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La política internacional y la política española han colisionado de forma abrupta en las últimas horas. La operación estadounidense en Venezuela, culminada —según fuentes norteamericanas— con la extracción del presidente Nicolás Maduro, ha provocado una sacudida diplomática global y ha reactivado, con una intensidad inédita, la guerra política interna en España.

Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez llama a la desescalada, al respeto del derecho internacional y a una respuesta coordinada con la Unión Europea, la derecha española —PP y Vox— ha optado por celebrar, justificar o blanquear una acción unilateral que numerosos juristas califican como una violación flagrante de la legalidad internacional. En el otro extremo, figuras como Óscar Puente y Antonio Maestre han denunciado sin ambages lo que consideran una estrategia golpista, alineada con los intereses de Donald Trump, María Corina Machado y el control de los recursos energéticos venezolanos.

Venezuela: petróleo, poder y unilateralismo

Venezuela no es solo un país en crisis política. Es, sobre todo, uno de los territorios con mayores reservas de petróleo del planeta, además de gas, minerales estratégicos y una posición geopolítica clave en América Latina. Ningún análisis serio puede desligar estos factores de la ofensiva estadounidense.

Desde septiembre, Estados Unidos ha llevado a cabo acciones que van desde la captura de petroleros sin mandato internacional hasta ataques selectivos contra supuestas embarcaciones de narcotráfico. Todo ello sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU y sin que exista un supuesto de legítima defensa que lo justifique.

La operación actual, que habría desembocado en la exfiltración de Maduro, supone un salto cualitativo: la intervención directa en un Estado soberano. No es una declaración formal de guerra, pero sí un acto de fuerza que sienta un precedente extremadamente peligroso.

Trump, Machado y la narrativa de la “liberación”

Donald Trump ha construido su política exterior sobre una lógica simple: fuerza, unilateralismo y negocio. Venezuela encaja perfectamente en ese esquema. El discurso de “liberar” al país de una dictadura sirve como coartada moral para una operación cuyo trasfondo es económico y estratégico.

María Corina Machado y Edmundo González aparecen como los rostros civiles de esa narrativa. Para una parte de la oposición venezolana, esta operación representa esperanza. Para otra, es la confirmación de que el futuro del país vuelve a decidirse fuera de sus fronteras.

La paradoja es evidente: se denuncia una dictadura, pero se avala una intervención que viola el derecho internacional. Se habla de democracia, pero se legitima la imposición por la fuerza.

La reacción del Gobierno español: prudencia y legalidad

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha optado por una posición contenida. Respeto al derecho internacional, seguimiento exhaustivo de los acontecimientos y coordinación con socios europeos y latinoamericanos. El Ministerio de Exteriores ha confirmado que el personal diplomático español en Venezuela está a salvo y en contacto permanente.

Esta prudencia ha sido duramente criticada por la derecha, que la presenta como tibieza o complicidad con el chavismo. Sin embargo, desde el Gobierno y sus socios se subraya una distinción clave: condenar una dictadura no implica justificar una agresión ilegal.

Puente y Maestre: acusación directa a la derecha española

Óscar Puente no ha dudado en afirmar que “está ocurriendo exactamente lo que se temía”. Antonio Maestre ha ido más allá, señalando una convergencia entre la extrema derecha internacional, los intereses energéticos y una parte de la derecha española dispuesta a legitimar cualquier cosa con tal de debilitar al Gobierno de Sánchez.

Para estos analistas, el entusiasmo de Vox y la prudente ambigüedad del PP no son casuales. Responden a una estrategia: aprovechar un conflicto internacional para reforzar el relato del “sanchismo acorralado”, cuestionar la política exterior del Gobierno y normalizar la idea de que los cambios de régimen por la fuerza son aceptables si el resultado conviene.

Feijóo: prudencia calculada y mensaje ideológico

Alberto Núñez Feijóo ha intentado mantener una imagen de estadista. Habla de preocupación por los españoles en Venezuela y de esperanza para el pueblo venezolano. Sin embargo, introduce elementos claramente ideológicos: reconoce como presidente legítimo a Edmundo González, acusa al Gobierno español de haber facilitado la salida del “ganador” de las elecciones y habla de un “silencio cómplice” de dirigentes españoles.

Es una postura que busca un difícil equilibrio: no celebrar abiertamente la intervención, pero tampoco condenarla. Un pie en la prudencia diplomática y otro en la narrativa de confrontación interna.

Vox: celebración sin complejos

Santiago Abascal no ha tenido reparos. Para Vox, la operación es una buena noticia: “el mundo es hoy más libre”. Además, la vincula directamente con la política española, afirmando que supone un golpe al sanchismo incluso mayor que los casos judiciales recientes.

Esta reacción revela una concepción muy clara de la política internacional: los acontecimientos globales se leen exclusivamente en clave de guerra cultural interna. Venezuela no importa por los venezolanos, sino como arma arrojadiza contra el adversario político en España.

La izquierda y los socios del Gobierno: condena frontal

Desde Podemos, Izquierda Republicana, Bildu y otros socios parlamentarios, el mensaje ha sido mucho más duro. No basta con condenar la agresión, dicen, sino que hay que replantear la relación con Estados Unidos y con la OTAN.

Yolanda Díaz ha hablado de “ataque imperialista” y de un mundo “menos seguro y menos libre”. Gabriel Rufián ha señalado a Trump como el principal peligro global y ha advertido contra repetir errores pasados como el reconocimiento de Guaidó.

América Latina y el mundo: un tablero dividido

Las reacciones internacionales dibujan un mapa fragmentado. Argentina, con Javier Milei, celebra la operación. Chile y Ecuador la respaldan retóricamente. Cuba, Brasil, México y Rusia la condenan como una agresión ilegal.

Europa, por su parte, opta por la ambigüedad. Ningún líder menciona directamente a Estados Unidos. Todos hablan de “seguir de cerca” los acontecimientos y de “respetar la legalidad internacional”, sin ir más allá.

Venezuela: miedo, esperanza e incertidumbre

Sobre el terreno, la situación es de máxima tensión. Movilizaciones del oficialismo, cautela en la oposición, detenciones previas que pesan como una amenaza latente y una población que se abastece ante el miedo a lo que pueda venir.

La información circula por canales alternativos: streaming, redes sociales, VPN. La diáspora venezolana juega un papel crucial, amplificando lo que ocurre dentro del país.

Para muchos venezolanos, esta operación abre una ventana de esperanza. Para otros, revive traumas profundos: intervención extranjera, violencia y pérdida de soberanía.

El debate de fondo: democracia o fuerza

La pregunta central no es si Maduro representa una dictadura. Lo es. La cuestión es si la comunidad internacional puede aceptar que el cambio político se imponga mediante la fuerza unilateral.

Normalizar este tipo de acciones significa aceptar que cualquier país poderoso puede decidir quién gobierna otro si tiene recursos estratégicos suficientes. Hoy es Venezuela. Mañana puede ser cualquier otro.

Una línea que no debería cruzarse

Puente y Maestre no exageran cuando hablan de una derecha golpista. No en el sentido clásico, sino en uno más sutil y peligroso: la aceptación de que la legalidad democrática es prescindible cuando estorba a determinados intereses.

La operación en Venezuela no solo afecta a los venezolanos. Afecta al orden internacional, a la credibilidad del derecho internacional y al debate político en España. Celebrarla o justificarla es cruzar una línea que, una vez traspasada, es muy difícil volver a dibujar.