La escena es digna de una serie política: un exministro todopoderoso, un despacho de abogados convertido en pasarela de intereses empresariales, grabaciones comprometedoras, millones de euros en juego, una investigación que duerme siete años bajo secreto… y, de repente, todo estalla. El llamado caso Montoro ya no es solo un problema judicial para el exministro de Hacienda: se ha convertido en una bomba política que amenaza con sacudir los cimientos del Partido Popular y, de rebote, colocar a Alberto Núñez Feijóo en una posición incómoda, defensiva, casi de pánico.

Porque lo que está sobre la mesa no es un simple episodio de mala gestión o de puertas giratorias. Lo que investiga el juez de Tarragona es algo mucho más grave: la posible existencia de una trama de corrupción estructural que habría utilizado el Ministerio de Hacienda como herramienta para beneficiar a grandes empresas, especialmente del sector gasístico, a cambio de pagos millonarios canalizados a través de un despacho fundado por el propio Cristóbal Montoro.

Y si eso se confirma, no estaríamos ante un escándalo más. Estaríamos ante uno de los casos más graves de la democracia española.

El regreso del fantasma Montoro

Cristóbal Montoro fue durante años una de las figuras más poderosas del PP. Ministro con Aznar, ministro con Rajoy, arquitecto de las grandes reformas fiscales, hombre temido por empresarios y odiado por contribuyentes. Hacienda era su reino. Y él, su rey absoluto.

En público, Montoro siempre defendió una imagen de austeridad personal, de independencia, de rigor técnico. Incluso llegó a decir:
“Desde 2008 no tengo despacho para que nadie pueda decir que me paga nadie”.

Hoy, esa frase suena casi irónica.

Porque el sumario judicial apunta justo en la dirección contraria: Montoro habría seguido vinculado en la sombra al despacho Equipo Económico, fundado por él mismo en 2006, y desde allí se habrían canalizado pagos de grandes empresas a cambio de favores fiscales legislados desde el propio Ministerio de Hacienda.

¿Qué es exactamente Equipo Económico?

Equipo Económico no es un despacho cualquiera. No es una asesoría fiscal al uso. Es, según la investigación, un nodo estratégico de lobby, un espacio donde confluyen antiguos altos cargos de Hacienda, técnicos del Estado, expertos en legislación… y contactos políticos de primer nivel.

Un despacho con una característica clave: sus socios y colaboradores tenían acceso directo a los centros de decisión del poder fiscal.

Entre 2008 y 2017, según los datos que maneja el juez, Equipo Económico ingresó cerca de 48 millones de euros. No por pleitos judiciales, no por informes técnicos neutros, sino presuntamente por intermediar entre empresas y el Gobierno para modificar leyes en beneficio de sus clientes.

El esquema, siempre según la investigación, sería tan simple como inquietante:

Grandes empresas, sobre todo gasísticas, contratan a Equipo Económico.

El despacho utiliza sus contactos políticos para presionar al legislativo.

Se aprueban reformas fiscales favorables.

Las empresas ahorran millones.

El despacho cobra comisiones de éxito.

El origen: un audio en Tarragona

El caso Montoro no nace en Madrid, ni en la Audiencia Nacional, ni en un gran escándalo mediático. Nace en Tarragona, casi por accidente.

En ese juzgado se investigaba a una empresa gasística por otro asunto. Y en el marco de esa investigación aparece un audio que lo cambia todo. En la grabación, uno de los investigados dice una frase clave:
“Si quieres lograr esto, pasa por Equipo Económico”.

Esa frase hace saltar todas las alarmas. Los Mossos d’Esquadra empiezan a tirar del hilo. Y lo que encuentran es una red de relaciones que conecta directamente a empresas privadas con el despacho fundado por Montoro… justo en los años en que Montoro era ministro de Hacienda.

Las gasísticas y las rebajas fiscales

El núcleo de la trama gira alrededor de ocho grandes empresas gasísticas, agrupadas en una patronal. Estas empresas habrían contratado a Equipo Económico entre 2011 y 2018, es decir, durante el segundo mandato de Montoro como ministro.

¿El objetivo? Muy claro: conseguir rebajas fiscales millonarias.

La primera gran victoria llega en 2013: una reforma del impuesto eléctrico que reduce la carga fiscal hasta en un 85% para estas compañías. Según el juez, esa reforma habría supuesto un ahorro de entre 50 y 136 millones de euros para el sector.

La segunda llega en 2018: una modificación del Impuesto de Actividades Económicas dentro de los Presupuestos Generales del Estado. Otra rebaja, otro ahorro millonario.

A cambio, las empresas habrían pagado a Equipo Económico más de 200.000 euros por operación, bajo el concepto de “tasa de éxito”.

No es una cifra menor. No es una asesoría simbólica. Es una industria del favor fiscal.

¿Lobby legal o corrupción?

Aquí aparece el gran debate jurídico y político.

Porque, en abstracto, no es ilegal que las empresas pidan rebajas fiscales. Tampoco es ilegal que contraten consultoras para hacer lobby. De hecho, es habitual en todos los países.

El problema empieza cuando ese lobby se cruza con un dato explosivo:
el dueño del despacho fue el propio ministro que aprueba las reformas.

Ahí ya no estamos hablando de lobby. Estamos hablando de conflicto de intereses, de tráfico de influencias, de cohecho, de organización criminal.

Y eso es exactamente lo que investiga el juez.

Once delitos posibles

En la causa hay actualmente 28 investigados, entre ellos Cristóbal Montoro, su hermano, varios ex altos cargos de Hacienda y varias empresas.

El juez ve indicios de hasta 11 delitos, entre ellos:
– Cohecho.
– Fraude contra la administración pública.
– Prevaricación.
– Organización criminal.
– Tráfico de influencias.
– Blanqueo de capitales.

No estamos ante una infracción administrativa. Estamos ante un arsenal penal completo.

Siete años de silencio

Uno de los aspectos más inquietantes del caso es que la investigación ha estado siete años bajo secreto de sumario.

Siete años sin que la opinión pública supiera nada.
Siete años sin imputaciones públicas.
Siete años sin grandes titulares.

Una eternidad judicial.

El propio juez ha justificado ese secreto por la complejidad del caso. Pero muchos juristas se preguntan:
¿cómo es posible que una causa de este calibre haya permanecido dormida tanto tiempo?

La sensación es clara: si esto estalla ahora, es porque ya no se podía seguir ocultando.

El patrimonio bajo la lupa

La última decisión del juez ha sido clave: investigar el patrimonio matrimonial de Montoro, el de su hermano y el de seis colaboradores directos.

Además, ha pedido las cuentas anuales completas de Equipo Económico desde 2008.

Es decir: el corazón financiero de la trama.

Ahí estarán, si existen, los pagos, las transferencias, los ingresos opacos, las comisiones camufladas.

La fiscal anticorrupción quiere saber una cosa muy concreta:
si Montoro se enriqueció directa o indirectamente gracias a las decisiones que tomó como ministro.

Si eso se demuestra, el caso ya no es político: es penal.

La estrategia de defensa: “yo no decidía nada”

Los abogados de Montoro han optado por una estrategia clásica: diluir la responsabilidad.

Su argumento es simple:
“Las decisiones fiscales las toma el Consejo de Ministros como órgano colegiado, no el ministro individual”.

Es decir: Montoro intenta presentarse como una pieza más de una maquinaria colectiva.

Pero este argumento hace aguas por todos lados.

Porque, en la práctica, el ministro de Hacienda es quien diseña, propone y defiende las reformas fiscales. Nadie cree seriamente que el ministro de Deportes o el de Cultura decidan los impuestos eléctricos.

Decir que Montoro no tenía capacidad decisoria es, como mínimo, tomar por ingenuos a los ciudadanos.

¿Derivar responsabilidades al Gobierno de Rajoy?

Aquí aparece el elemento más explosivo para el PP actual.

Si la defensa de Montoro insiste en que las decisiones eran colegiadas, la pregunta es inevitable:
¿está intentando implicar al resto del Gobierno de Mariano Rajoy?

Porque si la reforma fiscal fue una decisión colectiva, entonces la responsabilidad no sería solo de Montoro, sino de todo el Consejo de Ministros.

Y ahí entra en escena el nombre que nadie quiere pronunciar: Mariano Rajoy.

Y, por extensión, la herencia política que hoy representa Alberto Núñez Feijóo.

Feijóo y el miedo al pasado

Feijóo ha construido su liderazgo sobre una idea: el PP ya no es el de antes. Es un partido renovado, moderado, europeo, limpio.

Pero el caso Montoro dinamita ese relato.

Porque Montoro no es un militante cualquiera. Es uno de los pilares históricos del PP, uno de sus grandes cerebros económicos, uno de sus símbolos de poder.

Y si se demuestra que desde su despacho se privatizó de facto el Ministerio de Hacienda, Feijóo tendrá un problema enorme:
no podrá seguir diciendo que los casos de corrupción del PP son cosas del pasado.

El pasado vuelve. Y vuelve con facturas.

Codere, el juego y la pista de las puertas giratorias

La investigación no se limita a las gasísticas.

El informe de los Mossos señala también a empresas del juego, como Codere, que habrían pagado cerca de 700.000 euros a Equipo Económico entre 2008 y 2012.

Lo llamativo es que uno de los consejeros de Codere era Rafael Catalá, ex subsecretario de Hacienda con Montoro y posteriormente ministro de Justicia con Rajoy.

La red se repite siempre igual:
ex altos cargos → empresas privadas → despacho de Montoro → reformas legales.

No es una coincidencia. Es un patrón.

El “pitufeo” de los pagos

Otro elemento inquietante es la forma en que se habrían canalizado los cobros.

Según la investigación, algunas patronales se negaron a realizar grandes pagos únicos y optaron por dividirlos en pequeñas cantidades, una práctica conocida como “pitufeo”, para evitar levantar sospechas.

Una técnica clásica de blanqueo.

Si eso se confirma, no estamos ante simples honorarios profesionales. Estamos ante ingeniería financiera para ocultar ingresos sospechosos.

“Se privatizó el Ministerio de Hacienda”

Una de las frases más duras que se han escuchado en el análisis del caso es esta:
“Se privatizó el Ministerio de Hacienda”.

Y no es una exageración retórica.

Si un despacho privado puede modificar leyes fiscales a medida de sus clientes, utilizando al ministro como palanca, entonces el Estado deja de ser árbitro y pasa a ser instrumento.

Eso no es corrupción puntual. Es corrupción sistémica.

El paralelismo con Rato

En el debate público ha reaparecido inevitablemente otro nombre: Rodrigo Rato.

Exministro, exdirector del FMI, ex vicepresidente del Gobierno, condenado por corrupción.

Rato y Montoro representan lo mismo:
los grandes arquitectos económicos del PP, los hombres que decían salvar a España, los que hablaban de responsabilidad fiscal… mientras se movían en los márgenes del poder financiero.

La pregunta que muchos se hacen es brutal:
si España estaba tan quebrada, ¿por qué ellos no lo estaban?

El caso que puede cambiar el relato

Hasta ahora, el PP siempre ha defendido que sus casos de corrupción fueron excesos individuales: Gürtel, Bárcenas, Púnica…

Pero el caso Montoro es distinto.

No habla de sobres en B.
No habla de comisiones en obras.
Habla de modificar leyes desde el poder para enriquecer a empresas privadas.

Eso es un salto cualitativo.

Eso no es corrupción de partido.
Eso es captura del Estado.

La guerra judicial acaba de empezar

El juez ha prorrogado la investigación seis meses más. Pero todos los expertos coinciden en lo mismo:
este caso no se resolverá en seis meses.

Habrá más recursos.
Habrá más informes.
Habrá más imputaciones.
Habrá más filtraciones.

Y, sobre todo, habrá una pregunta que se repetirá una y otra vez:

¿Quién sabía qué?
¿Quién miró hacia otro lado?
¿Quién se benefició realmente?

El miedo de Feijóo

Por eso Feijóo está en pánico.

No porque Montoro sea su amigo.
No porque le tenga afecto personal.
Sino porque el caso amenaza con reabrir la caja negra del PP justo cuando intenta vender una imagen de regeneración.

Y porque si Montoro empieza a tirar de la manta, el relato del “yo no decidía nada” puede convertirse en un boomerang que arrastre a medio Gobierno de Rajoy.

Un final que aún no existe

El caso Montoro no tiene todavía sentencia.
No hay condena.
No hay absolución.

Hay algo mucho más peligroso: indicios sólidos.

Y en política, los indicios son a veces más devastadores que las sentencias.

Porque destruyen la confianza.
Porque erosionan los relatos.
Porque convierten a los líderes en rehenes del pasado.

La pregunta que queda flotando

La justicia tendrá que decidir si hubo delito.
Pero la política ya está condenada a convivir con esta pregunta:

¿Fue el Ministerio de Hacienda un instrumento al servicio del interés general… o un lobby privatizado al servicio de grandes empresas?

De la respuesta a esa pregunta depende no solo el futuro de Montoro, sino también el futuro moral del Partido Popular.

Y, de paso, la credibilidad de un país que todavía lucha por separar el poder político del poder económico.