Hay momentos en los que una democracia se mira al espejo y no reconoce su propio reflejo. No porque no existan elecciones, parlamentos o tribunales, sino porque detrás de las instituciones formales sigue operando una estructura informal de poder que actúa sin control, sin autorización judicial y con objetivos políticos claros.

La exclusiva revelada por Ernesto Ekaizer esta semana pertenece a esa categoría de informaciones que no solo incomodan, sino que cuestionan directamente el funcionamiento real del Estado de derecho en España.

Según la documentación que la defensa de Leire Díez ha presentado ante el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, la Guardia Civil, concretamente la UCO, habría desarrollado durante años una investigación prospectiva e ilegal contra dirigentes del PSOE —entre ellos Santos Cerdán— utilizando como confidente a una periodista de investigación: Patricia López, fallecida en diciembre de 2025.

Lo que emerge no es un simple caso judicial. Es el retrato de un sistema paralelo de vigilancia política, una red de informantes, fiscales, agentes y filtraciones mediáticas que recuerda demasiado a las peores páginas de la llamada “policía patriótica” de la era Fernández Díaz.

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La figura clave: Patricia López, periodista y confidente

Patricia López no era una desconocida. Durante años fue una periodista reputada, especializada en investigar las cloacas del Estado, el caso Villarejo, la Operación Cataluña y las tramas policiales heredadas del Ministerio del Interior del PP.

Lo que nadie sabía —hasta ahora— es que al mismo tiempo que investigaba esas cloacas, actuaba como confidente de la Guardia Civil desde hacía más de 11 años.

Según los audios y mensajes aportados por Leire Díez:

Patricia López colaboraba con la Guardia Civil.

Tenía como interlocutor directo a un agente llamado Pedro Gil.

Recibía pagos por esa colaboración.

Informaba de reuniones internas del PSOE, especialmente sobre Santos Cerdán.

Filtraba documentación obtenida en entornos políticos.

En otras palabras: doble rol, doble juego, doble lealtad.

Periodista por fuera. Fuente policial por dentro.

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El personaje en la sombra: Pedro Gil, el enlace

Pedro Gil aparece en los mensajes como la pieza central del dispositivo. Es quien:

pide información concreta sobre Santos Cerdán y Leire Díez;

recuerda a Patricia que ha cobrado por colaborar;

presume de tener una medalla de la Guardia Civil;

gestiona el flujo de datos hacia la UCO.

No es un periodista.
No es un político.
Es, según todo indica, un agente de fuentes de la Guardia Civil, especializado en confidentes.

Es decir: el canal informal por el que la información política fluía hacia una investigación policial sin mandato judicial.

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Investigación prospectiva: el delito estructural

Uno de los elementos jurídicamente más graves es el concepto clave: investigación prospectiva.

En derecho penal, una investigación es prospectiva cuando:

no existe delito previo;

no existe imputación formal;

no existe orden judicial;

se investiga “por si acaso”.

Eso es exactamente lo que describe el escrito presentado ante el juzgado:

La UCO habría infiltrado una confidente en el entorno del PSOE para construir una causa desde cero, recopilando información durante años sin autorización judicial.

No se investiga un delito.
Se busca fabricar uno.

Y eso, en cualquier democracia funcional, es ilegal.

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Santos Cerdán como objetivo político

Todos los mensajes coinciden en un punto: el foco principal de interés de la Guardia Civil era Santos Cerdán.

¿Por qué?

Porque Santos Cerdán fue:

el negociador con Junts y Puigdemont;

el enlace con Bildu;

uno de los arquitectos parlamentarios del gobierno de Sánchez.

Es decir: una pieza clave del sistema de alianzas que permitió gobernar al PSOE.

Atacar a Cerdán no era solo atacar a una persona.
Era intentar desmontar el equilibrio político del Ejecutivo.

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El objetivo final: Pedro Sánchez

En el relato de Leire Díez hay una frase que lo resume todo:

“El objetivo nunca fui yo. El objetivo siempre ha sido Pedro Sánchez.”

Y es coherente.

Si se repasan los últimos diez años, el patrón es idéntico:

primero se investiga el entorno;

luego se filtran sospechas a medios;

después se construye relato mediático;

finalmente se intenta forzar una caída política.

Exactamente el mismo esquema usado contra:

Pablo Iglesias;

el independentismo catalán;

jueces incómodos;

fiscales críticos.

No es casualidad. Es metodología.

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Los audios de la culpa

Uno de los aspectos más inquietantes es que Patricia López dejó audios grabados antes de morir, donde expresa:

sentimiento de culpa;

conciencia de haber sido utilizada;

reconocimiento de manipulación;

miedo a las consecuencias.

Doce días antes de fallecer, entregó a Leire Díez:

documentos;

mensajes;

grabaciones;

pruebas de su relación con la Guardia Civil.

No para chantajear.
No para negociar.
Sino, según su entorno, para que la verdad saliera a la luz.

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El fiscal José Grinda: otra pieza del tablero

El nombre de José Grinda, fiscal anticorrupción, aparece repetidamente.

No es un fiscal cualquiera:

participó en causas clave del procés;

fue pieza central en el cierre de la Banca Privada de Andorra;

actuó como enlace en operaciones internacionales;

mantiene vínculos con estructuras policiales.

Según Leire Díez, Patricia López tenía una relación muy estrecha con Grinda, hasta que empezó a cuestionar algunas de sus actuaciones.

Y entonces ocurrió algo revelador:

La policía se presentó en casa de Patricia enviada por el propio fiscal Grinda.

Para muchos juristas, eso constituye una línea roja absoluta: un fiscal utilizando a la policía contra una periodista que había sido su fuente.

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Medios, filtraciones y causa mediática

Mientras la investigación real se desarrollaba en la sombra, la otra pata del sistema funcionaba a pleno rendimiento: la maquinaria mediática.

Informaciones filtradas.
Titulares sincronizados.
Relatos calcados.
Tertulias amplificadas.

Siempre los mismos medios.
Siempre los mismos periodistas.
Siempre las mismas fuentes anónimas: “según fuentes de la UCO”.

No había pruebas judiciales, pero sí condena mediática previa.

La estrategia no era jurídica. Era comunicativa:

Primero se destruye la reputación.
Luego ya vendrá —si viene— la causa judicial.

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El grupo “Hirurocok” y la criminalización del WhatsApp

Uno de los elementos más surrealistas del caso es la creación de un supuesto grupo criminal basado en… una aplicación de mensajería.

La UCO llegó a argumentar que, por utilizar mensajería cifrada, los integrantes del grupo constituían una organización criminal.

Traducción real:

En 2026, usar WhatsApp, Telegram o Signal puede convertirte en sospechoso.

No por lo que haces.
No por lo que pruebas.
Sino por la tecnología que usas.

Es una lógica peligrosa: criminalizar herramientas de comunicación como sustituto de pruebas reales.

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Detenciones, incomunicaciones y presión psicológica

Leire Díez pasó 72 horas en calabozos, prácticamente incomunicada, con solo siete minutos de conversación con su abogada.

Registros en menos de 24 horas.
Cuentas bloqueadas.
Exposición mediática.
Filtraciones selectivas.

Todo acompañado de un mensaje implícito:

“Si te mueves, te destruimos.”

No es justicia.
Es disciplinamiento político.

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La herencia de la Operación Cataluña

Todo lo que aparece en este caso tiene un precedente claro: la Operación Cataluña.

Mismos nombres.
Mismos métodos.
Mismas cloacas.
Mismo objetivo: enemigos políticos.

Jorge Fernández Díaz, Villarejo, grabaciones, dossieres falsos, policías patrióticos.

La diferencia es que ahora el foco ya no es el independentismo.
Ahora es el propio gobierno central.

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Democracia formal, Estado profundo

Lo que este caso revela no es una conspiración puntual, sino la existencia de algo mucho más estructural: un Estado profundo que sobrevive a los cambios de gobierno.

Un entramado compuesto por:

sectores policiales;

fiscales alineados;

confidentes profesionales;

periodistas militantes;

medios afines;

operadores políticos.

No responden al Parlamento.
No responden a las urnas.
Responden a una lógica propia de poder.

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La pregunta que nadie quiere hacer

La pregunta real no es si Leire Díez es culpable o inocente.
La pregunta real es esta:

¿Cuántas investigaciones políticas se han construido en España sin control judicial, utilizando confidentes, filtraciones y operaciones mediáticas?

Y la respuesta honesta es inquietante:

Probablemente muchas más de las que conocemos.

No es un caso, es un sistema

La exclusiva de Ekaizer no es un escándalo más.
Es una radiografía.

No habla solo de Santos Cerdán.
No habla solo del PSOE.
No habla solo de la Guardia Civil.

Habla de cómo funciona realmente el poder cuando nadie mira.

Un poder que investiga sin jueces.
Que filtra sin pruebas.
Que presiona sin derechos.
Que condena sin sentencias.

Y, sobre todo, un poder que no busca justicia, sino control político.

La pregunta final no es si esto es legal.

La pregunta final es mucho más grave:

¿Puede una democracia sobrevivir cuando parte de su propio aparato actúa como oposición encubierta al gobierno elegido en las urnas?