Pisos de protección oficial adjudicados a concejales, familiares de altos cargos, funcionarios municipales y personas con sueldos de hasta 70.000 euros. Promociones sin publicidad, listas opacas, pagos en B y una normativa diseñada para que el negocio privado sustituya al control público. El caso de Alicante destapa un sistema, no una excepción.

Lo que debía ser un hito social se ha convertido en uno de los mayores escándalos políticos de la Comunidad Valenciana en los últimos años. Tras dos décadas sin construir una sola vivienda pública, Alicante anunciaba con orgullo la primera gran promoción de pisos de protección oficial. 140 viviendas destinadas, en teoría, a aliviar la emergencia habitacional de miles de familias.

La realidad fue otra muy distinta.

La “suerte”, según el relato oficial, sonrió de forma sospechosamente selectiva: entre los adjudicatarios aparecieron la concejala de Urbanismo del propio Ayuntamiento, el arquitecto municipal, dos hijos y un sobrino de la directora general de Contratación Pública, el notario de la promoción y familiares directos de altos cargos del Consell.

No fue una lotería. Fue un reparto.

Y el reparto tenía nombre, apellidos y carné del Partido Popular.

La tercera dimisión y un escándalo que no se detiene

La bola de nieve no ha dejado de crecer. A las primeras dimisiones se ha sumado una tercera: la del jefe de gabinete de la consellera de Industria y Turismo, Miguel Ángel Sánchez, cuya exmujer y madre de sus hijas fue adjudicataria de uno de los pisos.

En su comunicado, Sánchez aseguraba no haber participado en la adjudicación. Pero el daño ya estaba hecho: otro cargo del entorno directo del PP beneficiado por una vivienda pública.

El Ayuntamiento de Alicante se vio obligado a convocar un pleno extraordinario. Por unanimidad se aprobó la creación de una comisión de investigación municipal y otra en Les Corts Valencianes. Incluso Vox, socio parlamentario del PP, se sumó a la iniciativa. Cuando hasta tus aliados piden investigar, el problema ya no es mediático: es político.

Barcala pide perdón… pero no devuelve los pisos

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, compareció públicamente. Pidió disculpas. Se declaró sorprendido. Dijo no saber que su concejala de Urbanismo se había adjudicado uno de los pisos.

Pidió perdón, sí.

Pero nadie ha devuelto nada.

Las dimisiones llegaron. Los pisos no.

Los cargos públicos implicados han dejado sus puestos institucionales, pero conservan las llaves de unas viviendas que cuestan la mitad de su valor real, gracias a que el resto lo paga el contribuyente.

Es el modelo perfecto: pierdes el cargo, te quedas el premio.

Vivienda pública sin publicidad: el sistema del silencio

Uno de los aspectos más escandalosos del caso es que la promoción no fue publicitada a la ciudadanía. No hubo campaña informativa. No hubo lista pública. No hubo sorteo.

El promotor privado decidió directamente a quién adjudicaba los pisos.

Una vivienda pública gestionada como si fuera un club privado.

Los potenciales beneficiarios —familias con bajos ingresos, jóvenes sin posibilidad de emanciparse, personas en situación de vulnerabilidad— ni siquiera supieron que existía esa promoción.

Mientras tanto, los pasillos del Ayuntamiento estaban llenos de futuros vecinos.

El negocio: vender al doble lo que pagamos entre todos

Pero el escándalo no termina en la adjudicación. Lo más grave es lo que está saliendo después: varios testimonios apuntan a que algunos pisos ya se están vendiendo al doble de su precio protegido.

¿Cómo se paga la diferencia?

En B.

En efectivo.

En sobres.

Según las investigaciones periodísticas, se estarían pagando hasta 200.000 euros en dinero negro, además del precio oficial de la vivienda protegida. Una operación clásica: en notaría solo figura la mitad. La otra mitad se entrega antes, sin rastro legal.

Dinero negro sobre suelo público.

La vivienda social convertida en producto especulativo.

Carlos Mazón y la reforma que lo hizo posible

Nada de esto sería posible sin un cambio clave: la reforma normativa impulsada por el gobierno de Carlos Mazón.

El actual presidente de la Generalitat Valenciana modificó los requisitos para acceder a vivienda protegida:

– Elevó el umbral de renta hasta permitir sueldos de más de 66.000 euros.
– Eliminó la obligatoriedad de listas públicas gestionadas por la administración.
– Dejó en manos de promotores privados la gestión de las adjudicaciones.
– Redujo los controles y la fiscalización.

Traducción política: privatizar el reparto de lo público.

Desde ese momento, el constructor pasó a decidir quién merecía una vivienda pública. Y, casualmente, los beneficiados fueron quienes podían devolver favores.

No es un fallo del sistema. Es el sistema.

75.000 personas esperando… y los pisos se los quedan ellos

En Alicante hay más de 75.000 personas inscritas oficialmente en listas de demanda de vivienda pública.

75.000.

Y en la primera promoción de VPO en 20 años, los pisos acaban en manos de:

– Concejales del PP.
– Funcionarios municipales.
– Familiares de altos cargos.
– Notarios y arquitectos del propio proceso.

Mientras miles de familias pagan alquileres de 1.400, 1.600 o 1.800 euros al mes, quienes cobran sueldos públicos de 60.000 o 70.000 euros se quedan con pisos subvencionados.

Es una burla institucional.

El meta-todolomismo: cuando todo te da igual

Desde la oposición, Compromís ha definido este fenómeno con un término demoledor: el “meta-todolomismo”. La doctrina política según la cual todo da igual, porque todo se puede justificar.

No es corrupción puntual. Es una cultura.

La cultura de quien cree que lo público es suyo.
La cultura de quien se siente impune.
La cultura de quien gobierna como si gestionara una herencia privada.

Dimiten, pero no se ruborizan.
Piden perdón, pero no devuelven.
Hablan de errores, pero no de responsabilidades.

Un informe enterrado y una bomba de relojería

Lo más grave: existía un informe del servicio de Patrimonio del Ayuntamiento que advertía que funcionarios y concejales estaban accediendo a viviendas protegidas.

¿Dónde está ese informe?

Enterrado.

Ignorado.

Archivado.

El alcalde lo tenía. Nadie actuó. Nadie paralizó las adjudicaciones. Nadie dio la voz de alarma hasta que el escándalo explotó en prensa.

No fue un descuido. Fue una decisión política.

Privatización extrema: cuando el constructor decide quién es pobre

Este caso refleja una lógica perversa: la privatización absoluta del control público.

En lugar de que la administración evalúe rentas, necesidades y prioridades sociales, se deja al promotor privado elegir beneficiarios.

El resultado es previsible:
– Amistades.
– Intercambios de favores.
– Puertas giratorias.
– Información privilegiada.

La vivienda pública deja de ser política social y pasa a ser moneda de cambio.

El discurso liberal y la práctica comunista… para los suyos

El Partido Popular predica el liberalismo: que cada cual se pague su sanidad, su educación, su vivienda.

Pero cuando llega el momento, no renuncian a lo público.

Lo ocupan.

Lo utilizan.

Lo explotan.

Liberales para los demás.
Socialistas de élite para ellos.

Critican las “paguitas”, pero se quedan con pisos subvencionados.
Critican el gasto público, pero se benefician de él.
Critican el Estado, pero viven de él.

El precedente: Taula, Fabra, Gürtel… la historia que se repite

En la Comunidad Valenciana esta película ya se ha visto.

Caso Taula.
Caso Gürtel.
Carlos Fabra.
Contratos amañados.
Suelo público para empresarios afines.
Financiación irregular.

Y ahora, vivienda pública convertida en negocio privado.

Cambian los nombres. Cambian los cargos. Pero el patrón es el mismo.

Cuando gobierna el PP, lo público se privatiza.
Cuando estalla el escándalo, se habla de “casos aislados”.
Cuando hay pruebas, se piden perdones.
Cuando pasa el tiempo, no pasa nada.

La pregunta que nadie quiere responder

La pregunta ya no es si hubo irregularidades.

La pregunta es otra:

¿Cuántas promociones más se han adjudicado así sin que lo sepamos?
¿Cuántas familias han sido excluidas sin siquiera enterarse?
¿Cuántos pisos públicos están hoy alquilados o vendidos en negro?
¿Cuántos cargos han convertido la vivienda social en inversión privada?

Y sobre todo:

¿Quién va a devolver lo que se han llevado?

Porque dimitir sin devolver el piso no es responsabilidad política.
Es simplemente cambiar de despacho con las llaves en el bolsillo.

El problema real: la impunidad

Lo más inquietante del caso de Alicante no es la corrupción en sí.

Es la sensación de impunidad.

La naturalidad.
La falta de miedo.
La tranquilidad con la que se reparten lo que no es suyo.

Como si supieran que, pase lo que pase, no habrá consecuencias reales.

Y quizás tengan razón.

Porque mientras las familias siguen esperando, ellos ya están instalados.

En sus pisos protegidos.
Con vistas al mar.
Pagados entre todos.