La escena no fue una más. Tampoco un simple cruce de opiniones televisivas. Fue, para muchos, el momento en que una pieza clave del tablero internacional quedó expuesta sin maquillaje: Baltasar Garzón, exmagistrado de la Audiencia Nacional, jurista de referencia en derecho penal internacional, puso palabras jurídicas a lo que otros apenas se atrevían a insinuar.

Y lo que dijo no fue menor.

Una acusación que atraviesa fronteras

“Esto no es solo ilegal. Es uno de los delitos más graves que se pueden cometer en el ámbito internacional”. Así resumía Garzón la actuación militar de Estados Unidos en Venezuela bajo el mandato de Donald Trump. No hablaba de ideología. Hablaba de derecho.

El uso de fuerza militar desproporcionada, la muerte de civiles, la detención de un presidente en ejercicio y de su entorno más cercano, sin autorización del Congreso estadounidense y sin mandato internacional, no encaja en ningún marco legal reconocido. Ni siquiera bajo las doctrinas más laxas de “seguridad nacional”.

El argumento utilizado por Washington —la supuesta ejecución de una orden por narcotráfico— se desmorona, según Garzón, en cuanto se analiza mínimamente. El llamado “cártel de los soles”, repetido durante años como un mantra mediático, no solo no ha sido probado: hoy es explícitamente cuestionado por la propia administración estadounidense.

El relato, sostiene Garzón, fue construido para legitimar una acción que tenía otro objetivo.

El petróleo como verdad incómoda

Lo que antes se maquillaba con armas de destrucción masiva, hoy ya ni siquiera se disimula. Venezuela no es Irak, pero el patrón resulta inquietantemente familiar.

La diferencia es que ahora el pretexto ha desaparecido.

Se habla abiertamente de control energético. De petróleo. De recursos estratégicos. De una ofensiva que no empieza ni termina en Caracas, sino que se proyecta sobre Colombia, el Caribe y, sorprendentemente, Europa. Groenlandia entra en escena como símbolo de una nueva fase: la del expansionismo sin complejos.

Garzón lo define sin rodeos: una usurpación de soberanía.

El silencio europeo: ¿prudencia o rendición preventiva?

Quizá lo más inquietante no fue lo que dijo Garzón, sino lo que no dijeron muchos líderes europeos. Frente a una intervención que viola el derecho internacional, la reacción fue tibia. Declaraciones genéricas. Condenas sin consecuencias. Palabras huecas.

Europa, que se mostró firme frente a Rusia, parece hoy paralizada ante Estados Unidos. La pregunta flota en el aire: ¿por qué?

El Estatuto de Roma ofrece un camino. El artículo 14 permite que cualquier Estado parte remita una situación a la Corte Penal Internacional. Venezuela es Estado parte. España lo es. Francia, Alemania, Italia… también.

¿Entonces?

¿Por qué nadie actúa?

La denuncia que nadie quiere liderar

Garzón lo explica con crudeza jurídica: la Corte Penal Internacional juzga personas, no Estados. No importa que Estados Unidos no sea firmante del Estatuto. Si los hechos ocurrieron en territorio de un Estado parte y constituyen crímenes internacionales, la Corte es competente.

La excusa del narcotráfico se cae. La narrativa de “operación policial” se deshace. Lo que queda es una agresión.

Y sin embargo, nadie mueve ficha.

La razón es conocida: Estados Unidos ha sancionado a fiscales y jueces de la CPI en el pasado. Ha demostrado que no acepta límites. La impunidad funciona porque se consiente.

Zapatero en el centro… ¿o como cortina de humo?

Mientras tanto, en España, el foco se desplaza. Aparece el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero. Se le acusa de ser pieza clave, mediador oscuro, facilitador del régimen venezolano.

Garzón desmonta esa simplificación.

Reducir una operación geoestratégica global al papel de un expresidente español es, como mínimo, una maniobra de distracción. Zapatero no decide sanciones, no mueve portaaviones, no dicta doctrinas de seguridad nacional.

La obsesión con Zapatero sirve para no mirar al verdadero actor del tablero.

Sánchez rompe la ambigüedad

En este contexto, la posición del presidente español cobra un peso inesperado. Pedro Sánchez ha sido una de las pocas voces europeas que ha llamado a las cosas por su nombre: violación del derecho internacional.

Sin medias tintas.

Defensa de la soberanía venezolana, rechazo a la ley del más fuerte, advertencia sobre el precedente peligroso que se está sentando. España, dice Sánchez, es proatlántica, pero no vasalla.

El matiz no es menor.

En un mundo cada vez más multipolar, donde las reglas se erosionan, el lenguaje importa. Y la coherencia también. No se puede condenar unas agresiones y justificar otras.

Groenlandia, el aviso que viene del norte

La mención a Groenlandia no es anecdótica. Es simbólica. Si se normaliza que una potencia pueda amenazar la integridad territorial de un Estado europeo aliado, el orden internacional basado en reglas deja de existir.

No se trata solo de Venezuela. Se trata del precedente.

Garzón lo dice con claridad: si no se actúa ahora desde el derecho, lo que viene después será aún más grave.

¿De qué sirven las instituciones si no se usan?

La pregunta es incómoda, pero inevitable. ¿Para qué existe la Corte Penal Internacional si no se aplica cuando el agresor es poderoso? ¿Para qué sirven las normas si solo rigen para los débiles?

Eliminar la CPI del discurso sería más honesto que mantenerla como decoración moral.

Pero Garzón insiste: el derecho sigue siendo la única barrera frente a la barbarie. Renunciar a él es aceptar la ley del más fuerte.

Un mundo que retrocede

Lo que estamos viendo no es un episodio aislado. Es el síntoma de una regresión histórica. Un retorno a la política de bloques, a las áreas de influencia, al siglo XIX con tecnología del XXI.

La paz de Westfalia, el multilateralismo, las reglas comunes… todo se tambalea.

Y Europa, atrapada entre su dependencia y su miedo, duda.

La pregunta final

La intervención en Venezuela no ha cambiado el régimen. El chavismo sigue intacto. El petróleo, en cambio, está más cerca del control externo. China observa. Rusia calcula. América Latina se moviliza.

Y Europa calla.

La bomba que lanzó Garzón no es solo jurídica. Es moral. Y deja una pregunta suspendida que nadie parece querer responder:

¿Hasta cuándo las democracias aceptarán la ilegalidad cuando viene envuelta en la bandera del aliado?