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La política española vuelve a estallar en un torbellino de sospechas, acusaciones cruzadas y tensión institucional. Esta vez, el epicentro del terremoto no está ni en La Moncloa ni en el Congreso, sino en el eje Madrid–Galicia, donde una nueva controversia amenaza con dinamitar la imagen de limpieza que el Partido Popular intenta sostener mientras se prepara para el ciclo electoral. La sombra del nepotismo, del clientelismo y del trato de favor vuelve a cernirse sobre dos de sus figuras más visibles: Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. Y por detrás, casi como un eco insistente, emergen nombres familiares: Micaela Núñez Feijóo, hermana del líder popular, y Eva Cárdenas e Ignacio Cárdenas, pareja y cuñado de Feijóo, respectivamente.

La tormenta estalló cuando se conoció que la Comunidad de Madrid había adjudicado un nuevo contrato menor a la empresa Eulen, compañía en la que la hermana de Feijóo ocupa un puesto de alta dirección en la zona noroeste. La información llegó inicialmente como un susurro, filtrada por fuentes que hablaban de “un contrato más” dentro de un entramado mucho mayor. Pero pronto adquirió dimensiones explosivas: los documentos revelaban una cadena de adjudicaciones menores, ampliaciones sucesivas y ausencia total de concurrencia pública.

Un patrón que se repite: contratos pequeños, grandes dudas

La oposición madrileña no tardó en denunciarlo: Ayuso volvía a otorgar contratos “sin control”, con la fórmula de contratos menores —normalmente reservados a compras pequeñas— que, sin embargo, eran prorrogados, ampliados o encadenados año tras año hasta alcanzar cifras globales elevadas. “Estos contratos deben estar en la comisión de investigación”, denunciaron. “Son contratos vinculados a la empresa de la hermana de Feijóo. Hay un conflicto de interés evidente”.

El ruido político se intensificó cuando se recordó que Eulen también había recibido cerca de 7 millones de euros entre 2018 y 2024 en Galicia, durante los mandatos de Feijóo y posteriormente de Alfonso Rueda. En total, desde 2009, la empresa habría facturado más de 60 millones a la Xunta. Una cifra que, por sí sola, ya sería suficiente para suscitar preguntas. Pero las sospechas crecieron todavía más cuando se destapó que muchos de esos contratos habían sido otorgados sin concurso público, mediante procedimientos de emergencia o contratos menores.

El precedente gallego: un agujero negro de adjudicaciones sin competencia

La situación en Galicia tiene tintes incluso más escandalosos que el caso madrileño. Un informe parlamentario reveló que 9 de cada 10 contratos adjudicados a Eulen durante el periodo analizado fueron otorgados sin concurso. Es decir, elegidos “a dedo”.

Sumando todas las empresas vinculadas al entorno familiar de Feijóo —Eulen, Universal Support, Sargadelos y Allwork—, el montante supera los 31 millones de euros, la gran mayoría bajo la presidencia de Feijóo o su sucesor directo.

El caso más llamativo es el de Universal Support, un centro de telemarketing dirigido por el cuñado de Feijóo, Ignacio Cárdenas. Durante la pandemia, esta empresa recibió más de 24 millones para gestionar llamadas y rastreo COVID… pese a no tener experiencia sanitaria previa y sin haber firmado jamás contratos con la administración antes de 2020. En su propuesta, Universal Support afirmaba que emplearía a 78 trabajadores con un salario medio de 15.000 euros al año —una cifra que no encaja con los 24 millones facturados en apenas dos años y medio. Una diferencia inexplicable que ha despertado todas las alertas.

El caso de Allwork, empresa ligada al marido de la secretaria general del PP gallego, también levanta sospechas: antes de la pandemia apenas había tenido dos contratos por menos de 2.000 euros. Tras la entrada del nuevo socio familiar, acumuló más de 190.000 euros en contratos directos.

La opacidad como norma

La Xunta de Galicia se ha mostrado especialmente reacia a facilitar información. Ni los contratos menores, ni los expedientes completos, ni las referencias internas fueron enviados a la comisión parlamentaria que investiga estos hechos. Se detectaron al menos 11 contratos “desaparecidos”, todos ellos vinculados a empresas del entorno familiar del líder popular.

Cuando los periodistas intentaron obtener explicaciones, tanto la Xunta como la presidencia del Parlamento gallego declinaron responder. La negativa sistemática a aportar datos ha llevado a la oposición —PSOE y BNG— a hablar abiertamente de “un apagón informativo deliberado”.

El propio BNG presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional denunciando que el PP está bloqueando la labor de fiscalización parlamentaria al impedir que Feijóo, su hermana y otros familiares comparezcan en la comisión de investigación.

¿Corrupción, trato de favor o simple falta de ética?

Hasta el momento, no existe una imputación formal por delitos concretos. Pero el PSOE insiste en que hay suficientes indicios para hablar de posible prevaricación, tráfico de influencias y trato de favor. “No estamos hablando de errores administrativos”, señalaron. “Estamos hablando de 31 millones de euros de dinero público en manos de un círculo familiar”.

Los socialistas también revelaron otro aspecto inquietante: una parte de los beneficios obtenidos mediante estos contratos habría sido utilizada para financiar medios de comunicación “fake” dedicados a lanzar campañas contra el Gobierno central. De confirmarse, se trataría de un uso gravísimo y partidista de recursos públicos, canalizados a través de empresas privadas con vínculos familiares.

Ayuso entra en escena

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aparece en la trama por la adjudicación directa de nuevos contratos menores a Eulen. Aunque el importe individual de estos contratos pueda parecer pequeño, la oposición subraya que lo grave es la acumulación sistemática y la repetición de un patrón idéntico al de Galicia.

La frase que más ha resonado en redes sociales y en los pasillos del Congreso es una de las más duras lanzadas por la oposición:

“Si tu primo adjudica cuatro millones en contratos públicos a la empresa donde trabaja tu hermana, algo no funciona en esa administración.”

El tablero político se incendia

El PSOE ha endurecido su postura después de que se conocieran mensajes privados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Lejos de verse debilitados, han pasado al contraataque abriendo la puerta a investigaciones formales contra Feijóo y Ayuso.

Los populares, por su parte, denuncian una “campaña de difamación” y aseguran que todos los contratos fueron legales. Sin embargo, evitan responder sobre los contratos menores desaparecidos, las adjudicaciones sistemáticas sin concurso o el motivo por el cual empresas sin experiencia sanitaria manejaron millones durante la pandemia.

Una trama que revela la fragilidad del sistema

El caso pone en el centro del debate la delgada línea entre legalidad y legitimidad, entre procedimientos administrativos y ética pública. Aunque muchos de los contratos pudieron ser legales según la Ley de Contratación Pública, la concentración en manos de empresas familiares, la falta de competencia, las adjudicaciones repetidas y la opacidad informativa dibujan un escenario inquietante.

España ya ha visto demasiadas veces cómo estas “zonas grises” terminan convirtiéndose en escándalos judiciales. Y esta vez, los ingredientes están todos sobre la mesa:

adjudicaciones sin concurrencia

vínculos familiares directos

beneficios millonarios

ocultación de contratos

presuntas presiones internas

falta de transparencia institucional

¿Y ahora qué?

El futuro de este escándalo dependerá de tres factores:

La presión de la oposición, que ya prepara nuevas comparecencias y ampliaciones de la investigación.

La resolución del Tribunal Constitucional sobre el bloqueo del PP en el Parlamento gallego.

La reacción de la ciudadanía, que ya muestra en encuestas una creciente preocupación por la ética política y el nepotismo.

De momento, el caso no parece que vaya a apagarse. Al contrario: cada día aparecen nuevos documentos, contratos previamente desconocidos, y testimonios de funcionarios que describen un clima de opacidad instalado desde hace años.

Lo que comenzó como un “contrato menor” se ha transformado en un escándalo que amenaza con convertirse en uno de los mayores terremotos políticos para el PP en la última década. Y si nuevas pruebas salen a la luz, la onda expansiva podría llegar mucho más lejos de Madrid y Galicia.