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GOLPE FINAL AL SUPREMO: CUANDO LA JUSTICIA SE SIENTA EN EL BANQUILLO

España asiste a uno de los episodios más delicados de su historia judicial reciente. No se trata solo de la condena a un exfiscal general del Estado. No es únicamente una discusión técnica sobre filtraciones, correos electrónicos o notas de prensa. Lo que está en juego es algo mucho más profundo: la credibilidad del Tribunal Supremo, la función de la Fiscalía y el papel del Tribunal Constitucional como último garante de los derechos fundamentales.

El caso de Álvaro García Ortiz ha dejado de ser un procedimiento penal para convertirse en un choque institucional de alto voltaje.

El incidente que lo cambia todo

Que la Fiscalía solicite la nulidad de una sentencia dictada por el propio Tribunal Supremo no es habitual. Es más: es excepcional. Y cuando ocurre, no pasa desapercibido. El mensaje implícito es demoledor: la Fiscalía acusa al Supremo de haber vulnerado derechos fundamentales, entre ellos la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

No se trata de una discrepancia menor. La Fiscalía sostiene que cinco magistrados del Alto Tribunal omitieron de forma deliberada pruebas exculpatorias, ignoraron testimonios clave de periodistas y construyeron una única versión de los hechos sin admitir teorías alternativas. En términos jurídicos, esto es gravísimo. En términos políticos, explosivo.

El corazón de la controversia: una filtración imposible de atribuir

La condena a García Ortiz se basa en la supuesta filtración de un correo electrónico fechado el 2 de febrero de 2024. Sin embargo, durante el juicio declararon varios periodistas que afirmaron, bajo juramento, que conocían el contenido de ese correo días e incluso semanas antes de que llegara al fiscal general del Estado.

La pregunta es obvia:
¿cómo puede filtrarse algo que aún no ha llegado a manos del acusado?

La Fiscalía considera que este hecho, lejos de ser aclarado, fue conscientemente ignorado por la mayoría del tribunal. No se explicó por qué esos testimonios no eran válidos como prueba de descargo. Simplemente se apartaron.

Cinco jueces contra dos: una sala dividida

La sentencia del Supremo no fue unánime. Dos magistradas, Susana Polo y Ana Ferrer, firmaron votos particulares de enorme contundencia. En ellos se advertía de la fragilidad probatoria del caso y de la vulneración de principios esenciales del derecho penal.

La Fiscalía, en su incidente de nulidad, asume literalmente los argumentos de esos votos particulares. No es un gesto simbólico. Es una toma de posición institucional que deja al descubierto una fractura interna en la cúspide del poder judicial.

La nota de prensa: el desdoblamiento polémico

Otro de los pilares del incidente de nulidad es lo que la Fiscalía denomina un desdoblamiento artificial del proceso. El Supremo condena a García Ortiz no solo por la supuesta filtración del correo, sino también por una nota de prensa posterior.

El problema es que, en fases iniciales de la instrucción, esa nota de prensa no fue considerada delictiva. Sin embargo, acaba siendo utilizada como elemento clave de condena. Para la Fiscalía, este giro vulnera el principio de legalidad penal: nadie puede ser condenado por hechos que no formaban parte clara de la acusación inicial.

El camino inevitable al Tribunal Constitucional

El incidente de nulidad es, en la práctica, un trámite previo obligatorio para acudir al Tribunal Constitucional. Nadie espera seriamente que el Supremo se anule a sí mismo. Pero el objetivo real está más arriba.

Si el Constitucional admite el recurso de amparo y concluye que se vulneraron derechos fundamentales, el impacto será mayúsculo. No solo por García Ortiz, sino por lo que significaría: el Constitucional corrigiendo al Supremo en un caso de enorme carga política.

¿Y si el Constitucional da la razón al fiscal?

Aquí se abre el escenario más incómodo. ¿Qué ocurre si el Tribunal Constitucional afirma que el Supremo vulneró la presunción de inocencia?

Desde un punto de vista formal, no ocurriría “nada” a los magistrados. No es la primera vez que el Constitucional revoca decisiones del Supremo. Ha ocurrido con diputados, con condenas penales e incluso con casos tan emblemáticos como los ERE de Andalucía.

Pero desde un punto de vista institucional, el golpe sería devastador. Alimentaría la percepción de una justicia politizada, dividida en bloques ideológicos y utilizada como arma en la confrontación partidista.

El eco europeo: Estrasburgo en el horizonte

Sea cual sea la decisión del Constitucional, el caso no terminará ahí. Todo apunta a que acabará en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ya ha ocurrido antes. Con Otegi. Con los ERE. Con el procés.

España conoce bien este camino: primero el Supremo, luego el Constitucional y, finalmente, Europa. Un recorrido largo, costoso y profundamente desgastante para la imagen del Estado de derecho.

El contexto político: Ayuso, su entorno y la sombra de la sospecha

Este caso no flota en el vacío. Está conectado con un contexto político muy concreto: las investigaciones sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, las comisiones durante la pandemia, el papel de Miguel Ángel Rodríguez y las resistencias a investigar ciertos asuntos incómodos en Madrid.

Para muchos analistas, el proceso contra García Ortiz no existiría si no estuviera conectado con ese entorno. No por lo que hizo el fiscal, sino por lo que reveló y por a quién afectaba.

Filtraciones: el elefante en la habitación

El debate sobre las filtraciones en la justicia española roza lo hipócrita. Filtraciones hay todos los días. A Hacienda. A juzgados. A medios. A veces proceden de abogados. A veces de policías. A veces, incluso, de jueces.

Convertir una filtración en delito selectivo, perseguido solo cuando incomoda a ciertos poderes, es lo que ha encendido todas las alarmas en este caso.

Cuando la justicia parece un pulso

Muchos observadores coinciden en una idea inquietante: el juicio contra el fiscal general ha sido un pulso institucional. Un choque entre poderes que continúa más allá de la sentencia.

No se juzga solo a una persona. Se mide hasta dónde puede llegar cada institución. Quién cede. Quién resiste. Y quién paga el precio.

Epílogo: una herida abierta

El caso García Ortiz no está cerrado. Está en su fase más peligrosa. Porque ya no se discute solo si hubo o no delito. Se discute si el sistema judicial español ha actuado con neutralidad o con sesgo.

El Tribunal Constitucional tiene la palabra.
Europa espera.
Y la confianza ciudadana, una vez más, pende de un hilo.

Porque cuando la justicia se sienta en el banquillo, no hay sentencia que repare del todo el daño.