La causa judicial que investiga la gestión de la DANA que asoló la Comunidad Valenciana ha entrado en una fase decisiva y cada vez más incómoda para el Partido Popular.

En el centro de la polémica aparece ahora el nombre de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, cuya actuación y declaraciones públicas tras la catástrofe están siendo objeto de escrutinio judicial, mediático y político.

No se trata, por el momento, de una imputación ni de una acusación formal. Pero sí de algo que inquieta profundamente al principal partido de la oposición:

la jueza instructora ha puesto el foco en una comparecencia pública concreta de Feijóo, ha solicitado su transcripción literal y ha recibido una petición expresa de una de las acusaciones para que el líder popular declare de forma presencial ante el juzgado de Catarroja.

La pregunta que flota en el ambiente es tan sencilla como demoledora: ¿dijo Feijóo toda la verdad cuando afirmó que Carlos Mazón le informó “en tiempo real” durante la tragedia?

Un relato que empieza a resquebrajarse

La controversia nace de una frase que, en su momento, pasó casi desapercibida. Feijóo aseguró públicamente que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, le había mantenido informado “en tiempo real” durante el desarrollo de la DANA.

Aquella afirmación sirvió para reforzar un relato político muy concreto: el de una Generalitat abandonada por el Gobierno central y obligada a gestionar sola una catástrofe sin precedentes.

Sin embargo, con el paso del tiempo y la aparición de mensajes, declaraciones y comparecencias judiciales, ese relato ha empezado a mostrar grietas.

El propio Feijóo matizó después sus palabras: ya no habló de información “en tiempo real”, sino de un contacto iniciado alrededor de las ocho de la tarde mediante mensajes de WhatsApp. Una precisión que, lejos de cerrar el debate, lo abrió aún más.

Porque si hubo mensajes, llamadas o intercambios de información, la siguiente pregunta es inevitable: ¿qué decían exactamente esos mensajes?

La jueza quiere la transcripción literal

La magistrada instructora de la causa de la DANA ha solicitado la transcripción literal de la comparecencia que Feijóo realizó el 31 de octubre junto a Carlos Mazón en el Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana.

Aquella comparecencia, de apenas quince minutos, es considerada por muchos analistas como un punto de inflexión.

Hasta entonces, los mensajes conocidos de Mazón reflejaban agradecimientos explícitos a la colaboración del Gobierno central. Después de esa comparecencia, el discurso cambió radicalmente y comenzó lo que muchos han definido como una “guerra de relatos”.

En esa intervención ante los medios, Feijóo afirmó de forma tajante:

“Ni mi grupo ni yo hemos tenido ninguna información trasladada por el Gobierno de España.”

Una afirmación que choca frontalmente con los mensajes posteriores conocidos, en los que Mazón asegura haber hablado con la ministra de Defensa, con Interior, con Transición Ecológica y con el propio presidente del Gobierno.

¿Quién miente… o quién se contradice?

El problema ya no es solo político. Es jurídico. Porque cuando una declaración pública se convierte en objeto de análisis judicial, cualquier contradicción adquiere otra dimensión.

No se trata de decidir quién tiene razón en un debate parlamentario, sino de esclarecer si se ofreció información veraz en un contexto de extrema gravedad, con 290 víctimas mortales y miles de afectados.

Como han señalado varios analistas en tertulias televisivas, el dilema es inquietante:

O bien Mazón no informó como dijo Feijóo.

O bien Feijóo sí tuvo información que luego negó.

O bien ambos ofrecieron versiones incompatibles con los hechos objetivos.

En cualquiera de los tres escenarios, el desgaste político es evidente.

La negativa a declarar presencialmente

Uno de los elementos que más ha llamado la atención es la intención de Feijóo de declarar por videoconferencia, preferiblemente desde el Congreso de los Diputados. Una opción legal, pero que ha sido recurrida por el abogado que representa a una de las víctimas de Algemesí.

Ese mismo abogado logró que declarase ante la jueza Maribel Vilaplana, la periodista que compartió una larga sobremesa con Mazón el día de la DANA. Ahora pide que Feijóo comparezca de forma presencial para “garantizar la pureza del acto testifical”.

El argumento es claro: declarar desde un despacho político podría permitir asistencia indirecta o condicionamientos externos. La petición subsidiaria es que, si no acude a Catarroja, lo haga al menos en el juzgado más cercano a su domicilio.

La pregunta vuelve a surgir: ¿por qué evitar la declaración presencial en un asunto de esta gravedad?

Los mensajes que no aparecen

Otro elemento clave es la ausencia de los mensajes enviados por Feijóo a Mazón. El líder del PP ha remitido al juzgado únicamente los mensajes recibidos, no los enviados. El resto, según su versión, los ha explicado “de palabra”.

Para muchos juristas, esta decisión resulta incomprensible. El contexto completo de una conversación solo se entiende cuando se conocen ambas partes. Entregar solo una mitad equivale a pedir un acto de fe.

Como han señalado varios comentaristas, si esos mensajes respaldaran plenamente el relato del PP, lo lógico habría sido hacerlos públicos desde el primer momento.

El factor humano y las víctimas

Más allá de la estrategia política, hay una dimensión humana imposible de ignorar. Las víctimas de la DANA y sus familiares observan con indignación cómo los principales responsables institucionales parecen arrastrar los pies ante cada requerimiento judicial.

Para ellos, cada contradicción, cada retraso y cada matización no es un matiz técnico, sino una herida abierta. Como se ha dicho en tertulia: “Si yo fuera el padre de uno de los niños desaparecidos, ¿qué pensaría de alguien que solo actúa cuando una jueza le obliga?”

Mazón, el otro eje del problema

Mientras Feijóo intenta contener el impacto, Carlos Mazón sigue siendo una figura central en la causa. Ha cambiado su versión de los hechos en al menos ocho ocasiones, según han contabilizado distintos medios, y ha sido señalado incluso por asociaciones de víctimas.

A ello se suma una decisión que ha generado enorme polémica: la recolocación de su exjefe de gabinete, José Manuel Cuenca, como asesor tras su cese. Un cargo con un salario que podría rondar los 58.000 euros anuales, pese a que Cuenca está citado a declarar por mensajes en los que pedía explícitamente no confinar a la población.

El contraste entre las responsabilidades políticas y las consecuencias reales alimenta la sensación de impunidad.

El WhatsApp que “siempre llama dos veces”

Algunos analistas han recurrido a una metáfora cinematográfica para describir la situación: El cartero siempre llama dos veces. En este caso, el WhatsApp.

Antes o después, los mensajes acabarán conociéndose. Y cuando eso ocurra, la opinión pública podrá comparar lo que se dijo en privado con lo que se afirmó en público.

Ese será el verdadero juicio político, más allá de lo que dictaminen los tribunales.

Un desgaste que ya está en marcha

Aunque Feijóo no esté imputado ni acusado, el daño ya está hecho. Cada día que pasa sin una aclaración completa, la sospecha crece. Cada intento de simplificar lo complejo agrava la percepción de opacidad.

La causa de la DANA no descansa ni siquiera en Navidad. Y tampoco lo hace la memoria de las víctimas.

La gran pregunta sigue abierta: ¿por qué hacer difícil lo que parecía extraordinariamente fácil? Entregar los mensajes completos. Declarar presencialmente. Asumir responsabilidades políticas, aunque no penales.

Hasta que esas preguntas tengan respuesta, la sombra de la duda seguirá acompañando a Feijóo, a Mazón y a un relato que, lejos de consolidarse, se desmorona pieza a pieza.