar al pueblo por otro”.

“Regularizan inmigrantes para ganar elecciones”.

“Es una traición histórica”.

se han repetido de forma sistemática en redes sociales, tertulias, vídeos virales y medios afines a la ultraderecha.

Este discurso no es nuevo. Conecta directamente con la teoría conspirativa del “Gran Reemplazo”, popularizada por la extrema derecha europea, según la cual las élites políticas estarían promoviendo la llegada masiva de inmigrantes para diluir cultural, étnica y políticamente a la población nacional.

Una teoría sin base empírica, pero con una enorme potencia emocional.

La gran mentira del voto

Uno de los argumentos más repetidos por Vox es que esta regularización permitirá a cientos de miles de personas votar al PSOE en las próximas elecciones. Sin embargo, esta afirmación es falsa en términos jurídicos.

En España:

Solo los ciudadanos españoles pueden votar en elecciones generales, autonómicas y europeas.

Para obtener la nacionalidad española se requieren, en la mayoría de los casos, 10 años de residencia legal y continuada.

Existen excepciones (principalmente países latinoamericanos) donde el plazo se reduce a 2 años, pero incluso en esos casos los procesos administrativos suelen alargarse mucho más.

La regularización solo otorga permiso de residencia y trabajo, no nacionalidad.

Es decir: ninguna de las personas regularizadas podrá votar en el corto ni en el medio plazo.

Pero el discurso no busca precisión legal. Busca generar miedo.

Regularizar no es regalar: el mito de la nacionalidad exprés

Otro de los bulos recurrentes es que el Gobierno estaría “regalando la nacionalidad española”. En realidad, la medida no tiene nada que ver con la nacionalidad. Se trata de un procedimiento administrativo para sacar de la economía sumergida a personas que ya están dentro del país.

Regularizar significa:

Que puedan trabajar legalmente.

Que coticen a la Seguridad Social.

Que paguen impuestos de forma directa.

Que tengan acceso pleno a derechos laborales.

Que no estén expuestas a la explotación.

No significa:

Que se conviertan en ciudadanos españoles.

Que voten.

Que obtengan automáticamente ayudas sociales.

Que estén exentas de cumplir la ley.

El argumento de la delincuencia

Otro eje del discurso de la ultraderecha es la asociación directa entre inmigración y criminalidad. Vox y sus medios insisten en que la regularización provocará un aumento de la inseguridad.

Sin embargo, los estudios sociológicos muestran que:

La criminalidad está mucho más relacionada con factores socioeconómicos que con el origen nacional.

La irregularidad aumenta la vulnerabilidad, la explotación y, en algunos casos, la marginalidad.

La regularización reduce la economía sumergida y mejora los mecanismos de control institucional.

Paradójicamente, mantener a cientos de miles de personas en situación irregular es lo que más favorece los espacios de exclusión social.

El doble rasero identitario

Uno de los aspectos más llamativos del discurso de Vox es su apelación a una supuesta “pureza nacional”, cuando gran parte de sus dirigentes tienen apellidos, ascendencias o historias familiares vinculadas a procesos migratorios.

España es, históricamente:

Un país de emigrantes.

Un país de mezclas culturales.

Un país construido sobre flujos humanos constantes.

Desde América Latina hasta Europa, millones de españoles han sido migrantes durante el siglo XX. Sin embargo, cuando el fenómeno se invierte, el relato se convierte en “invasión”.

La regularización como win-win económico

Desde una perspectiva económica, la regularización masiva tiene efectos positivos claros:

Más cotizantes a la Seguridad Social.

Más recaudación fiscal.

Menos economía sumergida.

Menos explotación laboral.

Más estabilidad en sectores clave como agricultura, hostelería, cuidados y construcción.

Personas que ya están trabajando, pero en negro, pasan a hacerlo legalmente. Eso beneficia tanto al trabajador como al sistema.

La guerra cultural como estrategia política

Lo que realmente explica la virulencia de Vox no es la medida en sí, sino su función estratégica.

La inmigración es:

Un tema emocional.

Fácil de simplificar.

Ideal para polarizar.

Perfecto para desviar el foco de otros problemas: vivienda, inflación, servicios públicos, corrupción, precariedad.

Mientras se discute sobre “invasiones”, se deja de hablar de:

Fondos buitre.

Especulación inmobiliaria.

Salarios estancados.

Privatizaciones.

Recortes estructurales.

El miedo funciona mejor que cualquier programa económico.

Medios, tertulias y amplificación del odio

La reacción mediática ha sido clave. Programas de televisión, tertulias y canales digitales afines a la derecha han amplificado los marcos de Vox:

Vinculación inmigración-delincuencia.

Supuesto colapso de servicios públicos.

Escenas aisladas convertidas en norma.

Uso constante de lenguaje bélico.

Todo ello financiado, en muchos casos, con dinero público a través de televisiones autonómicas o subvenciones indirectas.

El núcleo del conflicto: derechos humanos

En el fondo, la pregunta es sencilla:

¿Debe una persona que vive, trabaja y paga impuestos en un país tener derechos básicos aunque no tenga papeles?

La regularización parte de una premisa clara: la dignidad humana no puede depender de un expediente administrativo.

Frente al discurso del miedo, el Gobierno y Podemos defienden que se trata de:

Un paso hacia la normalización.

Una medida de justicia social.

Una política de integración real.

Un enfoque pragmático frente a una realidad ya existente.

Miedo contra realidad

La regularización masiva no es una revolución demográfica, ni un plan de sustitución, ni una estrategia electoral encubierta. Es una respuesta administrativa a un hecho objetivo: cientos de miles de personas ya viven en España.

La pregunta no es si existen.
La pregunta es en qué condiciones viven.

Y ahí es donde se decide el modelo de país:
uno basado en el miedo, o uno basado en derechos.